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Desde el socialismo reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra las violencias hacia las mujeres

En el marco del “Día Internacional de la No Violencia hacia las mujeres”, declarado  por el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en 1981, desde el Partido Socialista de Argentina reiteramos nuestro compromiso de acción y de lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Remarcamos la necesidad de actuar sobre los distintos tipos de violencias que padecen las mujeres en nuestro país y en el mundo y que se ejercen en los ámbitos doméstico, intrafamiliar, institucional, laboral, político y mediático.

Los femicidios constituyen una de las  principales causas de muerte de mujeres en nuestro país y una problemática que requiere de un abordaje interdisciplinario y de diseño de políticas públicas en todos los niveles del Estado para la prevención y el acompañamiento de las víctimas. Las estadísticas revelan que en Argentina muere una mujer cada 29 horas, sin que la justicia actúe con la celeridad y seriedad que los procesos requieren para investigar y sancionar a los responsables, terminando con un constante mensaje de impunidad. .

La realidad de pandemia por COVId-19 puso en evidencia que los femicidios y la violencia machista se incrementaron, y que no se dieron las respuestas urgentes y necesarias por parte del Estado para acompañar a miles de mujeres que debieron convivir con sus agresores y enfrentarse a un sinnúmero de dificultades al momento de realizar denuncias en el marco de las medidas de aislamiento social obligatorio.

Según datos proporcionados por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» de La Casa del Encuentro, fueron cometidos 265 femicidios en lo que va del año  y  175 femicidios durante los períodos de ASPO y DISPO (entre el 20 de marzo y el 14 de noviembre).

Desde el Partido socialista exigimos a los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal la debida asignación de recursos para la promoción y fortalecimiento de las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia y atención a las mujeres víctimas de violencia. Y solicitamos al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que se activen y profundicen políticas efectivas.

“Prevención” es nuestro pedido concreto, pero para diseñar políticas de prevención es necesario que el Estado produzca información y registros veraces acerca de las violencias de género, indispensables para la elaboración de políticas públicas que se adecúen a la realidad territorial. Por ello solicitamos el tratamiento y aprobación del proyecto de “Ley de Creación del Registro Único de Casos de Violencia de Género”, autoría del Diputado  socialista Enrique Estévez, que se encuentra presentado en Cámara de Diputados de la Nación.

Pedimos la implementación en todos los niveles del Estado de la Ley Micaela. Formación obligatoria en derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y violencia de género, a todos los poderes y asociaciones sociales, gremiales y políticas  pero especialmente a quienes integran el poder judicial garantizando el acceso efectivo y sin revictimización al servicio de justicia, patrocinio gratuito y especializado para las víctimas de violencia.

Hoy es más urgente que nunca la necesidad de discutir la distribución más igualitaria de las tareas de cuidado – aspecto que el contexto de pandemia también reveló y puso fuertemente en la agenda pública- , como eje rector de la vida en comunidad, base de la desigualdad de género que se expresa en otros niveles, lo cual permite el desarrollo profesional, laboral y personal de los hombres en detrimento del de las mujeres. Es tiempo de conseguir visibilizar, democratizar y valorizar el trabajo del cuidado y avanzar en la concretización un marco normativo institucionalizado que equilibre derechos y oportunidades.

Reiteramos  una vez más la lucha por igual remuneración por tarea de igual valor. Una disputa que tiene que ver con los derechos laborales de las mujeres porque a pesar de que las niñas y jóvenes logran cada vez mejores resultados académicos que sus pares varones, tanto en la escuela como en la universidad, esto no se ha traducido en la igualdad de género en el mercado laboral. En nuestro país las mujeres ganan un 27,2% menos que los varones.

Reclamamos por el aborto legal, seguro y gratuito. En Argentina se realizan anualmente 500.000 abortos clandestinos y 49.000 mujeres son hospitalizadas al año por complicaciones relacionadas a prácticas abortivas. Pedimos que el proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo enviado recientemente al Congreso sea tratado junto con el proyecto presentado hace años por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y venga acompañado de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el país.

A 3 años de sancionada la Ley Nacional de Paridad, reafirmamos la necesidad de una composición paritaria en todos los niveles del Estado y de avanzar en todo el territorio nacional y en las provincias en las cuales aún la paridad es materia pendiente. Porque sin mujeres no hay democracia y porque destacamos el rol de activismo, militancia, compromiso y participación que desempeñan las mujeres en la vida institucional y política.

Porque el derecho a una vida libre de violencias se garantiza con un Estado presente y con una acción sostenida, instamos a redoblar la tarea que posibilite avanzar en estas demandas que marcan el sentido de las luchas y conquistas del movimiento de mujeres en Argentina y el mundo.