Aprobado en el “Congreso de Unidad” Realizado el 14 de septiembre de 2002.
Buenos Aires – Argentina.

Comisión de Programa para la Unificación del Socialismo.

Integrantes: Mónica Fein, Alejandro Rofman, Alfredo Lazzeretti, Jorge Tula, Felipe Fridman, Carlos Fidel, Enrique Oteiza, Pablo Bonazzola, Rodolfo Mangas.

CONTENIDO

I. DECLARACIÓN DE ROSARIO.
II. INTRODUCCIÓN.
III. LOS VALORES DEL SOCIALISMO.
III. UNA SOCIEDAD LIBRE, IGUALITARIA Y SOLIDARIA.

– La defensa irrestricta y universal de los derechos ciudadanos.

– La equidad de género.

– La eliminación de todo tipo de discriminación.

– La vigencia efectiva de los derechos de la infancia.

– La participación protagónica de la juventud.

– La protección integral de las personas mayores.

– El derecho de todos al trabajo.

– La inclusión e integración de los más postergados mediante políticas sociales de carácter universal.

– Salud para todos.

– La educación pública, universal, obligatoria, laica y gratuita.

– Vivienda digna y hábitat adecuado.

– La integración de las personas con necesidades especiales.

– La democratización de la cultura.

– El derecho a la ciudad.

– La preservación del medio ambiente.

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IV. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA

Democracia política y social.

Democracia económica.

Un Estado eficiente, transparente, participativo y solidario.

Sistema electoral y de partidos políticos.

Autonomía municipal.

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V. DESARROLLO CON EQUIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

La refundación del Estado.

Un nuevo modelo de desarrollo.

La economía social.

Sistema bancario y financiero.

Economías regionales.

La reforma urbana.

Ciencia e investigación.

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VI. INTEGRACIÓN EN EL MERCOSUR, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PAZ MUNDIAL

La paz mundial.

La Integración regional y el Mercosur. Respuesta a la globalización.

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QUIENES SOMOS, POR QUÉ LUCHAMOS

I. DECLARACIÓN DE ROSARIO

Los socialistas de Argentina nos unimos en momentos en que el país atraviesa una crisis inédita, signada por el desmoronamiento de un régimen político, económico y social moldeado por la última dictadura, el endeudamiento externo fraudulento, la hiperinflación, los golpes de mercado, la desarticulación del Estado, la privatización del patrimonio público, la concentración económica y la hipertrofia de un sistema financiero ajeno a las necesidades del país y sus vaivenes institucionales.

En ese contexto, el sistema político e institucional padece una grave crisis de credibilidad y legitimidad, a la que no es ajeno prácticamente ninguno de sus actores. Y aunque ese descrédito es amplificado por los medios de comunicación adictos al establishment y ciertos guetos fascistas, lo cierto es que el pueblo en su conjunto ha puesto en tela de juicio al sistema institucional. Esa crisis no puede entenderse sin aludir a la actitud cómplice de los grandes actores políticos, a la desvergonzada connivencia entre éstos y un poder económico habituado a las prácticas mafiosas, al riesgo cero y a las ganancias ilimitadas de unos pocos a expensas de las grandes mayorías; a la impunidad de los genocidas y de los grandes delitos políticos y económicos; a la feroz corrupción de muchos estamentos del poder; a una Corte Suprema de Justicia abyecta y a la incapacidad del sistema político para construir un espacio de autonomía, decisión y soberanía colectivas frente a la prepotencia del establishment.

El hartazgo popular, que ya se había expresado en las elecciones del 14 de octubre y se viene manifestando de múltiples formas, no apunta sólo contra un puñado de personajes, por más emblemáticos que éstos sean. Para una significativa mayoría, la propia actividad política se ha convertido en sinónimo de corrupción, mientras su incapacidad para trasformar la vida cotidiana de las personas ha hecho perder todo vestigio de legitimidad.

Es que, por acción u omisión, el sistema político ha prestado su aquiescencia a la implantación de un régimen que condena a la inmensa mayoría de los argentinos al desempleo, a la precariedad laboral, a la miseria, a la brutal degradación de sus condiciones de existencia, a la inseguridad en todas sus manifestaciones, al desamparo, a la privación de sus derechos civiles, sociales y laborales.

La indignación tiene, entonces, raíces profundas. Y, cada vez más, para desesperación del establishment, se dirige contra el modelo que nació en 1976 con la dictadura sanguinaria, asistió a su dramática expansión bajo la oprobiosa década menemista y se profundizó bajo el gobierno de Fernando de La Rúa. Es precisamente la continuidad de ese régimen la que está en la base del enorme descrédito que exhiben hoy las instituciones republicanas.

Sin embargo, y con el apoyo de la potencia hegemónica, el poder económico -conformado por los acreedores externos, los organismos multilaterales que les responden y los grupos más concentrados, asociados al sector financiero y los consorcios emergentes de la privatización de los activos públicos- sigue demandando que se profundicen la desarticulación del Estado y las condiciones de explotación que padecen los trabajadores, que se rebajen las exiguas cargas impositivas que pesan sobre el capital, que sigan licuándose las deudas empresarias a costa del conjunto de la sociedad, y aun que se garantice la impunidad de los delincuentes económicos ligados al establishment.

La situación descripta nos coloca ante un crucial desafío político, que es necesario enfrentar con decisión, audacia, responsabilidad y compromiso. Por ello, los socialistas de Argentina hemos decidido dejar atrás décadas de estériles desencuentros, fragmentaciones y divisiones, para acometer la enorme y trascendente tarea de reconstruir una herramienta política común para todos los socialistas.

A 106 años de distancia de aquel Congreso constituyente donde nacía la primera organización política moderna de la Argentina, decidida a representar a la nueva clase que emergía de las entrañas del sistema capitalista, a preparar su emancipación del yugo explotador y a fundar un nuevo orden económico y social, este Partido Socialista viene a recuperar lo mejor de nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, a responder al surgimiento de nuevas demandas y nuevos actores sociales con un programa renovado y una acción consecuente capaces de impulsar la profunda transformación que el país necesita.

Hoy más que nunca, frente a la gravedad de la crisis política, económica y social, y a las presuntas opciones que, dictadas bajo la hegemonía del pensamiento único, no pueden conducir sino a profundizarla, la alternativa del socialismo adquiere una renovada significación para los trabajadores, los explotados, los marginados y los excluidos, en fin, para quienes aspiran a una sociedad más libre, más justa, más solidaria y más democrática.

Por eso, la construcción de una herramienta política unitaria, de enorme potencialidad política y social, es para nosotros una decisión estratégica.

Mientras el poder económico discute quien encarnará el proyecto político retardatario de la vieja derecha, los socialistas, junto al conjunto de la izquierda democrática y a los demás sectores progresistas comprometidos con un proyecto de transformación profunda de la sociedad, debemos también prepararnos para lo que será una confrontación decisiva por el futuro de la Argentina.

Frente a la alianza de los herederos de la dictadura, los personeros del modelo neoliberal y de rapiña hoy vigente y los representantes de una cultura política agotada y cómplice, debemos ser capaces de congregar a las fuerzas más avanzadas y dinámicas de la política, la economía y la sociedad para ser protagonistas de la construcción de otro modelo de país.

Los socialistas hemos venido denunciando tenazmente las claudicaciones que nos llevaron al actual estado de cosas, proponiendo alternativas y abriendo cauces, para que las coincidencias con un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales conformen el sustrato de una gran coalición de izquierda democrática, que hoy se expresa en las calles, en las asambleas populares, en las luchas heroicas del pueblo argentino, pero que aún no tiene vertebración orgánica.

Un Partido Socialista único, fuerte, avanzado, popular y democrático, como el que hoy refundamos, está en condiciones de convertirse en la avanzada de esa gran coalición, para transformarla en una herramienta capaz de encarnar una alternativa de poder y llevar adelante el cambio que la sociedad argentina nos está demandando.

Ese cambio sólo será posible en el contexto de una integración más activa y comprometida de los pueblos latinoamericanos. Y, en esa tarea, una convergencia de las fuerzas progresistas de la región sustentada en la más genuina vocación internacionalista y la constitución de una fuerza socialista del MERCOSUR están llamadas a convertirse en una poderosa palanca de renovación política, progreso económico y social, e identidad cultural.

Por ello, tomamos hoy la decisión de construir un único Partido Socialista, sobre la base de los partidos Socialista Democrático y Socialista Popular.

Y convocamos al resto de las fuerzas y agrupaciones socialistas hoy existentes, así como a los millares de argentinos que aún permanecen fuera de las estructuras vigentes pero que comparten nuestro ideario, a emprender el renovado y trascendente desafío de reconstruir el partido único de todos los socialistas y avanzar así en la construcción de una sociedad más libre, más democrática, más justa y más solidaria: la sociedad socialista.

