ELECCIÓN DE AUTORIDADES – Juventudes Socialistas de Argentina ORDEN NACIONAL

Las Juventudes Socialistas de Argentina –Orden Nacional– comunican que se ha fijado como fecha para la presentación de listas para su oficialización el día 16 de abril de 2026.

Asimismo, se informa que el acto electoral para la elección de autoridades nacionales se llevará a cabo el día 07 de junio de 2026.

Todas las resoluciones y comunicaciones vinculadas al proceso electoral serán difundidas oportunamente a través de los canales oficiales correspondientes.

ACTA 1 – JUNTA ELECTORAL JSA 2026

ACTA 2 – RECTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN DE LISTAS

ACTA 3 – OFICIALIZACIÓN DE LISTA

ACTA 4 – PROCLAMACIÓN

 

Elecciones de Autoridades Partidarias de la Provincia de Tucumán 2025-2027

Conforme a las atribuciones conferidas por el Comité Ejecutivo del Partido Socialista -Orden Nacional-, su interventor Dr. Matías E. Chamorro, según lo establece el Título VIII del Régimen Electoral en sus Art 78º al 91º de la Carta Orgánica Provincial (C.O.P), convoca a los afiliados y afiliadas del Partido Socialista de la Provincia de Tucumán para que el domingo 14 de Diciembre de 2025, en el horario de 8hs a 18hs, en lugares de votación que establezca la Junta Electoral y cumpliendo los requisitos de postulación que establece el Art 13º de la C.O.P, participen de la elección de todos los cargos que corresponden renovar, a saber:

1) Consejo Federal: un (1) titular y un (1)suplente -distinto género-, 2) Junta Ejecutiva Provincial: Un (1) Presidente y un Secretariado de doce (12) titulares y seis (6) suplentes, por un mandato, 3) Comisión de Disciplina: Tres (3) titulares y tres (3) suplentes, 4) Comisión Provincial de Fiscalización: Tres (3) titulares y tres (3) suplentes, por un mandato, 5) Congresales Provinciales: Sesenta (60) titulares y veinticuatro (24) suplentes, 6) Congresales Nacionales: Veinticinco (25) titulares y veinticuatro (24) suplentes. Todos con un mandato hasta el 30/08/2027.

Se informa a afiliadas y afiliados que podrán acceder a la información respectiva al proceso electoral en la página web del Partido Socialista www.partidosocialista.org.ar

Convocatoria a Elecciones del Partido Socialista de Tucumán

Edicto

Actas 1 y 2 de la Junta Electoral

Acta 3 de la Junta Electoral

Edicto Convocatoria + Cronograma Electoral

Acta de Acuerdo de Unidad PS Distrito Tucumán

 

Opinión: «Miguel Lifschitz, la política como forma de cuidar»

Este sábado se cumplen cinco años de la muerte del exgobernador de Santa Fe, a causa de Covid. Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista, recuerda aquí su gestión y sus convicciones y sobre todo una forma de hacer política que hoy parece lejana.

A cinco años de la muerte de Miguel Lifschitz, me cuesta hablar de él solo en pasado. Hay ausencias que no se expresan solo en la tristeza que dejan, sino también en la presencia persistente de su ejemplo. Cuando murió, dije que era “mi consejero, mi promotor, mi apoyo, mi contención”.

Miguel murió el 9 de mayo de 2021, en Rosario, por las complicaciones de un cuadro de Covid-19. Hasta poco antes seguía en actividad pública, pensando la provincia, acompañando equipos, imaginando futuros posibles. Su muerte fue una de las tantas que la pandemia volvió más crueles y solitarias. Se fue cuando no podíamos abrazarnos como hubiéramos querido. Y se fue con la frente en alto: no aceptó nada antes que los demás. Tampoco una vacuna. Esperó su turno. Esa decisión condensaba su modo de entender la política: el poder no era un privilegio, sino una responsabilidad.

