En Argentina el que las hace las paga”, aseguró Mauricio Macri días atrás cuando anunció la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que dará luz verde a la extinción de dominio para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico.

Sin embargo, el controvertido decreto trajo una oleada de debates, discusiones doctrinarias y análisis políticos. En medio de la polémica, aparece un sólo antecedente en el país: la provincia de Santa Fe.

Mientras la Casa Rosada justifica el dictado de un DNU -para un tema que es de competencia legislativa- mencionando que el Legislativo no avanzó (y tampoco llama a sesiones extraordinarias), la Casa Gris, en cambio, avanzó con el envío de un proyecto de ley a Diputados. El consenso se construyó en esa Cámara sobre la base de llevar adelante modificaciones que lograron la unanimidad. Y posteriormente en senadores también aprobaron la iniciativa, también sin votos en contra.

En Santa Fe, la Ley de “Extinción de dominio” lleva el número 13.579 y fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2018, cuando se creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

Este cambio en el sistema tiene como objetivo central afectar el poder económico de las bandas delictivas y darle a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en hospitales o escuelas, por ejemplo.

Así, alcanza con que un juez impute a una persona para que la APRAD, que depende del Ministerio de Justicia del gobierno provincial, pueda disponer de los bienes que se consideren fruto de un hecho ilícito. Durante los primeros seis meses sólo tienen la posibilidad de administrarlos, luego los pueden disponer a través de subastas.

Todavía no se registraron casos de imputados que luego de quedar absueltos hayan reclamados los bienes decomisados. Ahora bien, la norma tiene prevista una solución: durante tres años deben tener el dinero inmovilizado (la ley les permite ponerlo en un plazo fijo para que no se devalúe).

El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza explicó: “Es que a pesar de que se trata de bienes fungibles, los jueces consideran que el Estado siempre es solvente y en cualquier caso puede pagar”.

En relación a las diferencias de la agencia provincial con el anuncio de Macri, Figueroa Escauriza indicó: Nosotros conseguimos la extinción de dominio por ley de manera unánime. Eso lo hace menos endeble en la Justicia que el proyecto del Gobierno, que salió por decreto”.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales de Santa Fe cuenta con dos depósitos: uno en la localidad de Alvear, con casi diez mil metros cuadrados, que alberga una importante cantidad de bienes incautados, correspondientes a las circunscripciones judiciales de Rosario y Venado Tuerto. Y otro, de cinco mil metros cuadrados en Santo Tomé, donde son destinados los objetos secuestrados a raíz de sumarios penales en las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.