“Reformar el Estado para una mejor democracia”.
El Estado y las instituciones económicas de nuestro país exigen reformas profundas e impostergables. Ni el capitalismo, ni los sucesivos gobiernos que gestionaron el estado, han sabido responder a las necesidades de la sociedad. El primero ha sido incapaz de producir la riqueza y el empleo necesario para proveer prosperidad; el Estado ha sido incompetente para garantizar niveles mínimos de equidad y oportunidades para el conjunto de la población por medio de la creación de bienes públicos de calidad y de regulaciones que compensen las asimetrías de poder. En Argentina, el capitalismo y el Estado se han coludido para extraer rentas de la sociedad creando a la vez una inmensa red de privilegios y prebendas y una dirigencia económica y política oligárquicas, cada vez más desacoplada de la ciudadanía.
Los y las socialistas nunca hemos dado la espalda a las reformas necesarias. Tanto nuestro programa como las prácticas concretas de gestión en los niveles municipales y provinciales en los que hemos sido gobierno muestran una voluntad y una capacidad de realizar transformaciones que afectan los sistemas de interés establecidos que tanto en el sector público como en el privado se han organizado para privilegiar los intereses particulares por sobre el interés general.
Los procesos de reforma deben ser realizados privilegiando las necesidades de los más vulnerables y por medio de procedimientos democráticos inobjetables: cuanto más profundas y extensas sean las reformas, más deben estar sometidas al escrutinio público y a un robusto debate que debe tener lugar en primer término en el Parlamento, pero también en los medios de comunicación, en las asociaciones de la sociedad civil, en los ámbitos educativos y académicos, en los sindicatos.
Exactamente lo contrario es lo que ocurre con el DNU 70/2023 y con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional. La masividad de disposiciones afectadas, modificadas y anuladas parece orientada a hacer imposible discernir aquellas prioritarias de las accesorias; las que favorecen el interés colectivo de las que benefician a sectores particulares; las que introducen equidad de las que están diseñadas a favor de intereses espurios. El socialismo se tomó sin embargo el trabajo de analizar los aspectos centrales del DNU para exhibir aquello que el gobierno, con esa estrategia, quiere disimular. Los resultados de ese análisis, sintetizados aquí, son preocupantes.
Los más destacados constitucionalistas de nuestro país, de las más variadas tradiciones académicas y políticas, coinciden en que el DNU ofende a nuestra Constitución. Ambos instrumentos, el DNU y el megaproyecto de ley, agravian también nuestra cultura democrática, que exige una activa y amplia participación, un robusto diálogo institucional y la búsqueda de un consistente consenso político para tomar las decisiones que afecten la vida y el destino de las y los habitantes de la República.
A 40 años de la instauración democrática, el deterioro social, político y económico de nuestro país es evidente. El camino de las soluciones no puede sin embargo estar en manos de un grupo de iluminados que se otorguen el derecho de refundar la República. Por el contrario, el gobierno debería utilizar la disposición al cambio expresada en las urnas para impulsar un proceso democrático y participativo en el que una sociedad movilizada sea la protagonista de su futuro. En ese camino, el socialismo será un protagonista central para pensar un Estado a la altura de las necesidades de las y los argentinos. También será un opositor férreo si el gobierno insiste en esta arbitraria, incoherente y autoritaria manera de impulsar las reformas.