Había nacido en Rosario en 1955. Se formó en el Instituto Politécnico y en la Universidad Nacional de Rosario, donde se recibió de ingeniero civil. En Miguel, la ingeniería no era frialdad tecnocrática, sino una disciplina al servicio de una convicción política: transformar la realidad exige ideas, organización, equipos, obras concretas y perseverancia. La obra pública, para él, no era una foto: era agua que llegaba a un barrio, una escuela que abría sus puertas, un hospital que dejaba de ser promesa, una calle que conectaba. Fue intendente de Rosario durante dos mandatos, senador provincial, gobernador de Santa Fe y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia. Pero Miguel no acumulaba cargos: asumía responsabilidades. En cada lugar dejaba método, equipos, instituciones, una forma de hacer. Escuchaba mucho, hablaba lo justo y decidía con prudencia y coraje. La ética era su seña de identidad.

Esa ética también se expresaba en su vínculo con las mujeres. Miguel las trataba como pares, confiaba en ellas, las escuchaba y les daba responsabilidades reales. Se rodeó de mujeres en sus equipos no para cumplir con una fórmula, sino porque reconocía su capacidad, su inteligencia y su compromiso. Aunque muchas de nosotras lo éramos y lo somos, Miguel no necesitaba proclamarse feminista para practicar, en los hechos, una forma concreta de igualdad.

“Aunque muchas de nosotras lo éramos y lo somos, Miguel no necesitaba proclamarse feminista para practicar, en los hechos, una forma concreta de igualdad.”

Lo conocí en el socialismo, en esa tradición que nos enseñó que la política solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Miguel, en la senda de Guillermo Estévez Boero y Hermes Binner, encarnaba un socialismo tranquilo: firme, austero, apasionado, sin soberbia ni fanatismo. Un socialismo que se sustanciaba en la salud pública, la educación, la planificación urbana, la descentralización, el presupuesto participativo y un Estado cerca de quienes más lo necesitan.

Rosario fue durante años un laboratorio democrático de esa idea: una ciudad que acercó el municipio a los barrios, abrió canales de participación y construyó servicios públicos con mirada igualitaria. Miguel fue parte fundamental de ese proceso. Lo continuó, lo amplió y le imprimió su estilo: sobrio, trabajador, metódico, cercano. Su modo de comprometerse era estar, escuchar, volver, insistir, cumplir.

Como gobernador, llevó esa lógica a toda Santa Fe. Su gestión estuvo marcada por una inversión pública ambiciosa: hospitales, escuelas, rutas, obras hídricas, infraestructura urbana, espacios públicos y políticas territoriales. En un país donde muchas obras se anuncian más de lo que se concluyen, Miguel tenía una obsesión sana: terminar. Cumplir. Mostrar que el Estado podía planificar y concretar. Sabía que detrás de cada obra había derechos y desigualdades que podían empezar a repararse.

Esa gestión nunca estuvo separada de su perfil ético. Miguel era austero en serio. No hacía de la honestidad una bandera para acusar a otros, sino una conducta cotidiana. Entendía que los bienes públicos no pertenecen a los gobiernos, sino a la ciudadanía. Cuidaba los recursos, los equipos y las instituciones. Esa austeridad se vio también, de manera dolorosa, cuando no aceptó ningún trato especial mientras las vacunas todavía no llegaban para todos.

“Miguel era austero en serio. No hacía de la honestidad una bandera para acusar a otros, sino una conducta cotidiana. Entendía que los bienes públicos no pertenecen a los gobiernos, sino a la ciudadanía. Cuidaba los recursos, los equipos y las instituciones.”

Miguel era, sobre todo, un constructor. En una Argentina crispada, donde tantas veces se premia al que rompe puentes, él creía en el diálogo. Defendía sus ideas con claridad, pero nunca convertía a un adversario en enemigo. Para él, lo central era escuchar, articular, persuadir, sostener acuerdos. Tenía convicciones profundas, pero no era sectario: su identidad socialista lo abría a la sociedad.

