Por: Américo Schvartzman

 @AmericoYuarman

Los conflictos socioambientales, cada vez más frecuentes, tienen el mérito de poner en cuestión una paradoja irresuelta de la democracia en la que no solemos reparar… hasta que se rompe algo. ¿Empezaremos a discutir alguna vez quién debe decidir en estos casos?

En nuestra democracia –no la que tenemos en mente, que es perfecta, sino la que existe de verdad– subyacen dos ideas que son incompatibles: una de ellas se conoce como el “principio mayoritario”, la idea de que las decisiones que van a afectar a un grupo humano deben tener consenso para ser legítimas.
La otra idea se basa en la desconfianza en ese mismo principio. Es la idea de “representación”, según la cual ese principio mayoritario no puede aplicarse directamente a las decisiones. Solo se ejerce para elegir representantes. Y ellos sí están legitimados para tomar las decisiones.
Se trata de la idea del gobierno de los expertos, de los que “saben”. Una vieja forma de argumentar contra la democracia, ideada por Platón más de 25 siglos atrás, y (como se ve) aún vigente en nuestra estructura institucional, que es hostil a la deliberación ciudadana, al punto que la Constitución directamente prohíbe que el pueblo delibere si no es “a través de sus representantes”.
Pero cada vez con mayor frecuencia, situaciones no previstas, ponen en foco esa dicotomía y presentan una discusión que el establishment no quiere dar. Eso ocurre especialmente con los conflictos socioambientales.
Hace poco se supo, por ejemplo, que el derrame de agua cianurada en San Juan, en la zona de Jáchal donde se encuentra la mina de Veladero a cargo de la empresa Barrick Gold, había sido mucho más grave de lo que se informó originalmente.
Ahora bien ¿se trata en verdad de situaciones no previstas? No.
En general, como en el caso que comentamos, aunque se habla de “accidentes”, son eventualidades que sí fueron previstas, e incluso largamente advertidas por distintas organizaciones. Pero que eran relativizadas o rechazadas de plano por los defensores del emprendimiento.
Lo que no podía pasar, pasó.

Qué es eso de la licencia social
¿Votar para que se instale o no un emprendimiento minero? Nada mejor que un caso concreto para entenderlo.
En 2012, las asambleas riojanas de Famatina y Chilecito llevaban un mes cortando el acceso al cerro, en contra del proyecto minero impulsado por el gobierno provincial. Eran los pasos iniciales: la empresa Osisko Mining Corporation (también oriunda de Canadá) comenzaba la exploración para conocer la cantidad, calidad y ubicación de recursos minerales en el Famatina. Pero el fuerte rechazo de la comunidad fue decisivo: la firma comunicó que “sin licencia social no llevaría a cabo el trabajo”. Quizás los canadienses olieron conflicto, pero con certeza constataron que el gobernador Beder Herrera no estaba dispuesto a impulsar un proceso serio de búsqueda de legitimidad social. Y prefirieron irse. Por primera vez se leyó la expresión “licencia social” en primeras planas de diarios de alcance nacional. Poco después el gobierno de La Rioja rescindió el contrato: ya vendrá otra minera sin tanta “responsabilidad social empresaria”.
Pocos meses después, en Loncopué, una pequeña ciudad neuquina, se realizó una consulta popular –después de meses de pelea judicial porque el poder político se resistía– sobre la explotación megaminera: el 84% del padrón respaldó la ordenanza municipal que prohibió esa actividad.
De eso se trata. La idea de la licencia social es sencilla: el consentimiento libre, previo e informado de una comunidad acerca de cualquier iniciativa que la va a afectar de manera directa. Una noción muy interesante, cada vez más presente en los reclamos ambientales, pero siempre ausente en debates institucionales o parlamentarios y en la legislación nacional o provincial. Y eso que es uno de los principios aprobados en Rio92, declaración de la cual la Argentina es firmante.
¿Qué dice el Principio 10 de Rio? Que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Y que “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”. Y que “los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos”.

Ni populistas ni liberales
El problema es que la idea de que la comunidad sea quien decida pone en discusión la dicotomía a la que me refería al inicio. La profunda desconfianza en “la multitud”, por la cual el principio mayoritario nunca se aplica directamente a las decisiones, parece imperar en distintas formas de gestionar lo público.
En efecto, tanto para populistas como liberales –tan opuestos en otros aspectos–,la ciudadanía es una suerte de menor de edad que debe ser guiado, o se extraviará.
Episodios como el derrame de un millón de litros de solución cianurada tienen el mérito de poner en cuestión esa paradoja de la democracia en la que no solemos reparar… hasta que se rompe algo.
Porque entonces surgen (tarde, claro) las preguntas inevitables: ¿quién debe decidir, entonces? ¿Los expertos? Acá decidieron los expertos. Y lo que no podía ocurrir, ocurrió. ¿No será entonces hora de que decidan los posibles afectados, con buena información, completa, veraz, oportuna?
También comienzan a surgir las objeciones: ¿habría que pensar, entonces, en votar a cada rato, o solo cuando haya temas lo suficientemente relevantes como para movilizar a la comunidad? ¿Y cómo se diferencia cuándo?
¿O habrá que hacerlo obligatorio ante determinados emprendimientos –aquellos que afectarán la salud, el ambiente o a la vida de una comunidad, que en el fondo es todo lo mismo?
¿Habrá que pensar, quizás, que tan o más importante que votar personas es votar iniciativas?
Por ahora, el poder político –sin distinguir entre oficialistas y sus principales opositores– ni siquiera acepta discutir estas preguntas. Siguen siendo objeciones o propuestas presentadas por sectores semimarginales cuando no –obviamente– por los potenciales afectados.
Por eso, precisamente, seguirán creciendo sin solución los conflictos socioambientales.

Qué minería, quién decide
La minería sigue siendo necesaria para producir la mayor parte de los bienes que la ciudadanía desea disfrutar. Incluso de aquellos elementos que permitirían un sistema socioeconómico más sustentable y sensato que el actual: por ahora, los paneles solares, los molinos eólicos, las turbinas para energía mareomotriz, no pueden fabricarse sin metales.
Pero no cualquier minería es indispensable: la Barrick busca oro y plata, no metales para componentes de energía solar. Y crece cada vez más la idea de que es una severa amenaza, mucho mayor que los supuestos beneficios económicos.
Un proverbio muy usado en el habla anglosajona recomienda “no tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera”. Si hay una minería necesaria, debe ser sustentable y limpia.
Sin un proceso de información, deliberación y consulta ciudadana (que hoy no existe como obligación para estos emprendimientos en ninguna legislación), con la ciudadanía obligada a arrancarle la información a las empresas y a los gobiernos, mediante recursos judiciales –porque el poder institucional es hostil a la participación ciudadana– las controversias seguirán irresueltas.
Salvo que empecemos a discutir con toda la información y con los interesados.
En 2012, después de votar en Loncopué en el referéndum sobre la mina, un vecino de esa pequeña comunidad neuquina dijo a los medios presentes: “Esto es algo que hacía falta, algo simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”
De eso se trata la licencia social. Y, acaso, el más serio desafío de la democracia.