II. INTRODUCCIÓN

Los argentinos ingresamos al nuevo siglo con el peso de una crisis que no tiene antecedentes en nuestra corta historia. El país que muchos de nosotros conocimos, y que se distinguía por una educación pública que nos preparó para ser ciudadanos, que construyó un estado social que a pesar de sus déficits promovió nuevos derechos, que logró ser el más igualitario de esta parte del mundo, que generó una gran movilidad social, que esbozó un proyecto nacional con fuerte énfasis en una industrialización sobre crecientes bases tecnológicas propias, que alcanzó el pleno empleo y que fue capaz de iniciar un proceso de desarrollo, pues bien, ese país no existe más.

Al interior de esta historia el Partido Socialista ocupó un papel claramente positivo en la primera mitad del siglo. El Partido Socialista contribuyó y mucho en las luchas sociales y políticas desde fines del siglo XIX, siendo un gran impulsor de las reivindicaciones a favor de la justicia social y en particular, la legislación laboral. También dejó su marca en movimientos como el de la Reforma Universitaria del ’18, el cooperativismo y el mutualismo, la defensa de la democracia política y social, y las luchas en defensa de los derechos humanos. Sin embargo su influencia y su perfil se fueron desdibujando a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Desde la década del ’50 divisiones estériles contribuyeron fuertemente a que el socialismo no tuviera la fuerza suficiente como para abrir reales alternativas al marcado deterioro que la sociedad fue experimentando en forma creciente desde entonces.

Todos aquellos logros, que fueron la consecuencia de largos años de lucha de nuestro pueblo, comenzaron a ser destruidos durante la dictadura militar de 1976 y se terminaron de abandonar debido a una despiadada política ejecutada por el presidente Menem. Con una intensidad desconocida en otros lados, se inició un proceso salvaje que arrasó con los cimientos en los que se asentó la Argentina moderna.

En este escenario, los grandes partidos han terminado de poner en evidencia las irreversibles limitaciones de sus cuadros dirigentes. Los primeros intentos de conformar nuevas alianzas políticas para generar alternativas progresistas frente al neoliberalismo conservador dominante, también mostraron las limitaciones en la cultura política de dirigencias provenientes de distintas experiencias históricas.

El nuevo siglo nos coloca entonces ante un gran desafío: reconstruir el país. Pero reconstruirlo sobre nuevas bases de equidad, solidaridad, justicia social y eliminación de toda forma de explotación social. En ese cometido, es notorio que deberá replantearse a fondo, el sistema económico-social que nutre los fundamentos de las actuales carencias, privaciones e injusticias que agobian a la mayoría de la sociedad argentina. Se trata del sistema capitalista salvaje, que en su derrotero del último cuarto de siglo ha destruido las bases de la convivencia social a partir de la entronización de un modelo sostenido por una única meta: valorizar el capital financiero especulativo y agredir a la producción, al salario, al empleo y a las conquistas sociales fundamentales de los trabajadores.

Para avanzar en otra dirección, contrapuesta a la que nos ha llevado a esta gravísima tragedia económico, social y política, es preciso construir un nuevo rumbo, a partir del diseño de un Proyecto Nacional, con la voluntad de la mayoría de la población argentina, hoy excluida y acorralada en la miseria, el desempleo y la ausencia de una auténtica democracia participativa.

Con este proyecto de nuevo país, superador del que nos rigió hasta ahora, tendremos que buscar otros caminos para insertarnos en este mundo globalizado, que nos permita aprovechar las oportunidades que ofrece y no quedar prisioneros de los riesgos que conlleva.

No existe política sin proyecto. Pero, además, es imposible imaginar la superación de una crisis tan profunda como la actual sin un Proyecto Nacional. Este proyecto, como es obvio, deberá ser diseñado en el marco de un avance irrefrenable del capitalismo financiero especulativo, y deberá librar una batalla político-cultural contra el pensamiento único que sostiene irrestrictamente la privatización de las actividades económicas, la desregulación de los mercados, la mundialización financiera y la reducción del Estado a su mínima expresión, como manifestación concreta del Consenso de Washington.

Esta ineludible contienda deberá efectuarse a nivel internacional y nacional. En el primer caso, integrando bloques con aquellos países erosionados por los efectos nocivos de la globalización con el fin de bregar por una regulación concertada de los avasalladores movimientos de capital, erradicar los paraísos fiscales, lograr inversiones que generen riqueza y trabajo, e impedir cualquier cuestionamiento a los programas de bienestar.

A nivel nacional, se trata de volver a sacar a luz la idea de Proyecto democráticamente formulado, es decir, de una plataforma ideal que oriente al gobierno de nuestra sociedad. Para ello, entre otras cosas, tendremos que reelaborar la idea de un “Estado nacional”, que sea económica, monetaria y políticamente soberano.

Este proyecto, es fácil advertirlo, no se propone enfrentar las consecuencias, sino las causas de los desequilibrios que genera este capitalismo que estamos padeciendo. Nuestro objetivo no es adaptarnos a una sociedad menos injusta, sino avanzar hacia un orden fundado en una sociedad justa.

Un desafío de esta envergadura puede obligar, en la transición y con el objetivo de acumular fuerzas en el cumplimiento del derrotero enunciado, a la búsqueda de una convergencia de fuerzas políticas afines, más aún en un escenario en donde el incremento de la dispersión política atenta contra la eficacia de cualquier fuerza con pretensión de gobierno.

Ahora bien, un proyecto de estas características sólo puede ser promovido y ejecutado por una coalición política progresista en donde la izquierda democrática, es decir el socialismo, desempeñe un rol protagónico central: No puede haber coalición de centro-izquierda sin una izquierda democrática fuerte, moderna, audaz e inteligente. Un partido de este color ideológico y de estas características es el mejor garante de la reconstrucción de un país en ruinas y de la recreación de las bases sociales y económicas para que los argentinos podamos poner fin a una fractura social intolerable para cualquier sociedad seriamente democrática.

Sin embargo, conviene recordar nuestras experiencias coaliciónales recientes. Sólo así podremos evitar futuras construcciones políticas endebles y propensas a giros ideológicos y políticos inaceptables para una fuerza política como la nuestra. Porque las coaliciones son creaciones políticas a veces indispensables, pero que requieren de cuidados y de reglas claras. Esta actitud y estas normas sólo pueden ser garantizadas por sujetos políticos responsables. Y el partido de los socialistas que estamos dando a luz es precisamente el fruto de la responsabilidad. No se puede calificar de otra manera a la decisión política de poner fin a una historia de injustificadas fragmentaciones del espacio socialista.

Pero para lograr construir el Partido Socialista que reclama este mundo de incesantes transformaciones, es necesario rediscutir ciertas concepciones ideológicas y esquemas organizativos que guiaron hasta ahora nuestra acción política. Cuando las circunstancias económicas y el mosaico social se modifica, las ideas-eje, el programa, alrededor de las cuales gira nuestro trabajo político necesariamente deben ser modificadas.

Pero si, además, el escenario nacional todo se ve sacudido por una crisis que altera hasta grados desconocidos las diversas instancias de la vida ciudadana y de las instituciones alrededor de las cuales se organiza la sociedad, las propuestas programáticas y los instrumentos organizativos que nos acompañaron hasta ese momento tienen necesariamente que ser repensados con una profundidad tal que obliga a poner en juego toda nuestra inteligencia e imaginación.

Este último es el escenario en el que tenemos que actuar. Y de nuestra capacidad intelectual y política dependerá que desempeñemos un rol primordial o que sigamos siendo actores secundarios.

De nuestra centenaria historia hay momentos de los que podemos estar orgullosos. Uno de ellos es aquel en el que los socialistas lograron fundar el primer partido político moderno de la Argentina. Hoy tenemos la oportunidad de crear un nuevo espacio político de confrontación de ideas, de construcción de propuestas, un laboratorio de renovación de las tradiciones políticas, un centro de experimentación de nuevas formas de relacionarse con una sociedad que reclama menos delegación y más participación.

En este camino, la estrategia a largo plazo del socialismo, fundamentalmente, deberá contener el diseño de una Nueva Sociedad, que reemplace al sistema capitalista, hoy incapaz de asegurar dignidad, trabajo e ingreso al conjunto de los pobladores de la Nación Argentina. Esa Nueva Sociedad a alumbrar, en un largo y creativo camino, tendrá que asegurar a todos el derecho a una inserción política, económica, social y cultural que dé lugar a relaciones sociales libres de explotación, dominación o cualquier manifestación de poder coercitivo.

Como en el siglo pasado, el siglo que está comenzando requiere de instituciones nuevas, de organizaciones políticas inteligentes y participativas. Sin ellas no será posible reconstruir el país arrasado. ¡Manos a la obra, socialistas!

III. LOS VALORES DEL SOCIALISMO

El trabajo político del socialismo tiene como meta crear una sociedad sin privilegios y sin relaciones de dominación que, siendo organizada democráticamente, se base en los principios de libertad, igualdad y solidaridad. El socialismo desea formar una sociedad basada en los ideales de la democracia donde cada persona tiene su propio valor. La libertad y la igualdad de las personas en una sociedad solidaria es el propósito del socialismo.

