Desde el Partido Socialista de Argentina manifestamos nuestro rechazo al reciente anuncio de aumento de tarifas comunicado por el Gobierno Nacional, que serán aplicados a partir de los primeros meses de 2019.

Esta decisión, que implica un nuevo incremento en la luz, gas, agua y transporte, constituye una medida profundamente antisocial, que impacta nuevamente en los sectores de clases trabajadoras, en las medianas y pequeñas empresas, en todos aquellos que lamentablemente sufren a diario las consecuencias de la crisis económica.

Repudiamos la estrategia elegida por el gobierno nacional, de anunciar estos aumentos sobre fin de año, con el vano propósito de amortiguar así el efecto negativo que causará en toda la sociedad. A esto debemos agregarle la quita parcial de subsidios y la devaluación del peso respecto al dólar

De acuerdo a lo anunciado el incremento en el agua, la luz, el gas y el transporte le sumará 5 puntos al índice de precios del primer semestre, proyectándose un aumento de la luz en un 55% hasta agosto, del agua en casi un 50%, del transporte un 40% en los tres primeros meses y del gas un 35% de mínima. Esto significa un promedio del 50% de aumento de servicios públicos.

Lamentamos la falta de criterio y análisis del gobierno nacional que parece no haber considerado las estructuras de costo de las empresas y además el nivel de ganancias extraordinarias y escandalosas que algunas de ellas han tenido en este tiempo.

El Gobierno debe entender que los servicios públicos ameritan un tratamiento particular, que no es la lógica de una empresa comercial cualquiera, sino precisamente la de asegurar un servicio público esencial.

Una de las características de los servicios públicos es la universalidad, lo que significa que éstos deben llegar a todos los habitantes de un país, independientemente de sus niveles de ingresos y si hay sectores sociales que por sus condiciones socio económicas no están en condiciones de pagar el valor de una tarifa plena, es el Estado el que debe subsidiar con políticas públicas derechos fundamentales.

Ante esta situación, solicitamos al Gobierno Nacional el cese de esta política de tarifazos, que solo beneficia a las grandes empresas concesionarias de los servicios públicos, generando un nuevo impacto en el poder adquisitivo y en la calidad de vida de la gente y afectando seriamente la sustentabilidad de las empresas de los sectores productivos y comerciales.