Por: Gabriela Troiano (Diputada Nacional – PS / PBA)

@GabrielaTroiano

El 15 de febrero se debatió y aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de ley que complementa a la ley de Riesgos del Trabajo 24557 con el objetivo explícito de bajar la “litigiosidad” en temas de accidentes y enfermedades laborales.

El macrismo está siendo coherente, defiende los intereses de las empresas y lo único que le importa es bajar los costos laborales. Mientras que el proyecto de ley expediente 2685-D-88, Comité de Salud y medio ambiente de Trabajo presentado por Estévez Boero en 1988,  no tuvo tratamiento en la Cámara y  fue reproducido tanto por el autor y a su fallecimiento, por los diputados del bloque del PS, estando en vigencia actualmente el expediente 1296- D- 2016 presentado por el Diputado Binner.

¿Acaso no bajaría la litigiosidad? si se trabajaría fuertemente en prevención con un rol activo por parte del Estado y con la participación de los trabajadores y empresarios, tanto para mejorar los ámbitos de trabajo, como también en concientizar a los trabajadores que tienen que exigir y a la vez utilizar todos los elementos destinados a su protección en el trabajo y un medio ambiente laboral saludable.

¿Entonces trabajar es un castigo? O debería ser la posibilidad de realización de los hombres y mujeres desarrollando todas sus capacidades a lo largo de su vida activa.

Pero  lo que se pretende es volver a los 90 donde el modelo neoliberal, implantado con el rodrigazo de 1975, profundizado y arraigado durante la última dictadura militar y luego, ya en democracia, de la mano del menemismo, llevado a su máxima expresión, desembocó en la grave crisis social, económica y política del 2001, dando  cuenta de un estrepitoso fracaso.

Pero a pesar de esto, ahora, se quiere volver a retroceder, con una ley que tiene destino de inconstitucionalidad. El nudo del proyecto de ley es la obligación de todo trabajador que tenga un accidente de trabajo o enfermedad laboral a presentar primero su reclamo ante las comisiones médicas con carácter obligatorio. Si su petición es rechazada, o luego de que la empresa apele a la Comisión Médica Central, recién se abre la vía judicial si el trabajador no está de acuerdo con los resultados obtenidos. Esto le va a llevar mucho tiempo, e incluso recursos, por lo cual va a incentivar los desistimientos. Otra cuestión fundamental es la sustracción de los trabajadores de su juez natural (juez de trabajo provincial) en caso de que las provincias adhieran a esta ley (artículo 4).

Además hay un elemento muy importante para aumentar la asimetría que toda relación laboral tiene, las comisiones médicas van a ser financiadas con fondos de las ART, lo que conlleva cierta dosis de parcialidad (artículo 13).

La ley vigente, fue declarada en varios artículos como inconstitucional por varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, en el 2004, no casualmente cuando se cambió su composición. Por eso hoy los trabajadores pueden optar por ir a las Comisiones Médicas o ir directamente a la Justicia, porque saben de antemano que su solicitud va a ser rechazada. Esto es así porque el Poder Ejecutivo hace la lista de enfermedades profesionales y la misma no está actualizada de acuerdo a lo establecido por la OIT, a pesar de que Argentina adhirió en el 2011  a los Convenios 155 y 187 de la OIT.

En concreto no se ataca el problema de fondo que es trabajar por las mejores condiciones de trabajo y por una política de prevención con la participación de los trabajadores, empresarios y el Estado, sino el tema es bajar la cantidad de juicios.

Nuestro bloque no solo vota en contra de este proyecto, sino que no dio quorum y solo bajó al recinto cuando el oficialismo, junto con aliados lo lograron. Dar o no quorum es una herramienta que tienen los bloques legislativos para evitar el tratamiento de proyectos contrarios a los intereses del pueblo, y no es excusa el hecho de que lo trate el pleno del Cuerpo, evitando que prosiga el tratamiento del DNU enviado por el Ejecutivo. Porque digámoslo con todas las letras, la actual coalición de gobierno se la pasó declamando en favor de la institucionalidad, el diálogo e incluso reformar la ley 26122 que regula la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, pero una vez llegado al gobierno, utiliza profusamente tanto los DNU, como los vetos, muchas veces para cambiar acuerdos trabajosamente logrados en el Congreso.

Nuestro partido no tiene dos caras. Desde su nacimiento lucho por los derechos de los trabajadores, y por la construcción de una sociedad solidaria y fraterna.  Las leyes aprobadas por iniciativa de nuestros diputados, a lo largo de nuestra dilatada historia así lo demuestran, empezando por la ley 4461, de descanso dominical en 1905; la 5291 (1907) relativa al trabajo de las mujeres y los niños. Y la ley 9688 sobre accidentes de trabajo (1915) que fuera derogada en 1991, entre otras. Todas ellas iniciativas de Alfredo Palacios, quien investigó profundamente el tema de las condiciones de trabajo lo que se plasmó en la publicación  “La Fatiga y sus proyecciones sociales”.

Hoy la realidad más palpable de lo que puede hacer un gobierno socialista está demostrado en la Provincia de Santa Fe, donde en el 2009, durante la primer gobierno socialista encabezado por Hermes Binner y el ministro de Trabajo Carlos Rodríguez, se sancionó la ley 12913 de Comités Mixtos, integrados por trabajadores, empresarios y el Estado. Trabajando en conjunto para lograr mejores condiciones, ganar conciencia en los trabajadores y además con inspecciones reales en los lugares de trabajo para que se cumplan las leyes vigentes. Con esto se logró bajar los índices de accidentabilidad en un 22% desde su implementación hasta el 2015. Que mejor que trabajar en ese sentido que  poner vallas a los juicios laborales.

Seguiremos presentando proyectos, en defensa de los derechos de los trabajadores, y manteniendo la coherencia, votando y dando pelea por nuestras ideas, sin el pragmatismo que obliga a votar con vergüenza y con silencios. Los dobles mensajes no son el instrumento que permite cambiar la realidad, sino todo lo contrario. El ejemplo del gobierno socialista de Santa Fe así lo demuestra.