El Socialismo defiende la libertad de todos y cada uno de los individuos en el sentido de una autodeterminación con responsabilidad social. La libertad de cada uno es para nosotros la base para la libertad de todos los miembros de la sociedad. La libertad no sólo significa un rechazo de cualquier forma de dictadura y de todo sistema autoritario sino que conlleva también conquistas sociales. La libertad consiste tanto en ser libres de coacciones y opresiones externas, del hambre, de la ignorancia y del miedo, como al derecho a la autodeterminación y a la participación, a tener posibilidades de desarrollo, a tener las posibilidades de influenciar sobre su propia vida y de elegir su propio futuro.

Las libertades y derechos de los ciudadanos, tales como el derecho a votar, la libertad de pensamiento y de creencia, la libertad de expresión y la libertad de organización son necesarias, y forman la base de la libertad, pero no son suficientes. Las desigualdades económicas y sociales crean condiciones distintas para que los ciudadanos puedan hacer uso de esta libertad y para que tengan las posibilidades de influir sobre su propia vida. La verdadera libertad para participar y desarrollarse, es la de liberarse de la desigualdad económica, cultural y social.

La igualdad constituye el sustento de la libertad. En una sociedad desigual, los afectados por la desigualdad son también necesariamente menos libres para dirigir sus vidas. La igualdad constituye también una distribución justa de los recursos tan importantes para la libertad del individuo, es decir economía, educación y cultura. Como la libertad, requiere también la igualdad estructuras sociales y condiciones económicas que den a todos el mismo derecho y las mismas posibilidades de desarrollo y participación. La igualdad conlleva para nosotros el derecho al trabajo y a la educación, así como la igualdad de derechos políticos y sociales. Los individuos más débiles o en situación desventajosa, tienen el derecho a políticas de apoyo y de ayuda adicionales.

La solidaridad significa que todos deben tener el mismo derecho y la misma posibilidad de influenciar sobre las medidas a tomar y todos deben tener la obligación de ser responsables de las mismas. Es necesario extender la solidaridad entre generaciones y, además entre las generaciones presentes y las generaciones futuras.

La solidaridad excluye el egoísmo de lucrar con otros en su propio beneficio. Para los postergados, la solidaridad constituye un apoyo en su lucha por la justicia. Para todos, independientemente de su propia fortaleza, la solidaridad es una condición para alcanzar la seguridad y la cooperación en la vida social, que solamente pueden nacer de la confianza, y nunca de la lucha y de la competencia.

La libertad, la igualdad y la solidaridad constituyen juntas los cimientos de la sociedad democrática, del mismo modo que solamente una sociedad democrática puede poner en práctica la libertad, la igualdad y la solidaridad. La democracia constituye en sí misma los cimientos de la ideología socialista, y sus ideales tienen que caracterizar la vida social en toda su extensión, política económica, social y culturalmente.

Las mujeres y hombres que integramos el socialismo trabajamos para que los ideales de la democracia impriman su carácter en todo el orden social establecido y en las relaciones entre los individuos. Nuestro objetivo es una sociedad sin diferencias de clases y sin segregación sexual o étnica, una sociedad sin prejuicios y sin discriminaciones, una sociedad donde todos los individuos son necesarios y donde todos encuentran su lugar, donde todos tienen los mismos derechos y el mismo valor, donde los niños pueden crecer y desarrollarse como personas libres e independientes, donde todos tengan la libertad de dirigir sus vidas y donde juntos, logren las soluciones sociales necesarias para lograr una calidad de vida digna.

La democracia debe practicarse en muchas formas y en muchas etapas. El socialismo aspira a un orden social donde las personas, como ciudadanos e individuos, puedan influir tanto sobre el desarrollo social como sobre el trabajo de su vida cotidiana. Aspiramos a un orden económico donde cada persona como ciudadano, asalariado y consumidor pueda influir sobre la producción y su distribución y sobre la organización y condiciones de su vida laboral.

El poder de la sociedad debe provenir de todos aquellos que la integran y le imprimen sus formas. Los intereses económicos no deben tener nunca el derecho de limitar la democracia.

La democracia es un mínimo de socialismo; el socialismo es el máximo de democracia.

III. UNA SOCIEDAD LIBRE, IGUALITARIA Y SOLIDARIA

La lucha del socialismo por la libertad e igualdad de todas las mujeres y varones en una sociedad democrática y solidaria, se sustenta en las siguientes propuestas:

1. La defensa irrestricta y universal de los derechos ciudadanos.

El derecho a la vida, a la libertad de expresión, al vivir en paz, a la información, a la participación, se ven crecientemente amenazadas en nuestro país por la desigualdad social y económica, la marginación, la arbitrariedad y las tendencias autoritarias. El socialismo compromete sus mayores esfuerzos hacia una sociedad en que las libertades y la justicia para todos los ciudadanos sean inviolables.

2. La equidad de género.

La desigualdad entre las condiciones de vida de varones y mujeres en todas las clases sociales configura un orden social injusto, llamado sistema de género.

Es imprescindible modificar ese sistema de ideas que asigna roles estereotipados y jerarquías a la diferencia biológica entre los sexos, porque la diferencia no tiene por qué ser entendida como desigualdad.

En Argentina, los derechos ciudadanos conquistados por las mujeres son en muchos casos sólo formales, y su concreción requiere de una lucha y explicitación permanentes.

Por ello el socialismo impulsa la equidad de género en todas las políticas públicas y la lucha por remover los obstáculos que limitan la autonomía de las mujeres y las posibilidades de desarrollo personal a mujeres y varones, a través de las siguientes propuestas:

– Paridad en la participación política de mujeres y varones.

– Efectivo cumplimiento del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.

– Garantía de todos los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia.

– Responsabilidades familiares compartidas equitativamente, favoreciendo un mayor involucramiento de los varones en la crianza de los hijos e hijas e impulsando la licencia por paternidad, entre otros aspectos, y la participación de los varones en las tareas domésticas.

– Despenalización del aborto, para reducir el número de muertes de mujeres a causa de abortos inseguros. La tipificación del aborto como delito hace que las mujeres no concurran o lo hagan tardíamente a los centros de salud, cuando un aborto se complica por temor a la denuncia y a la cárcel.

– Legalización del aborto y cumplimiento efectivo en los siguientes casos: cuando el embarazo es consecuencia de una violación, cuando corre riesgo la salud de la mujer, o cuando no existe posibilidad de vida extrauterina del feto.

– El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, garantizando el acceso a métodos anticonceptivos o a la ligadura de trompas, informada y voluntariamente.

3. La eliminación de todo tipo de discriminación.

El socialismo considera necesario luchar contra todas las discriminaciones y fortalecer las políticas de acción positiva para superar sus efectos. Es necesario usar la acción pública para salir al paso de los prejuicios y valores conservadores que, con el pretexto de sexo, nacionalidad, etnia, preferencias sexuales, religión, ciertas enfermedades o cualquier otro motivo, conculcan la igualdad política esencial de los seres humanos.

4. La vigencia efectiva de los derechos de la infancia.

El socialismo asume el compromiso explícito con la infancia y juventud como sujetos de derecho, que deben gozar de los derechos, libertades y garantías establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El socialismo impulsa como políticas públicas para la infancia:

– La libertad de crecer: derecho a la vida y al desarrollo basado en la calidad de vida y desarrollo integral de la Infancia, integrando el cuidado del cuerpo, la promoción y la atención de la salud.

– Saber es descubrir: el derecho a la educación, aprender a aprender, como modo de comprender críticamente el mundo y la cultura, garantizado por un sistema educativo, público e igualitario, que se constituya en provocador de formación en valores, arte, ciencia y tecnología con criterio de multiculturalidad y con perspectiva de género.

– El trabajo creador: formar a la niñez en el valor del trabajo y el poder transformador y creativo del mismo en una sociedad solidaria, protegiéndola del trabajo infantil como forma de explotación.

– Un lugar en el mundo: derecho al nombre, a crecer en una familia, a tener una patria, una lengua, garantizado por políticas culturales que brinden oportunidad en la diversidad, respeto a la multiculturalidad y desarrollo de las culturas regionales.

– Jugar es crecer: el juego es el dispositivo de aprendizaje, integración social, e identificación cultural. Defender y promover este derecho, es una forma de propender a la cultura democrática y al crecimiento pleno de la infancia.

5. La participación protagónica de la juventud.

La exclusión provocada por el modelo neoliberal es particularmente grave en la juventud, que en Argentina incluye diez millones de mujeres y varones entre 15 y 29 años, y se traduce en la sistemática exclusión de las y los jóvenes del acceso a las oportunidades laborales, educativas, sociales y culturales.

Es prioritario construir alternativas con el protagonismo de los propios jóvenes, que les posibiliten tener un proyecto de vida digna y una responsabilidad de su destino individual y colectivo, y crear valores solidarios y participativos para la comunidad en la que viven y para la sociedad en general.

En ese sentido, son propuestas del socialismo:

Generar espacios institucionales para la reflexión, el debate y la participación activa, donde se fortalezca a las y los jóvenes como ciudadanos y se promueva su identidad juvenil y social, y su inserción tanto en materia laboral, como social y cultural.

Garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles.

Crear ámbitos de capacitación laboral orientados a la empleabilidad juvenil, la formación personal y la inclusión social y laboral de las y los jóvenes.

