A pocos días de la votación crucial por la aprobación del Proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, compartimos las intervenciones de nuestras tres representantes del colectivo de mujeres socialistas que se manifestaron a favor en las distintas jornadas de debate que se dieron en el Congreso de la Nación.

MARÍA ELENA BARBAGELATA

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 12 DE ABRIL DE 2018

“Penar la interrupción voluntaria del embarazo implica considerar que la mujer no es un sujeto de derecho sino una cosa”.

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La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) vulnera los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad, a la salud y a atención médica adecuada, a la vida, a la libertad y dignidad, a la privacidad, a la autodeterminación, a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos, a la libertad de conciencia y religión y a verse libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Tanto el Comité de Derechos Humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW) desde 1996 han recomendado que se revise la legislación criminalizadora del aborto para evitar muertes de mujeres o daños permanentes en su salud.

Penar la IVE implica considerar que la mujer no es un sujeto de derecho sino una cosa. Que no puede decidir sobre su cuerpo, no tiene libertad ni dignidad como ser humano que merezca el respeto a su capacidad de decisión  sobre su salud, su maternidad, sus proyectos y planes de vida y su privacidad.

Decidir libremente el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos es un derecho reconocido como parte de los derechos humanos, hace ya más de 20 años, como derecho a la autonomía reproductiva y está explícitamente reconocido en el art. 16 de la CEDAW

Al penalizar la IVE se viola también el derecho a la intimidad que incluye el derecho de toda mujer a decidir libremente y sin interferencias sobre sus funciones reproductivas.

Penar no previene la interrupción del embarazo cuyo número se estima alcanza los 500.000 por año (CEPAL) y no se reduce por la supuesta amenaza penal. Por el contrario, los países donde se permite la interrupción del embarazo con mayor amplitud y flexibilidad, los abortos son numéricamente más reducidos.

Criminalizar la IVE con penas privativas de la libertad hasta cuatro años como hoy rige, pone de manifiesto que tampoco se cumple con la finalidad de la pena, cuyo objetivo es la resocialización de quien es sancionado, tal como afirma nuestra Constitución Nacional y los Convenios de DDHH. Solo sirve como castigo y genera un trato cruel hacia las mujeres.

Existen disponibles otros recursos más idóneos para evitar los abortos: medidas de seguridad social y de salud sexual y reproductiva, incluyendo educación sexual.

Es inaplicable en la práctica y opera tan selectivamente que sólo persigue a las mujeres más vulnerables. La figura penal opera como una amenaza que termina fortaleciendo el circuito económico de las prácticas clandestinas de salud y de la comercialización irregular y monopólica de los medicamentos como sucede con el misoprostol y otras drogas, con el riesgo de que quien no puede pagar, termine en el aborto inseguro con riesgo de vida.

El derecho a la vida de la mujer supone el derecho a no morir por razones evitables relacionadas con el embarazo.

Por último, quiero decir que nadie está a favor del aborto, pero queremos discutir otras soluciones. Estamos propiciando un debate en serio que encauce la cuestión fuera del derecho penal y dentro del derecho a la salud con un enfoque de los derechos humanos con perspectiva de género.

La ley vigente es de hace casi 100 años -1921- cuando la mujer no tenía voz ni voto, era considerada por el derecho como una incapaz. Se han producido avances fundamentales desde aquella época. Se han reconocido los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos contenidos en las Convenciones. Se debe aplicar una interpretación evolutiva que marque un rumbo de avance para asegurar el ejercicio efectivo y el respeto de esos derechos. Celebramos que el debate no quede reducido al marco estrecho del derecho penal, una de las ramas más impermeables a la perspectiva de género y al cambio de los estereotipos discriminatorios.

Estoy convencida que este Parlamento estará a la altura del desafío que impone el art. 3 de la CEDAW que exige a los Estados la modificación de la legislación para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Ya no es una opción; es una obligación.

SILVIA AUGSBURGER

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 24 DE ABRIL DE 2018
“El proyecto del aborto legal, seguro y gratuito es una asignatura pendiente de la democracia”

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Como la mayoría de ustedes saben, desde el comienzo de la democracia ha habido cantidad de organizaciones sociales y de mujeres que han luchado para legalizar la práctica del aborto en Argentina. Ha habido también proyectos presentados en esta Cámara que nunca fueron debatidos, por eso decimos que esta ley es una gran asignatura pendiente de la democracia.

En el año 2005 organizaciones de todo el país, que hoy somos más de 300, nos unimos y conformamos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y elaboramos colectivamente nuestra propia iniciativa.

