Desde el socialismo consideramos que el anteproyecto de Reforma laboral que quiere aplicar el Gobierno Nacional dista de ser una verdadera transformación favorable a los trabajadores de nuestro país y se enmarca en un grave retroceso para las conquistas y derechos adquiridos históricos.

¿Cuáles son los ejes centrales?
Parte de una modificación de raíz que desnaturaliza la concepción originaria de trabajo. Iguala al mismo nivel el rol del trabajador con el empleador. Instala la idea de “cooperación” de partes, una relación entre “iguales” y sin contradicciones que debe estar desregularizada o, mejor dicho: flexibilizada.

El objetivo ideológico de la norma se devela cuando se cita textual la idea de “Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios”. Una frase que remite en forma inmediata a Martinez de Hoz, al inaugurar su ciclo como ministro que apuntaba contra el rol del Estado en la economía.

Las concesiones a favor de los empresarios se potencian en el ítem de blanqueo (regulación del empleo no registrado). Se extingue la acción penal, se libera de las infracciones, multas y sanciones, se condonada la deuda por capital e intereses por falta de pago de aportes y contribuciones y se amplia el plazo de regulación de las relaciones laborales.

A su vez, son muy peligrosas las modificaciones a los contratos de trabajo. Pone en jaque el principio de irrenunciabilidad en los contratos individuales. Está acción deja el camino allanado al empleador de modificar y restringir derechos adquiridos del trabajador.

También otorga libertad para la terciarización. Borra la figura de responsabilidad solidaria. Excluye sin miramientos a los trabajadores de limpieza, seguridad, mantenimiento de inmuebles, higiene, entre otros, la posibilidad de reclamar solidariamente el cumplimiento de las normas relativas de trabajo y los organismos de seguridad social. De por sí, estos trabajadores están en situación de tercerización a lo que se le agrega mayor precarización de sus contrataciones y se potencia la vulneración a sus derechos por no poder reclamar.

Asimismo, instaura un sistema polémico de banco de horas que determina que quienes trabajan más tiempo de la jornada normal podrán “compensar” esas horas y trabajar menos horas en otra jornada ordinaria. El valor de las horas extras se pagará como hora normal.

Las indemnizaciones también sufren un grave retroceso. De ahora en más, en caso de ser despedido se excluyen de la base de cálculo de las indemnizaciones: el SAC, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, y todo rubro que no sea mensual, normal y habitual.

A su vez, el anteproyecto establece la creación de un “Fondo de Cese Laboral Sectorial por actividad”. Este fondo estará integrado por aportes laborales con el “objeto de asumir la cobertura de materia de preaviso y despido”. Esto substituye al empleador de tales responsabilidades. A su vez que los empleadores pagan una cuota mensual al “Instituto administrador del fondo de cese laboral”. Cuando el empleador despida este “Instituto” le pagará al empleado. Así los empleadores de una cámara podrán definir cuándo encarar despidos masivos y atacar a los trabajadores cubriendo “gastos” con tal fondo.

Al mismo tiempo instaura la creación de un documento de identidad ocupacional cuyo contenido contendrá el historial de los “Itinerarios laborales a lo largo de su vida”. Este capítulo va de la mano con la adaptación a las nuevas reglas sistémicas y la influencia de la tecnología como motor de los cambios productivos. El problema que la capacitación resulta ser una agenda/documento que persigue al trabajador, en vez de potenciar y allanar posibilidades de obtener trabajo y ascenso social.

Por otra parte, la norma otorga al Ministerio de trabajo que proceda a la “actualización del Registro Nacional de Asociaciones Sindicales que funciona en su ámbito”. Aquí se ve el mensaje del Gobierno Nacional de atacar a los sindicatos y reducir las asociaciones sindicales. La intención del Gobierno Nacional es reducir entre 250 y 500 gremios sobre un total de más 3000 que existen en el país.

Queda claro que estamos ante una reforma que poco tiene de tal, articulando en función y a favor de las exigencias del sector empresarial y en detrimento de los trabajadores y de los sindicatos. Un retroceso que hace rememorar a características intrínsecas de la década del 90 y a las actuales recetas de los organismos internacionales que exigen “austeridad” para sofocar a los países emergentes de otorgar derechos a sus ciudadanos e instalar un clima sombrío en el plano laboral.