Promover una vida sexual con libertad y responsabilidad, garantizando la información sobre su salud sexual y reproductiva, y accediendo a métodos anticonceptivos y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA.

Alentar la participación juvenil en actividades solidarias de apoyo a actores sociales con dificultades en su vida cotidiana (personas mayores, niños en riesgo, personas con dificultad de aprendizaje, personas con discapacidades). Acción colectiva y participativa de la juventud en las estrategias de prevención de las adicciones.

6. La protección integral de las personas mayores.

Uno de los fenómenos sociales que caracterizó al siglo XX fue la prolongación de la vida de las personas, aunque en forma desigual entre los más ricos y los más pobres. Al mismo tiempo, quienes llegan a edades avanzadas tienen imposibilidad creciente de una vida plena, de un ingreso jubilatorio digno o de cuidados adecuados a sus necesidades, convirtiéndose en uno de los sectores más excluidos. El socialismo considera fundamental reconstruir desde el Estado la posibilidad de una vejez digna y con asistencia, con autodeterminación y participación; y desde la sociedad, la contención e integración social de las personas mayores.

Debe reestatizarse el sistema previsional y efectuar una profunda reforma jerarquizando la eficiencia, la transparencia y la participación de los beneficiarios.

Se debe priorizar los niveles locales, municipales, comunales y barriales, para la generación de programas y proyectos para las mujeres y varones adultos mayores con plena participación de los destinatarios. Se debe fomentar asimismo la creación de instituciones abiertas para sustituir carencias materiales y afectivas no brindadas por el grupo familiar.

Las personas mayores deben tener acceso a instancias de capacitación para el desempeño laboral teniendo en cuenta las potencialidades y experiencias acumuladas y la ocupación creativa y participativa del tiempo libre.

Debe desarrollarse la asistencia y acompañamiento domiciliario en los casos necesarios, con base en las organizaciones comunitarias y en los programas laborales solidarios para la juventud.

7. El derecho de todos al trabajo.

El socialismo entiende que pese a las profundas modificaciones de los sistemas productivos y laborales, el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que impulsa las políticas de pleno empleo y el derecho de todas las personas al trabajo digno.

El socialismo se compromete a defender las conquistas y derechos de las trabajadoras y los trabajadores; a dignificar el trabajo doméstico; y a que todos los trabajadores y trabajadoras gocen de salarios dignos y prestaciones, capacitación y condiciones de trabajo satisfactorias y seguras. El empleo estable y bien remunerado debe ser una prioridad en los planes y acciones de gobierno para acabar con la pobreza y construir una sociedad justa.

El cuidado y promoción de la salud de los trabajadores y el perfeccionamiento permanente de las condiciones y medio ambiente de trabajo saludables es un objetivo prioritario del socialismo. Debe impulsarse la recuperación por el Estado del sistema de prevención y aseguramiento de riesgos del trabajo.

En la lucha por estos objetivos, es fundamental el fortalecimiento y democratización de las organizaciones representativas de los trabajadores.

8. La inclusión e integración de los más postergados mediante políticas sociales de carácter universal.

Debe garantizarse al conjunto de las personas, particularmente aquéllas en situación de mayor vulnerabilidad: la eliminación de su condición de pobreza sobre la base de la solidaridad y la redistribución del ingreso, mediante la Implementación del ingreso social mínimo garantizado; la cobertura de salud, la seguridad alimentaria, la educación gratuita, el acceso a jubilaciones y pensiones cuando corresponda, y la garantía del principio de igualdad de oportunidades.

9. Salud para todos.

El socialismo sostiene que la salud, junto con la educación, son derechos fundamentales y constituyen los pilares básicos del desarrollo de la sociedad.

En su sentido más amplio, la salud incluye alimentación y viviendas adecuadas, trabajo digno, y posibilidad de realización individual y familiar en el marco de una sociedad solidaria.

Debe ser obligación del Estado garantizar el acceso de toda la población a la atención de salud integrada e integral. Ante la situación de pobreza, marginación, exclusión y carencia de coberturas, es esencial construir ciudadanía brindando cobertura explícita a la población, en particular a la más postergada y vulnerable. Asimismo, es fundamental recuperar la raíz solidaria del sistema de seguridad social.

El modelo de atención debe estar basado en la estrategia de atención primaria de salud, y fundado en la concepción preventiva, en la participación de la población y del equipo de salud, en la jerarquización del primer nivel de atención, en el desarrollo de redes que integren el conjunto de recursos existentes en niveles progresivos de atención, y en la calidad de los servicios, dando un lugar prevalente a la mejora de las condiciones de trabajo, la capacitación permanente y el protagonismo institucional del conjunto del personal de salud..

Es menester una transformación profunda del Estado nacional para garantizar una gestión del sistema de salud eficaz y transparente, y asumir efectivamente la autoridad de regulación, particularmente en la concreción de una política de medicamentos y tecnología, y el rol de articulación de las provincias en un sistema nacional a través del Consejo Federal de Salud. El primer nivel de atención debe descentralizarse a los municipios con los recursos y competencias suficientes, a fin de concretar sistemas locales adecuados a las necesidades y con participación popular en todos los niveles de gestión.

10. La educación pública, universal, obligatoria, laica y gratuita.

La lucha por la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación.

Hoy uno de los mayores factores de exclusión definitiva de las personas es el abandono del sistema educativo; y uno de los principales instrumentos concretos de lucha contra la pobreza y marginación es la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela. No hay en el presente y en el futuro respuesta posible al problema del empleo sin la educación.

La educación debe constituirse en uno de los principales instrumentos de renovación de la vida política y de un proceso de efectiva democratización de la sociedad. En este sentido, son sus fines: la consolidación y profundización de la democracia, la afirmación de la identidad cultural y la integración social.

Para ello, debe reafirmarse el rol protagónico del Estado en la política educativa, y de la escuela y la universidad pública como espacio de producción y distribución social del conocimiento y de afirmación de la identidad cultural. Se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza y el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, asegurando asimismo la calidad educativa.

En ese camino es imprescindible promover el acceso y permanencia de todas los niñas y todos los niños y jóvenes a todos los niveles de enseñanza; extender la obligatoriedad a la educación preescolar y secundaria; propiciar la generalización del sistema de jornada completa; establecer sistemas de becas, subsidios y servicios a todos los alumnos cuya situación social lo requiera; promover la enseñanza para adultos, e incorporar a toda la comunidad educativa en la evaluación permanente y periódica y la actualización del sistema educativo.

11. Vivienda digna y hábitat adecuado.

Las políticas de vivienda y hábitat no deben ser vistas desde la perspectiva de la obra pública, sino que deben formar parte del conjunto de políticas sociales como respuesta a un derecho social.

Las políticas de mejoramiento del hábitat son indisolubles de las demás políticas sociales en el marco de los principios del desarrollo urbano sustentable y sobre la base de la participación integral de los destinatarios.

El derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, debe incluir la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, la posibilidad de acceso al mercado de vivienda, la habitabilidad con estándares mínimos de calidad, el acceso prioritario a grupos desfavorecidos, la adecuación cultural que permita la expresión de la identidad y la diversidad, y la asistencia a las poblaciones para mantener su hábitat.

12. La integración de las personas con necesidades especiales.

Al menos el diez por ciento de la población argentina sufre alguna forma de discapacidad física o mental. La pobreza y la desnutrición subyacen como determinantes en gran cantidad de casos. La discapacidad ha sido siempre una de las grandes causas de exclusión.

El socialismo sostiene la prioridad de las políticas de inclusión social y equiparación de oportunidades de las personas con necesidades especiales. Los conceptos de equiparación de oportunidades y plena participación, más que apuntar a la ayuda individual para compensar la desventaja, deben ser entendidos como la configuración de un medio social que no presente obstáculos a personas con discapacidades, donde puedan construir y reconstruir alternativas para una mayor variedad de usuarios.

Este objetivo debe procurarse mediante el afianzamiento de una cultura solidaria y participativa; la participación protagónica de las organizaciones no gubernamentales de los interesados y sus allegados; y las acciones del Estado orientadas a la equidad y al desarrollo de la prevención.

Las acciones deben abarcar respuestas a la problemática laboral, educativa, de atención integral de salud, prevención, de hábitat, y a la accesibilidad por supresión de barreras urbanas, arquitectónicas y de transporte.

13. La democratización de la cultura.

Sin una política que promueva la creación y la difusión de la cultura, se establecen divisiones profundas entre los ciudadanos, que potencian la desigualdad económica y social. La cultura es un elemento dinamizador de la participación, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. El acceso universal a la cultura es un elemento esencial del fortalecimiento democrático, de la igualdad y de la construcción de ciudadanía.

El socialismo aspira al desarrollo de una sociedad multicultural, capaz de convivir con las diferencias y asimilar su riqueza, en el reconocimiento de que en la conformación de las convicciones e ideas que profesa cada ciudadano en un sistema democrático, se cruzan movimientos culturales provenientes de historias y latitudes diferentes que fortalecen institucional y jurídicamente la sociedad.

Es esencial el fortalecimiento de los valores culturales que conforman nuestra identidad y de los que nos unen a América Latina, así como de las singularidades culturales de las distintas regiones de nuestro país.

