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Miercoles 23 de Febrero del 2005
Documentos del Partido SocialistaDeclaraciones
DECLARACION POLITICA DEL PS SOBRE NARCOTRAFICO
El Partido Socialista denunció,hoy, que el escándalo de drogas en Ezeiza deja en “evidencia un estado de corrupción" y pidió la comparencia del Ministro de Defensa José Pampuro ante el Congreso de la Nación , también criticó la falta de controles por parte del gobierno nacional.
La Mesa Directiva del PS, que conduce Rubén Giustiniani ,firmó una Declaración Política donde los socialistas sostienen que “Los episodios relativos al contrabando de droga ponen en evidencia un estado de corrupción que nuevamente conmociona a nuestra sociedad".
Además denunciaron que este escándalo “salpica y cubre de sospechas a los organismos de seguridad y a la misma fuerza Aérea de la República mostrando una crisis alarmante, en materia de eficiencia y conducta ética de sus integrantes".
“Por otra parte, pareciera que para el gobierno solo importa el déficit en cuestiones de control , pero nada se dice respecto de la procedencia y el destino final de los cargamentos de droga contrabandeados".
Con respecto a las declaraciones que se vienen realizando desde el PEN los integrantes de la Mesa Directiva manifestaron que: “Las actitudes elusivas y las explicaciones poco creíbles de funcionarios del gobierno no alcanzan para esclarecer a una ciudadanía, que exige cada vez más, respuestas concretas para enfrentar la agobiante corrupción que azota al Estado Nacional".
Critican la falta de respuestas por parte del gobierno nacional que no “ha contestado la grave denuncia efectuada en uno de los principales matutinos de nuestro país indicando que por la Aduana de Ezeiza pasan aproximadamente por día treinta mil valijas que no son objeto de control".
“Este cuadro de situación lleva a pensar que la vieja discusión respecto de la existencia de “aduanas paralelas" y la inexistencia o ineficiencia de controles permanentes contribuyen a una realidad que cada vez se hace más evidente".
Finalmente, la Declaración socialista reclama que “ el gobierno y la justicia actúen con la máxima diligencia y seriedad para evitar que se vuelva a ocultar todo este escándalo como en el pasado ocurriera con el caso Etchegoyen".
“El gobierno nacional tiene la obligación constitucional y el deber moral de rendir cuentas frente al Parlamento Nacional de este episodio que trasciende gravemente los límites de nuestras fronteras".
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