drFE6qE1Por: Marcelo Haddad (Presidente del Partido Socialista de Entre Ríos)

@HaddadMarcelo

 

Según datos oficiales, en Entre Ríos hay 1.752 personas privadas de libertad, entre condenados y procesados. Esta cantidad está por encima de la capacidad edilicia actual del sistema penitenciario. La estadística muestra que en los últimos cinco años se ha duplicado el número de reclusos que en el año 2011 alcanzaba los 746 internos.
A principios de enero, el Director General del Servicio penitenciario, José Luis Mondragón, señaló que “hemos tenido que alojar internos en lugares donde antes funcionaban oficinas”.
Esto sería sólo un dato estadístico, pero si se le agregan algunos números de la educación en nuestra provincia la relación inversa llama la atención.
Del entrecruzamiento de datos estadísticos de la Dirección Nacional de Información y Evolución de la Calidad Educativa emerge con contundencia un dato: cae el número de alumnos en el nivel primario entrerriano. Mientras en el año 2004 había 156.423 estudiantes primarios, en 2.013 esa cifra es de 147.063. La conclusión es bien clara y contundente: Las escuelas de nivel primario de la provincia de Entre Ríos tienen 9.360 alumnos menos que hace 10 años atrás.
Este informe tan ilustrativo que apareciera hace algún tiempo de la mano del periodista entrerriano Osvaldo Bodean muestra la sensible caída en el número de alumnos, según los informes oficiales del período 2.004 hasta el 2.013, en el período que algunos han decidido llamar como la “década ganada”.
Asistimos hoy a lo que parece ser una tendencia a la hora de analizar los temas que más preocupan a la sociedad. Una intención deliberada en desvincular las cuestiones sociales de lo penal o relacionado con el delito.
En este sentido, en la agenda de los gobiernos nacionales y provinciales aparecen la inseguridad como tema central y la discusión sobre baja de edad de imputabilidad como posible solución, a pesar de que medidas similares no dieron resultados positivos.
No se ve en la agenda de los medios y de los gobiernos, una intención clara de aplicar políticas de Estado tendientes a brindar un abordaje interdisciplinario, con un rol más protagónico de la educación, en la búsqueda de inclusión y justicia.
Sin educación no será posible una sociedad integrada, diversa y afianzada en valores de la tolerancia, el respeto y la solidaridad.
La desigualdad, que se traduce en económica, educativa, sanitaria, y en el acceso a la Justicia, es la cuestión de fondo que debería estar en el primer renglón de las agendas gubernamentales.