Debe democratizarse la producción y consumo de los bienes culturales, y fortalecerse las industrias culturales ligadas a la producción regional, nacional y latinoamericana.

14. El derecho a la ciudad.

La mayor parte de la población vive hoy en ciudades. En la ciudad transcurre la vida cotidiana de las y los habitantes, y es el ámbito de relación más directa con los gobernantes, por lo que la participación y la respuesta a las necesidades tiene posibilidades más objetivas.

El socialismo sostiene la vigencia del espacio urbano para el desarrollo de una mayor calidad de vida, e impulsa con ese objetivo la defensa de las autonomías municipales; la participación popular, la creación de empleo y producción; la gestión descentralizada y la planificación y presupuesto participativo, priorizando el acceso de toda la población a los servicios básicos; la función social de los espacios públicos y el uso del suelo equitativo; el libre acceso a la actividad física, al deporte, al uso del tiempo libre y a la cultura; la ciudad como espacio de innovación, reconciliando el progreso científico y tecnológico con el progreso económico y social y con sustentabilidad ambiental.

15. La preservación del medio ambiente.

El socialismo sostiene la prioridad de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable. La degradación ambiental no es una consecuencia ineludible de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente.

El socialismo se propone como objetivos básicos en lo ambiental la mejora de la calidad de vida de la población; la compatibilidad de la planificación económica y social con la protección de los recursos naturales, culturales y paisajísticos y de la biodiversidad; la educación ambiental de la población, la participación popular en la cuestión ambiental, y la planificación y control integral de los recursos naturales no renovables.

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IV. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA ECONOMíA

1. Democracia política y social.

El socialismo persigue la construcción de una sociedad democrática, donde todos puedan organizarse libremente para defender sus intereses; donde la ciudadanía tenga acceso a la información y a la cultura. El socialismo entiende la democracia no sólo como un sistema político sino también como una forma de vida.

La democracia debe ser representativa pero también participativa, a través del incremento de la participación popular.

El Estado como forma de organización política debe estar al servicio de la sociedad. El Estado debe ser democrático, federal, representativo y participativo.

El socialismo se compromete a luchar por la democratización del Estado con el objeto de construir una relación entre gobernantes y gobernados basada en la participación, en elecciones libres, y en el control permanente de la gestión de gobierno por la ciudadanía.

Es esencial el fortalecimiento de la esfera pública como espacio por excelencia de lucha por los derechos de ciudadanía. La participación efectiva de las organizaciones sociales es imprescindible para el desarrollo de la democracia participativa.

El socialismo se pronuncia por un Estado laico que sea tolerante con todas las formas de pensamiento y estilos de vida.

Es fundamental el respeto a la división de poderes y la independencia de la justicia.

2. Democracia económica.

El Estado debe reafirmar su presencia activa y protagónica en los sectores claves de la acumulación y distribución del excedente económico a saber: el sistema financiero, el mercado de cambio y el comercio exterior.

Es imprescindible la recuperación de la capacidad estatal de provisión de bienes públicos esenciales como educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, regulación de la economía y promoción del desarrollo económico.

El socialismo deberá garantizar la democratización del poder económico aplicando las leyes que impidan la concentración del capital, la vigencia de monopolios y de toda forma de organización económica que tienda a ejercer un derecho discriminatorio en contra de las necesidades de la sociedad. En donde surjan los monopolios como necesidad de la explotación de los recursos o como proveedores de servicios, el socialismo deberá ejercer y aplicar las leyes que permitan limitar el ejercicio del poder para una apropiación indebida de la renta social. Se debe recuperar el concepto de “servicio público” y de “utilidad pública” en el manejo de las empresas públicas, contra la concepción vigente de la rentabilidad privada, y fomentar la organización cooperativa en el sector.

El socialismo promoverá formas de asociación para lograr una mayor participación de los trabajadores en la construcción de riqueza y una distribución equitativa de los beneficios.

Se debe constituir el Consejo Económico y social como órgano de asesoramiento en la elaboración de planes de desarrollo sustentables de mediano y largo plazo, a través de una planificación indicativa, participativa y abierta..

3. Un Estado eficiente, transparente, participativo y solidario.

Es necesario desarrollar un estado eficiente, participativo, sin privilegios y con claros mecanismos de control.

Un nuevo contrato social requiere de un Estado fuerte y activo, con capacidad de planificación, coordinación y regulación de acciones, recursos y servicios públicos, incrementando su calidad con economía de recursos, e implementando mecanismos efectivos de gestión por resultados y evaluación permanente con publicidad de los mismos.

El socialismo aspira a la transparencia de todos los niveles de gobierno para garantizar la buena administración de los recursos y la eficiencia en los programas y acciones de gobierno. Es esencial la aplicación efectiva del derecho del ciudadano reconocido constitucionalmente de acceder a la información pública, dando permanente publicidad a los actos de gobierno.

El socialismo, como concepción de vida, lucha por erradicar en forma definitiva la corrupción, la arbitrariedad y el autoritarismo.

Se deben eliminar los gastos reservados en todos los Poderes del Estado, con precisas excepciones establecidas por Ley y mecanismos de control, sólo necesarias para la defensa nacional

Es prioritaria la profesionalización y capacitación de las estructuras administrativas de los Poderes del Estado, la incorporación de nuevas tecnologías de gestión pública, de regulación, de monitoreo, y de procesos de modernización administrativa.

4. Sistema electoral y de partidos políticos.

El socialismo se propone para el fortalecimiento de la democracia y la representatividad de las instituciones políticas:

Mejorar las formas de representación política, facilitando la formación de partidos políticos, el acceso ciudadano a las candidaturas, preservando el derecho de las minorías y la proporcionalidad, garantizando el pluralismo y estimulando la participación popular.

Garantizar los sistemas de representación proporcional, y establecer disposiciones legislativas o constitucionales tendientes a que los sistemas electorales nacionales o provinciales no puedan incluir la variante del doble voto simultáneo.

Garantizar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales mediante el control efectivo de los aportes y el origen obligatoriamente público de la mayoría de los fondos.

Limitar el tiempo de duración de las campañas electorales a 30 días, acotando los costos de las mismas y asegurando los efectivos mecanismos de control del gasto electoral.

Establecer el sistema unicameral en los poderes legislativos provinciales a través de la modificación de las respectivas constituciones provinciales.

Limitar el gasto de la función legislativa nacional, provincial y municipal hasta un porcentaje del gasto público consolidado de cada jurisdicción.

5. Autonomía municipal.

El socialismo considera al nivel municipal como un ámbito jerárquico de participación ciudadana política y social, por lo que es fundamental la profundización de las autonomías municipales.

La autonomía municipal debe garantizar:

– Que los gobiernos locales puedan sancionar sus cartas locales, determinando la organización de su gobierno y atribuciones de los órganos del mismo.

– Libre ejercicio de su autonomía política, administrativa económica-financiera e institucional.

– Darse sus propias autoridades mediante su elección directa y proporcional.

– Contar con recursos económicos propios, con la libre percepción e inversión de rentas dentro de su propia esfera de gobierno, administrativa y financiera.

– Que los asuntos más vinculados a la vida de la ciudad sean de competencia propia de los gobiernos locales en cuanto a las facultades de legislación, ejecución y jurisdicción.

– Fijar su propia política municipal tomando a su cargo la explotación de los servicios públicos locales.

– Establecer mecanismos de democracia directa o semi directa tales como la consulta popular, la iniciativa popular, referéndum y revocatoria de mandato.

– Establecer la política de descentralización administrativa, participación popular, y presupuesto participativo, creando instancias para la articulación con las asambleas populares y los nuevos movimientos sociales.

– Concluir convenios intercomunales con municipios vecinos para la realización y atención de obras y servicios públicos de interés común, así como programar planes de colaboración con la Provincia y la Nación.

– Que se establezcan suficientes garantías para asegurar el pleno ejercicio de la autonomía, poniendo a los municipios al amparo de las presiones y/o discriminaciones de otros poderes extramunicipales.

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V. DESARROLLO CON EQUIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

La extraordinaria expansión de las fuerzas productivas durante el siglo XX (automatización, electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc.) ha abierto las mayores posibilidades para alcanzar un mundo con justicia social y equidad, con igualdad de oportunidades, sin pobreza y sin hambre.

Sin embargo, esta expansión ha llevado al empobrecimiento de la mayoría de la humanidad y a la explotación irracional y despiadada de los recursos provistos por la naturaleza. La avidez de riqueza y de poder ha llevado a distorsionar los objetivos de la producción de bienes y servicios y en muchos casos han atentado contra el medio ambiente poniendo en peligro el bienestar inmediato y futuro del hombre. La contaminación y la degradación del medio ambiente tienen su origen en el deseo desmedido de lucro y no toman en cuenta los perjuicios que causan a la sociedad. El Estado y la sociedad deben intervenir para restablecer el vínculo entre la naturaleza y las necesidades del hombre que permitan mejorar las condiciones de vida sin destruir el equilibrio ecológico.

