La Diputada Nacional Gabriela Troiano, Vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, expresó su profunda preocupación por las consecuencias de la aplicación del Decreto 698/2017 que crea la Agencia Nacional de Discapacidad en la órbita de la Presidencia de la Nación, suprimiendo la CONADIS y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

Si bien el Decreto en el artículo 8° establece que el personal “involucrado” mantendrá sus actuales niveles y grados de revista, provoca una gran incertidumbre en el caso de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dado que existen múltiples agencias en todos las provincias del país. Muchos de los trabajadores de la Comisión suprimida tienen contratos precarios que deben ser renovados a fin de año, siendo que no hay certeza de que la Agencia se encuentre funcionando para entonces y que las funciones tanto de la CONADIS como de la Comisión Nacional de Pensiones las absorben los Servicios Financieros y el Servicio Jurídico permanente de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación.

Lo más probable es que esos contratos se venzan antes de que la Agencia entre en funcionamiento poniendo en riesgo los puestos de trabajo de muchas personas que atienden a personas con discapacidad y a beneficiarios de pensiones no contributivas.

Por otro lado surge también incertidumbre en aquellas personas que no siendo personas con discapacidad –como las madres de 7 hijos o personas que padecen enfermedades que les impiden trabajar pero que no son candidatos para obtener un certificado de discapacidad. ¿Con qué criterio quedan supeditadas a la Agencia Nacional de Discapacidad, si no son personas con discapacidad?

Lo más grave de este Decreto que sale luego de la baja masiva de las pensiones no contributivas y tiende al recorte, es que confunde la indigencia con la discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a que el Estado utilice el máximo de los recursos disponibles para llevar una vida digna y está ya incorporado a la constitución. Es inconstitucional el criterio de otorgar una pensión a una persona con discapacidad sólo si es indigente.

Por otra parte quedan fuera de toda cobertura aquellas personas como son los enfermos oncológicos, los que padecen mal de Chagas, por nombrar algunos que no tienen certificados de discapacidad pero no están en condiciones de trabajar y si es la Agencia Nacional de Discapacidad quien va a decidir sobre la pensión, al no ser consideradas personas con discapacidad, se las van a negar como está ocurriendo ahora, dejándolas además sin cobertura médica.

El Gobierno está dando pasos hacia atrás en la protección de los derechos de los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y sólo un 12% se considera que va a acudir a la justicia para reclamar lo que le corresponde, mientras que el resto deberá esperar 2 años a que le den la pensión o continuará en la absoluta indigencia sin recibir siquiera los tratamientos médicos más básicos a que tienen derecho según la propia Constitución Nacional lo establece.