El anuncio del Presidente de la Nación que avala a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior quiebra el acuerdo interpartidario más importante conseguido en democracia. El mismo se encuentra sostenido en tres leyes fundamentales: Defensa Nacional de 1988, Seguridad Interior de 1991 y de Inteligencia Nacional de 2001 y el decreto reglamentario 727/06.

35 años de presidencias de distinto signo formaron y continuaron con una política de separación de las Fuerzas Armadas de la seguridad interior. Con esta decisión, Macri está terminando con uno de los pocos grandes acuerdos que se sostuvieron en el tiempo en nuestro país.

Hasta hoy las F.F.A.A solo tenían intervención frente a agresiones externas. Sin embargo, esto se verá alterado mediante un DNU firmado por el propio Macri que extenderá su radio de acción y delimitaciones.

Una decisión de estas características amerita como mínimo el debate y el consenso en el Congreso de la Nación. Nuevamente vemos con preocupación que el diálogo y el republicanismo solo aparezcan en declaraciones, pero no en las prácticas concretas.

Pero más allá de las formas, no concordamos con el fondo de lo que está en debate: la pretensión de afectar a las fuerzas a la lucha contra el narcotráfico ha sido inspirado en el modelo mexicano modelo que ha fracasado de punta a punta. Es más, el flamante Presidente López Obrador anunció que los militares no participarán más en tareas de seguridad interior, evidenciando el fracaso de esta política.

A su vez, la protección de “objetivos estratégicos” del Estado Nacional pone el foco en la defensa de activos extranjeros, abriendo la posibilidad de reprimir ante una creciente conflictividad social.

Es fundamental que el sistema político en su conjunto reafirme su compromiso institucional con la democracia, cuidando los pilares que enmarcaron el acuerdo republicano de 35 años con el principio de demarcación, de respetar el marco legal vigente y el control civil de las Fuerzas Armadas.

Invitamos al Gobierno Nacional a respetar la independencia de poderes y ponderar que este tema es de extrema importancia para nuestro Estado de derecho y por ello debe ser discutido en el Congreso, con especialistas en Seguridad y Defensa y con Organismos de Derechos Humanos.