El proceso económico que dé sustento y perdurabilidad a un nuevo modelo de sociedad sólo puede asentarse en la valorización de una economía productiva, que se dinamice a través de un proceso de desarrollo autoorganizado y sustentable que garantice la igualdad de oportunidades y la creciente equidad y justicia social. Se debe avanzar en el objetivo final de construcción de una sociedad sin clases ni explotación social, con un proceso productivo capaz de dar una calidad de vida digna y sustentable a todos sus habitantes, y con la vigencia de un sistema de relaciones económico-sociales asentados sobre la cooperación, la solidaridad y el reparto equitativo del excedente económico total, principios que reemplacen el lucro y la competencia propios del modelo capitalista. En ese camino, el socialismo postula:

1. La refundación del Estado.

El Estado debe refundarse sobre bases de eficacia social, para la plena regulación de las relaciones de mercado, la promoción de la producción de capital nacional y la reinstalación de un programa de redistribución progresiva del ingreso nacional, a través de políticas sociales de carácter universal.

El Estado constituye el catalizador social para fijar las políticas económicas que aseguren la distribución de la riqueza, que brinden a todos la igualdad de oportunidades y garanticen el desarrollo sostenido. El Estado no es prescindente en ninguna instancia de la vida económica de las sociedades; la prescindencia es una política promovida por aquellos que detentan el poder en cualquiera de sus formas para apropiarse indebidamente de las riquezas creadas por el trabajo.

La reforma del Estado, debe tener como meta convertir al “empleo público” en modelo de una “ética del trabajo” y de gestión moderna, de modo que la administración pública argentina obtenga la necesaria legitimidad para asumir su rol regulatorio en economías de mercados. Pero para ello, el Estado tiene que desarticular la “lógica rentística” de su interior, que se manifiesta a través del clientelismo, la ineficiencia, el atraso tecnológico y el empleo improductivo de recursos

Donde hubiere un monopolio natural insuperable, regulará estrictamente la actividad y fijará tarifas con el fin de lograr resultados similares a los que produciría la competencia.

El Presupuesto Nacional, la ley de las leyes, tendrá que ser preparado anualmente, antes de su elevación al Congreso nacional, mediante una amplia discusión popular y participativa, que permita incluir en su articulado, la voluntad de la mayoría de los habitantes del país.

Es condición esencial, además, poner en marcha una nueva estrategia presupuestaria de la Nación, las Provincias y los municipios de tal modo que el balance de ingresos y egresos públicos asegure un sustancial incremento de los recursos fiscales consolidados del Estado. Este nuevo escenario debe garantizar ingresos suficientes para ir ampliando decididamente la provisión de bienes públicos en cantidad y calidad necesarios a fin de elevar en forma sustancial la calidad de vida del conjunto de la población.

El mantenimiento de los gastos necesarios del Estado para garantizar la oferta incondicional de los bienes públicos en forma gratuita y sin limitaciones requiere de un sistema tributario basado en el principio irrenunciable que expresa: el que más recursos tiene más aporta al Fisco. Una revisión integral de la estructura impositiva permitirá, con un sistema progresivo de tributación, redistribuir el ingreso a la vez que posibilitar el funcionamiento del Estado en los niveles propuestos.

Es central la reducción sustancial de la evasión, a través del fortalecimiento de los organismos de recaudación y de la simplificación del sistema y de sus normas de aplicación.

2. Un nuevo modelo de desarrollo.

Es central la existencia de un mercado interno fuerte y consolidado, que garantice la inserción internacional y mundial, cimentado sobre aquél, que crezca alentado por políticas de promoción basadas en ventajas comparativas y dinámicas.

El mercado interno sólido debe sustentarse en la distribución del ingreso nacional sustancialmente más progresiva que la actual a través de la elevación sistemática del salario real, el incremento de la ocupación plena y el combate frontal a la pobreza, ubicando en su función esencial de apoyo a la política de crecimiento y de equidad en el reparto de los frutos de tal crecimiento, al sector financiero.

El proceso productivo destinado a fortalecer el mercado interno debe orientarse hacia la creciente integración de sus fases constitutivas reduciendo en forma progresiva la dependencia de la provisión externa de insumos y bienes de producción. Ello implica una política decidida a incorporar valor agregado a la producción en una estrategia de reindustrialización integrada, lo que supone mayor trabajo nacional en reemplazo del trabajo importado.

La conformación de áreas con actividades interdependientes, “manchones” o “clusters”, en donde un proceso se encadena a los demás y conforma, así, un espacio productivo altamente intervinculado, permite fortalecer la gestión, recuperar los beneficios de la aglomeración y evitar filtraciones hacia fuera de los beneficios de la actividad productiva, de la generación de tecnología y de la reducción planificada de costos.

. Para este proyecto refundacional, el gasto público y el consumo interno constituyen los ejes de una estrategia central. No se crece exclusivamente a través del mantenimiento de mercados exteriores, ni se puede incrementar las exportaciones sin una política productivista que incorpore la sustentabilidad social y ambiental.

Una nueva política para la provisión de bienes públicos descansa en la aceptación por parte del conjunto de la sociedad de que existen bienes y servicios que forman parte indisoluble de la supervivencia de los habitantes del país y, por ello, deben estar fuera de las relaciones de mercado, como meta a alcanzar en un lapso lo más breve posible. En el actual sistema de propiedad de las empresas que proveen de esos bienes públicos y de su modalidad de gestión, la entrega de tales servicios a la sociedad están plenamente sujetos al manejo mercantilista y a la obtención de lucro con su oferta al consumo público. La privatización y la concesión de gran parte de las empresas que los proveen supone que el precio o las tarifas de los mismos se corresponden exclusivamente con el objetivo de maximizar la tasa de ganancia y no el de satisfacer necesidades básicas para la subsistencia.

El socialismo propone encarar una estrategia decidida hacia el rescate de esas empresas o de las concesiones otorgadas, como ser para la provisión de agua, energía eléctrica, gas, transporte público, fuentes de energía no renovable, etc. Ese rescate que puede comenzarse con la discusión legal de la licitud de las concesiones, la no renovación de las mismas a su vencimiento o el retorno inmediato de las ya vencidas al patrimonio social colectivo lo que implica poner tales empresas en manos de la sociedad, como unidades de gestión social, administradas por quienes son sus trabajadores y consumidores, con el objetivo de proveer a todos los habitantes, sin excepción y a valores que sean accesibles, de los bienes y servicios que producen.

El socialismo comprende y acepta que las fuerzas productivas necesitan de los mercados para expandirse, perfeccionarse, incorporar las mejoras tecnológicas y alcanzar un equilibrio. Este desarrollo deberá tener como fin la democratización de las posibilidades individuales y la eliminación de la pobreza. El socialismo sostiene la necesidad de la planificación democrática de la economía para un mejor desarrollo y aprovechamiento de los recursos sociales.

Esa misma expansión creó también las condiciones para la concentración del poder económico, los monopolios y los oligopolios, que han logrado basar su fuente de riqueza en la explotación del trabajo. El socialismo debe imponer los límites a esta concentración de riqueza para ponerla al servicio de la sociedad.

3. La economía social.

La producción moderna se basa en grandes aportes de capital, por lo que el socialismo considera necesario modificar las pautas de acumulación, a través del rol de la economía social, basada estructuralmente en una concepción democrática de las organizaciones económicas que permiten por su particular administración, una mejor distribución de los beneficios.

El capitalismo ha establecido un sistema de poder por el que quien controla el capital tiene la decisión, y los derechos de las personas son valorados según su rentabilidad económica. Esto genera extraordinarias injusticias y fuertes tensiones sociales dentro de cada país y entre países, e impacta sobre el agotamiento de los recursos naturales y el daño al medio ambiente.

Frente a esta concepción que busca sólo la maximización de los beneficios, la economía social procura desarrollar empresas sociales con gran capacidad de producción y una justa y eficaz distribución de los excedentes económicos.

Una economía democrática no está libre de conflictos de intereses, dificultades y nuevas exigencias de un mundo cambiante; pero es una concepción apta para la búsqueda de la armonización de los diversos intereses sociales y para supeditar al capital a las decisiones democráticas.

Las entidades de economía social son potencialmente uno de los grandes sujetos de la economía moderna en el desarrollo de una sociedad de bienestar y su disfrute.

Es imprescindible contribuir a un correcto funcionamiento de las empresas sociales o asociativas, a fin de que cumplan estrictamente los valores y principios que conforman su concepto esencial, útiles para actuar como contrapoder y necesarias para promover fórmulas alternativas de gestión allí donde el mercado no actúa o donde existen graves riesgos de desatención a necesidades elementales de la sociedad.

La democracia económica exige una participación igualitaria y una cualificada cogestión de los trabajadores en las decisiones sociales y económicas que el manejo de estas asociaciones requiere.

La formación y capacitación de los ciudadanos-trabajadores-consumidores es imprescindible para el adecuado funcionamiento de estos sujetos solidarios que eventualmente deben competir en mercados adversos frente a grandes concentraciones de capital.