Así, como Diputada Nacional, tuve la enorme responsabilidad en mayo del año 2008 de presentar por primera vez nuestro proyecto de ley para legalizar el aborto, que  habíamos redactado y presentado un año antes en 2007 por mesa de entrada.

Durante la década que ha transcurrido desde aquella primera vez hasta hoy, hemos sostenido los mismos argumentos, para explicar públicamente las razones por las cuales entendemos la urgencia, la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto. Los mismos argumentos que ustedes han escuchado y escucharán durante el transcurso de este debate.

Que sabemos que prohibir el aborto no es impedirlo sino condenar a muerte a las mujeres que no pueden pagarlo; que sabemos que en los países en donde se permite la interrupción del embarazo con mayor amplitud y flexibilidad, los abortos son numéricamente más reducidos; que penar conduce a aumentar los abortos inseguros y la mortalidad de mujeres gestantes, aún en los casos admitidos por el Código Penal, porque los prejuicios y la discriminación hacia las mujeres pobres las llevan a la cárcel, como a Belén en Tucumán, o a la muerte, como Ana María Acevedo.

Para las mujeres la prohibición del aborto ha sido y es la angustia más permanente a la que nos somete la sociedad patriarcal. El saber que corremos el riesgo de quedar embarazadas sin quererlo, sin buscarlo, sin desearlo y que no se admite que rechacemos ese embarazo que no podemos asumir como maternidad. Porque solo el deseo nos hace madres y porque no hay pena, ni castigo, ni prohibición, ni aún la posibilidad de la muerte, que nos pueda disuadir de abortar, si no podemos o no queremos continuar con un embarazo.

Hoy se abre este debate histórico porque los argumentos que hemos sustentado durante tantos años hoy son la cima de una montaña inmensa que se agranda cada vez más con el debate.
Una montaña constituida por el enorme consenso social que ha alcanzado la necesidad, la urgencia de legalizar el aborto, y que se manifiesta en las calles colmadas de mujeres muy jóvenes, nacidas en democracia portando sus pañuelos verdes, color de la vida y la esperanza. Mujeres jóvenes que quieren tomar decisiones libres, en condiciones de igualdad y seguras sobre su vida sexual y reproductiva.

Desde aquel mayo de 2008 en que presentamos por primera vez el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, hasta hoy, lo que ha cambiado radicalmente es la conciencia social acerca de la necesidad de legalizar el aborto. Ese es el cambio, es la fuerza social que empuja en la calle, en los debates de las familias en las mesas de los domingos, en las expresiones de adhesión desde distintos ámbitos que se multiplican con el transcurrir del debate: artistas, escritoras, colegios profesionales, gremios. Una conciencia social construida con tesón, con convicción, con compromiso a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país.

Señoras y señores diputados: como dice la canción más escuchada por estos días “ahora que somos muchas, ahora que si nos ven”. Ahora se abrió el debate porque las reivindicaciones de las mujeres por un mundo más justo y más igualitario son hoy banderas sociales, instaladas definitivamente en la agenda pública. Hoy la sociedad toda los y las está mirando. Las y los interpela. Espera, impaciente, el sentido de vuestro voto. La historia argentina los y las ha puesto en un lugar relevante, irrepetible. Y son ustedes quienes tienen la posibilidad de elegir de qué lado van a situarse: si van a empujar la rueda del avance social hacia un mundo más justo, más humano, más igualitario o si van a permanecer en la vereda, cada vez más angosta, de quienes resisten las grandes transformaciones sociales.

Tengo la convicción de que esta vez ha llegado una nueva hora. Las miles de mujeres jóvenes y no tan jóvenes que nos manifestamos en las calles cada 8 de marzo, cada 25 de Noviembre, en cada Encuentro Nacional de Mujeres, en cada martes verde, somos tributarias de la lucha histórica de las feministas que desde principios del siglo XX, de generación en generación, venimos dando batalla por una sociedad de iguales.

Las multitudinarias movilizaciones producidas en nuestro país el 3 de junio de 2015, nos mostraron una sociedad harta y asqueada de la violencia sexista, una sociedad decidida a decir basta al grito  de NiUnaMenos. Y ahora ese grito ha mutado a una marea verde imparable que exige al parlamento nacional eliminar el último bastión formal de resistencia que sostiene a las mujeres como ciudadanas de segunda.

 

JULIA MARTINO

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 18 DE JULIO DE 2018
“Queremos la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sin modificaciones en el Senado”

 

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Vengo por un movimiento político que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito que se inicia en 2005. Somos mujeres de organizaciones feministas, sociales, sindicales, políticas, cooperativas y culturales y de casi todas las provincias.

