El Partido Socialista expresa su preocupación ante la aprobación del Gobierno Nacional al Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de las policías y fuerzas de seguridad.

Frente al crítico contexto social argentino deben primar políticas públicas que garanticen derechos, no poner en práctica un Reglamento que avala el gatillo fácil y generar más violencia. Son los jueces quienes determinan los límites del uso de la fuerza, sobre la base de la Constitución Nacional y la normativa internacional vigente.

Lejos de facilitar el trabajo y mejorar la imagen policial, este tipo de medidas alejan a las instituciones de la seguridad de su función de protección social. La legitimidad policial descansa exclusivamente en el cumplimiento de lo establecido en la ley y específicamente, en las normas que regulan su función.

En materia de seguridad debemos ser responsables y prudentes y no ceder a recetas demagógicas. Urge repensar la cuestión policial a la luz de las transformaciones sociales que se dieron en los últimos años y construir nuevos mecanismos de gestión pública y control de los valores democráticos y respeto por los derechos humanos.