El cooperativismo, el mutualismo, el sindicalismo y el asociativismo nacieron al calor de las ideas socialistas de pensadores como Juan B. Justo, desde las primeras organizaciones obreras de fines del siglo XIX, como alternativa a la conformación de la plusvalía capitalista, y como búsqueda de nuevas formas de trabajo asociado que enaltezcan el trabajo del hombre en sociedad. En estas organizaciones debe existir la primacía de la persona humana, el avance social, una distribución equitativa del producto, la capacitación y la participación. Se trata de organizaciones libres, organizadas bajo principios solidarios, alternativas a las organizaciones expoliadoras que impone la globalización capitalista, que pretenden aportar a un nuevo modelo de sociedad y de acumulación de capital: el capital social. Se dirigen a sustituir el egoísmo, el individualismo y la concentración personal del capital, por el trabajo asociado, la gestión compartida y el patrimonio social.

El socialismo ratifica su compromiso de impulsar este sector de la economía por el que miles de ciudadanos participan de cooperativas, mutuales, empresas cogestionadas, organizaciones de consumidores en cooperativas de consumo, de servicios públicos, de trabajo autogestionado, de servicios de salud, marcando un rumbo diferenciador en la economía y en la sociedad contemporánea.

4. Sistema bancario y financiero.

El sistema bancario y financiero debe estar en función de apoyo y consolidación al aparato de producción de bienes para el consumo interno, a la demanda de los habitantes para satisfacer consumos indispensables para su subsistencia y a la exportación privilegiando a las pequeñas y medianas empresas, a las unidades productivas inscriptas en el modelo de la Economía Social y a los sectores productivos más postergados del interior.

Este sistema bancario estará asentado, prioritariamente, en la banca pública y la de carácter cooperativo, a la cual se le brindará todo el apoyo necesario por parte del Banco Central para su eficaz funcionamiento. El citado Banco Central será una herramienta más dentro de la estrategia de desarrollo del Proyecto Nacional, actuando en plena sintonía con la política económica oficial y operando como el ejecutor de la estrategia crediticia arriba explicitada.

Se debe sancionar una nueva ley de entidades financieras, que reconozca el carácter de servicio de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo, y favorezca la instalación de entidades financieras pequeñas, de carácter local y regional, con una regulación adecuada para sus actividades y tamaño.

Es necesario modificar la Carta Orgánica del BCRA a efectos de establecer la promoción del desarrollo de la economía como objetivo de la autoridad monetaria, conjuntamente con la defensa del valor de la moneda; incorporar como obligatorio el establecimiento de políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales; ampliar sus funciones para actuar como prestamista de última instancia; y facultarlo para ejercer política activa, tanto para regular las variables monetarias y crediticias, como para regular eventualmente variables cambiarias y de pagos externos.

Se debe mantener la propiedad pública de los bancos que aún están en manos del Estado nacional, provincial y municipal que ante la fuerte concentración actual del sistema financiero, constituyen elementos importantes que contrapesan el comportamiento oligopólico de las entidades financieras. Estas entidades públicas, deberán atender prioritariamente a la pequeña y mediana empresa, y hacerse cargo de los préstamos de fomento para productores en emergencia (inundaciones, shocks externos, etc) Paralelamente, deberá crearse una fuerte auditoria en estas entidades para evitar los denominados “préstamos políticos” o “prestamos de favor”

Se deberá fomentar la creación de bancos de capital nacional y favorecer las operaciones de los mismos, pues su destino como instituciones dependen de la evolución de la economía doméstica, lo que permite un mayor control y aumenta las posibilidades de que estas entidades participen en los objetivos de política económica que se esbozan en este programa.

5. Economías regionales.

Es fundamental un programa nacional de apoyo y reconversión de las estructuras productivas del interior del país, con especial preferencia dirigido hacia el segmento de la pequeña producción rural y urbana, y que incluya.

Un Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las pequeñas unidades productivas, acompañado de una política de regularización fundiaria y de formalización de las relaciones laborales y de inserción en los sistemas de previsión y medicina social.

Un programa de apoyo al accionar en común, mediante prácticas asociacionistas, de todos los productores a fin de fortalecer su presencia en el mercado y asegurar poder de negociación frente a la creciente estructura concentrada de oferentes de insumos y tecnología y de adquirentes de los productos.

Un Programa de defensa del precio de los bienes que producen tales agentes económicos, mediante la conformación de un Fondo Especial, al estilo de lo que se hace en todas las economías desarrolladas, administrado por los mismos productores con asesoramiento estatal y que impida fuertes oscilaciones en los ingresos de los productores ante variaciones internacionales en la cotización de los bienes que elaboran.

Un Programa de financiamiento barato, fuertemente subsidiado, instituído con el apoyo de la banca estatal y cooperativa y la obtención de financiamiento internacional para reequipar a los productores y otorgarles recursos para el proceso de producción, comercialización e incorporación de valor agregado en las mismas regiones productoras.

Debe crearse asimismo, un Consejo Nacional de Transformación Productiva con Equidad Social para las Economías Regionales, compuesto de representantes del Estado nacional, de las provincias, de las universidades, de los organismos de ciencia y tecnología y de los mimos productores para diseñar el desarrollo del programa y pautar sus costos y estrategias sectoriales y globales.

6. La reforma urbana.

Nuestro país debe programar urbanística y territorialmente su desarrollo. Debe darse por lo tanto una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de una acción relativamente “espontánea” y especulativa del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.

Debe desarrollarse un plan de previsión en cuanto a la formación de reservas de suelo para la progresiva expansión controlada y racional de los núcleos urbanos.

Reubicar la problemática de la planificación urbana y territorial significa interpretar verdaderamente el valor económico y social del ambiente construido urbano y rural. Esta nueva concepción debe tender a un desarrollo armónico y equilibrado de la ciudad y el territorio, y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Es necesario un proyecto social de uso más equitativo del territorio que implique la recuperación de la dimensión pública de los procesos de ordenación y planificación física del suelo, y eliminar los factores que conllevan sobreganancias diferenciadas en el mercado inmobiliario. Una nueva concepción que ponga al derecho de propiedad en función social, y una gestión urbana que propicie la participación de todos los actores que intervienen en la ciudad, a través de una política de descentralización.

7. Ciencia e investigación.

La investigación científica y el desarrollo tecnológico son instrumentos necesarios para resolver los problemas que afectan al bienestar social y para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. El socialismo quiere que los conocimientos científicos y las innovaciones tecnológicas estén presentes en nuestros hospitales, en nuestras escuelas y universidades, en las empresas, en nuestras redes de transportes y comunicaciones, en nuestra vida cotidiana, y contribuyan a la igualdad de oportunidades y a la generación de empleo.

Debe promoverse la investigación básica, la relación entre la investigación pública y las actividades empresariales, y la innovación tecnológica como factor estratégico del desarrollo del sistema productivo.

Es necesario afianzar al CONICET, INTA, INTI y demás organismos estatales de investigación, profundizar el rol de las universidades estatales como centros de investigación, y la inversión pública en ciencia y tecnología y en formación de investigadores.

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VI. INTEGRACIÓN EN EL MERCOSUR, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PAZ MUNDIAL

1. La paz mundial.

El mundo está presenciando la proliferación de conflictos regionales y una creciente intervención militar de los países más grandes en los asuntos internos de otros países. La desaparición del conflicto Este-Oeste, que durante tanto tiempo pusiera al mundo al borde de la guerra nuclear, no trajo una época de paz y de crecimiento. La NATO ha expandido su poder mediante la incorporación de otros países, un importante aumento de su arsenal militar y un permanente despliegue de las fuerzas militares para intervenir en otros países.

El socialismo está a favor de un orden internacional basado en la paz y en el respeto a la soberanía de los países. Estas condiciones son necesarias para garantizar las posibilidades del desarrollo de todos los países y del bienestar de los pueblos. El sistema mundial debe estar basado en la cooperación internacional para construir un mundo donde puedan darse las condiciones para el desarrollo de la potencialidad del ser humano. En esas condiciones no hay lugar para la existencia de alianzas militares de cualquier signo y justificativo alguno para las enormes sumas destinadas a financiar los gastos militares.

Todos los pueblos necesitan contar con las garantías de justicia y paz que permitan construir un mundo mejor. El socialismo cree en la existencia de un derecho internacional equitativo, con organizaciones representativas que preserven la paz sin opresión tanto para los países grandes como para los países chicos.

Las organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas y sus organismos dependientes deben garantizar la representatividad, con una efectiva democratización que evite la utilización de los mismos por parte de las naciones más grandes y las intervenciones unilaterales en otros países. El socialismo apoya la creación de la Corte Internacional de Justicia destinada a preservar la paz, el respeto a las minorías y la vigencia de los derechos humanos.

El socialismo rechaza el terrorismo de cualquier signo, y también el terrorismo ejecutado por los Gobiernos con la excusa de ejercer el derecho a la defensa. El terrorismo conduce a la pobreza, a la explotación y a la represión indiscriminada con la pérdida de vidas humanas que no pueden justificarse. El terrorismo no puede ser combatido únicamente con la fuerza; es necesario solucionar los problemas de hambre y miseria, que significan la pérdida de la dignidad del hombre, mediante la implementación de programas específicos destinados a integrar a toda la humanidad en el proceso del progreso. Los países desarrollados deben contribuir a mejorar el bienestar de los países más atrasados por un principio ético irrenunciable, siendo además una forma de crear las condiciones sistémicas para eliminar el terror.