Acordamos el símbolo del pañuelo, la consigna y los fundamentos básicos del derecho al aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social o igualdad, de defensa de los derechos humanos y de democracia.

Nos propusimos llevar el derecho al aborto del feminismo hacia la sociedad. Sabiendo la complejidad del tema ya que estamos incluyendo algo que se supone parte de la privacidad en la agenda pública y de la política y además porque cuestionamos la sexualidad sólo para la reproducción, cuestionamos la maternidad como un destino ineludible para las mujeres y es a lo que estamos obligadas por ley ya que ante un embarazo no deseado, si no estamos dentro de las causales permitidas, estamos obligadas a continuarlo. No podemos decidir sobre nuestra vida.

Para ello realizamos múltiples acciones a lo largo y ancho del país buscando que el tema deje de ser un tabú y pueda hablarse. Creemos que hemos logrado lo que llamamos la despenalización social del aborto. Ahora sí se habla del tema en todos lados, la familia el trabajo el sindicato, la escuela. Y la juventud y la adolescencia lo han tomado como una de sus reivindicaciones principales.

Elaboramos un proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación y que venimos presentado en la Cámara de Diputados desde el año 2007. Tiene la potencia de la construcción colectiva y de la pluralidad de los apoyos. El 6 de marzo lo presentamos por séptima vez con la firma de 72 diputadas y diputados de todos los bloques políticos.

Creemos que gracias al crecimiento que ha tenido en nuestra sociedad el movimiento de mujeres, lesbianas y trans, expresado en los multitudinarios Encuentros Nacionales de Mujeres, 32, y en las marchas de NiUnaMenos, contexto dentro del cual se inscribe la Campaña, es que hemos logrado generar esta demanda en la sociedad y al fin la política está dando una respuesta a esa demanda tratando el proyecto de ley IVE.

La media sanción resultante, creemos que da una respuesta razonable y completa al grave problema de salud pública que significan los abortos inseguros y clandestinos y respeta a las mujeres y personas gestantes considerándolas sujetos morales capaces de decidir consciente y responsablemente si quieren tener hijos o no, cuando y con quién tenerlos, en definitiva capaces de diseñar su proyecto de vida. El apoyo a esa media sanción es lo que venimos a pedirles.

Además, la media sanción contiene las políticas preventivas de educación sexual integral y de salud sexual y reproductiva con lo que acordamos totalmente porque coincide con el planteo integral que realizamos desde la Campaña, expresado en nuestro lema: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Son estas 3 políticas públicas juntas las que garantizan el goce de los derechos sexuales y reproductivos, las que protegen la salud y la vida y las que han demostrado que disminuyen el número de abortos, disminuyen las muertes y enfermedades producto del aborto inseguro. Establece además una bicameral de seguimiento que nos parece trascendente dado que hablamos de leyes que tienen 12 años y 15 años de sancionadas y aún no se logra su cumplimiento efectivo.

Queremos aclarar, ante las propuestas que sólo admiten la despenalización que NO resuelve el problema y resulta una discriminación social enorme y cristaliza la desigualdad y la pobreza dejando a las mujeres libradas a su suerte, a sus recursos económicos, de oportunidades, de educación. No cambia nada, no resuelve el problema de salud pues las mujeres tendrán que seguir recurriendo al aborto inseguro.

Ante otras propuestas de modificación que creemos son bienintencionadas, decimos que como toda ley siempre es perfectible, que algunas cosas se podrán mejorar con la reglamentación, pero que modificarlas ahora en el contexto actual resultaría un obstáculo y pondría otra vez los derechos de las mujeres y personas gestantes como pieza de negociación y de especulaciones sobre quién paga el costo políticos de qué cosa y los derechos de las personas pasan a segundo plano. Implica dilatar la consagración de un derecho que creemos urgente.

¡Por eso queremos la aprobación de la media sanción sin modificaciones! Así lo demanda una sociedad que ya lleva el verde como bandera, que nos movilizó en las calles, en las plazas, en las escuelas o lugares de trabajo, en los teatros, en los medios, en las redes y en el Congreso y en la vigilia de un millón de personas el 13 y 14 de junio, que fue una condición necesaria para lograr la aprobación en Diputados. ¡El 8 de agosto seremos muchas más!

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito seguimos haciendo historia; por eso, escuchemos a nuestro pueblo y a nuestras mujeres. Que el derecho al aborto, ¡sea ley!