2. La Integración regional y el Mercosur. Respuesta a la globalización.

El mundo avanza hacia una mayor integración de las naciones y de los pueblos. Los intercambios económicos, comerciales y culturales han acercado a los pueblos mediante la desaparición de las distancias y los tiempos.

La globalización actual irrumpió en las relaciones internacionales de la mano de los intereses financieros y de las corporaciones multinacionales que controlan los flujos financieros y las dos terceras partes del comercio internacional. Existe un mundo financiero que no respeta las fronteras, que invade las soberanías y que está a disposición de los intereses más poderosos. Los únicos países que han logrado reducir la pobreza en este período de globalización han sido aquéllos que han sabido mantener el control sobre sus destinos.

La globalización ha acentuado la dependencia de las naciones de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, los que se han erigido en guardianes de los capitales financieros, imponiendo condiciones y políticas que sólo perpetúan el atraso.

El socialismo apoya la desaparición de las fronteras y la libre circulación de bienes. Pero esta liberalización debe ser progresiva, equitativa, con reglas equilibradas y respetadas por todos los países. La liberalización del intercambio en las condiciones fijadas por los países desarrollados y sus intereses comerciales no ha sido equilibrada y no ha respetado tampoco los principios de lograr una mejor distribución de los ingresos. El libre intercambio debe implicar la apertura de los mercados de los países desarrollados a los productos del mundo subdesarrollado.

El socialismo aspira a una globalización dirigida a satisfacer los intereses de las mayorías y aprovechar las ventajas de la desaparición de las fronteras. Una globalización dirigida a superar la pobreza y la miseria en el mundo.

El Estado debe asegurar que la explotación de los recursos naturales sirva al desarrollo del país mediante el control de la renta que genera su explotación. El excedente debe servir para mejorar las condiciones de vida de la población y aportar al desarrollo de sectores productivos. El Estado debe crear los medios para evitar la transferencia de los excedentes hacia las casas matrices en los países centrales mediante la utilización de técnicas contables o sociedades fantasmas.

Al mismo tiempo, nuestra relación con los organismos multilaterales de financiamiento deberá basarse, de modo irrenunciable, en el resguardo de nuestra plena soberanía nacional, reconociendo nuestra pertenencia a dichas organizaciones pero negociando con ellas en un plano de plena igualdad, sin ningún tipo de condicionamientos y reclamando el trato igualitario que las cartas fundacionales de tales organismos oportunamente estipularon.

En la misma dirección, el elevado peso del pago del capital y los intereses correspondientes a la Deuda Pública deben dejar de ser un factor altamente distorsivo en el uso de los recursos presupuestarios nacionales. Así, previo a un análisis acerca de la licitud de la citada Deuda, sólo se va a hacer frente a aquella parte que es legítima, luego de una fuerte quita y un extenso periodo de espera para permitir el relanzamiento de la economía nacional.

En el proceso de globalización, se torna imprescindible propiciar una estrategia de inserción en el escenario económico internacional que privilegie la integración de los pueblos latinoamericanos ,dé impulso a la plena participación del pequeño y mediano empresariado nacional y democratice el funcionamiento de los organismos de cooperación subcontinentales, a partir de la conformación de un parlamento regional, consagrado por el voto popular. Ello supone el rediseño del MERCOSUR para que deje de ser un instrumento cautivo de los grandes grupos económicos y se transforme en la herramienta de intercambio comercial, cultural, científico, social y consolidación política de los pueblos que lo componen, ampliándolo al resto de los países latinoamericanos y ocupando un lugar en el proceso globalizador a favor de los trabajadores.

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QUIENES SOMOS, POR QUÉ LUCHAMOS

1. Las mujeres y los varones que integramos el Partido Socialista nos comprometemos con el ideal de una sociedad en la que el ser humano esté en el centro de sus preocupaciones, en el marco del pleno ejercicio de la democracia. La libertad y la igualdad de las personas en una sociedad solidaria es nuestro objetivo.

2. Los hombres y mujeres del socialismo reivindicamos el aporte que el socialismo ha realizado en su larga y fecunda trayectoria a las ideas políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro país, muchas de las cuales hoy son parte del derecho argentino.

3. La política es para nosotros impensable sin el debate y la participación. En la forma como debatimos y como participamos deben reconocerse las metas que perseguimos. En la competencia política, el fin no justifica los medios.

4. En una sociedad como la nuestra, donde existe una fuerte crisis de representatividad y de legitimidad, las personas reclaman cada vez más el derecho de ser ellos mismos activos participes de los cambios. Sólo donde las personas pueden participar con responsabilidad en la gestión política y tener con ello la evidencia que sus iniciativas son realizadas, se da la fuerza necesaria que requiere la cultura política de una democracia social.

5. Los hombres y mujeres que integramos el socialismo trabajamos por una economía que garantice el pleno empleo para todos. Una sociedad que promueva una justa división del trabajo remunerado y el no remunerado del hogar entre los géneros.

6. Hasta que el pleno empleo se concrete, el Estado debe garantizar que no haya ninguna familia argentina que no pueda cubrir sus necesidades básicas. Por ello proponemos un ingreso mínimo social garantizado, que sea asignado a cada jefa o jefe de hogar desocupado.

7. Hoy después de transcurrido más de un siglo de la redacción de nuestra declaración de principios, la precarización del empleo que sufrió nuestra sociedad nos obliga a plantear nuevamente el pleno respeto de la jornada laboral de 8 horas y un mínimo de 36 horas continuas de descanso semanal.

8. Los socialistas queremos un movimiento sindical fuerte y democrático para defender los intereses del trabajo frente al capital. Por lo tanto es necesario terminar con el monopolio de la representación sindical y constituir nuevas organizaciones fuertes y democráticas.

9. Los socialistas proponemos crear los mecanismos sociales y gubernamentales para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en su amplia concepción. Una sociedad con igualdad y solidaridad entre mujeres y hombres, entre jóvenes y ancianos, entre las generaciones presentes y futuras, entre argentinos e inmigrantes.

10. Promover la economía social a través de la generación y difusión del cooperativismo, mutualismo, empresas de carácter asociativo y gestionadas colectivamente. La economía social es una alternativa a la maximización de los beneficios que nos propone el capitalismo, y puede lograr empresas sociales con gran capacidad de producción y una justa y eficaz distribución de los recursos económicos. La economía solidaria es una herramienta central para combatir la pobreza y el desempleo.

11. Los socialistas entendemos que los mercados son un positivo mecanismo para la innovación productiva y una eficiente asignación de los recursos de la economía, pero librados a su suerte son generadores de profundas desigualdades sociales. Proponemos una fuerte intervención estatal, para contener y regular los efectos nocivos del libre funcionamiento de los mercados. Los socialistas aceptamos una economía con mercado, pero no una sociedad de mercado.

12. Proponemos refundar la estructura y las funciones del Estado en todos sus niveles y ámbitos operativos. Creando un Estado eficiente, moderno, capacitado y equilibrado, que este al servicio de las mayorías nacionales. El Estado debe garantizar el acceso a la seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, equipamiento e infraestructura social.

13. Es necesario diseñar una política fiscal equilibrada, con fuentes de financiamiento de base progresiva y que elimine los núcleos de evasión. El gasto debe estar directamente articulado a las directrices de la política económico social, buscando atacar las fuentes de asimetrías y desigualdades que distorsionan el mapa social argentino.

14. Crear un sistema científico y tecnológico, con la activa participación de las Universidades Nacionales, que sirva de soporte a la innovación y desarrollo en las actividades productivas y de servicio, en particular aquellas que puedan ser implementadas por las Pymes. Destinar los recursos materiales, científicos y culturales, para insertar de manera competitiva a la Argentina a nivel regional y mundial.

15. Trabajamos por una economía sustentable, que haga un uso racional de sus recursos y que promueva la utilización de fuentes de energías limpias y renovables. Nos oponemos al uso de todo tipo de energía nuclear. Crear organismos eficientes y participativos, para controlar y anular los factores que destruyan el equilibrio ambiental en el ámbito rural y urbano.

16. Proponemos revisar y renegociar la Deuda Pública con los organismos multilaterales de crédito.

17. En el espacio regional, trabajamos por fortalecer los avances logrados en el Mercosur, dando especial relevancia a los emprendimientos sociales de empresas pequeñas y medianas, atacando desequilibrios y asimetrías de poder, culturales, ambientales y territoriales.

18. Creemos en la posibilidad de constituir una comunidad democrática de Naciones que asuma una responsabilidad común por un futuro con Paz y más justo para todos los habitantes de la tierra. Una humanidad que se libere de la locura de la carrera armamentista, que promueva la resolución de conflictos a través de medios pacíficos y que concentre sus esfuerzos en la preservación de la naturaleza y la derrota de hambre que todavía aflige a millones de seres humanos. Para el logro de estos objetivos coordinamos nuestras acciones con todos los partidos Socialistas, Socialdemócratas y Laboristas que abrazan nuestros principios en distintas partes del mundo y en particular en el cono sur de América.