Lo extraño como amiga y como militante. Extraño sus llamados, sus consejos, su humor seco, su manera de ordenar una discusión compleja con dos o tres frases precisas. Miguel no prometía soluciones mágicas. Ofrecía trabajo, seriedad, equipos, rumbo. En tiempos de discursos violentos y salidas simplistas, su legado recuerda que la política democrática requiere paciencia, honestidad, cercanía y capacidad de hacer.

A cinco años de su partida, Miguel sigue siendo una presencia: en las obras que dejó, en las instituciones que fortaleció, en los equipos que formó, en los barrios donde alguien recuerda que un día llegó, escuchó y volvió. Miguel creía que gobernar era cuidar: lo común, la gente, la palabra empeñada, la esperanza. Por eso recordarlo no es mirar hacia atrás con nostalgia. Es preguntarnos si estamos a la altura de esa forma ética, cercana y transformadora de hacer política. Quienes lo quisimos, quienes aprendimos de él y quienes seguimos creyendo en un socialismo democrático, austero, popular y profundamente humano, tenemos la responsabilidad de seguir caminando por su senda.

 Fuente: elDiarioAR

1 de Mayo – Día del Trabajador y la Trabajadora

Los derechos laborales no se recortan, se garantizan

Los derechos laborales no fueron una concesión, sino el resultado de luchas colectivas que ampliaron la democracia. Las condiciones laborales, la regulación de las jornadas, el salario digno y la seguridad social son conquistas que marcaron un piso de igualdad sobre el que se construyeron sociedades más justas. 

Desde el Partido Socialista siempre sostuvimos que sin derechos laborales no hay justicia social. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, “la clase trabajadora” se consolidó como un actor central en la vida política y social de nuestro país, y el socialismo fue pionero en esa construcción. Hombres y mujeres articularon la acción política con la organización sindical, promoviendo la participación de las y los trabajadores y defendiendo sus derechos como parte de un proyecto de transformación social.

En ese camino, el Partido Socialista impulsó, por la vía parlamentaria, numerosos proyectos de ley orientados a la defensa, el reconocimiento y la garantía de derechos para las trabajadoras y los trabajadores, cuando nada de esto existía. Entre ellos se destacan el descanso dominical, la jornada laboral de ocho horas, la “Ley de la Silla”, la indemnización por accidentes de trabajo, la jubilación docente, la inembargabilidad del salario, la fijación de un salario mínimo vital y la protección de los derechos de mujeres y niños en contextos laborales.

Esta tarea se sostuvo en una intensa labor legislativa, no solo orientada al reconocimiento efectivo de derechos, sino también al control de su cumplimiento. Como resultado de ese compromiso, promovimos gran parte de las primeras leyes laborales de la Argentina, sentando bases fundamentales para la ampliación de derechos en nuestro país.

Hoy, ese piso vuelve a estar en discusión. En un mundo del trabajo que cambia de forma acelerada, las tecnologías, las plataformas digitales y las trayectorias laborales fragmentadas conviven con altos niveles de informalidad y precarización. 

En este contexto, el trabajo ha dejado de garantizar condiciones de vida dignas para amplios sectores de la sociedad. En los últimos meses, la pérdida de empleo en la industria se ha intensificado, con casi 80 mil puestos destruidos, afectando a uno de los pilares históricos del trabajo formal y con derechos. Detrás de cada empleo de calidad que se pierde hay una familia que ve reducido su ingreso; se trata de un impacto directo sobre las condiciones de vida y sobre la producción nacional. Cuando la industria se retrae, no solo desaparecen puestos de trabajo: también se erosionan las bases del desarrollo y la inclusión social.

La precarización avanza bajo nuevas formas. La supuesta “flexibilidad” del mercado laboral se traduce en mayor inestabilidad, menor protección y más desigualdad. A su vez, cada vez más personas necesitan más de un trabajo para sostener sus ingresos. 

El pluriempleo creció cerca de un 40% en los últimos años, como consecuencia directa de la caída del poder adquisitivo. Este fenómeno se ve impulsado por la expansión de modalidades laborales más inestables, como las plataformas digitales, que permiten acumular ocupaciones pero sin garantizar derechos. Trabajar más horas ya no mejora la calidad de vida; muchas veces apenas permite sostenerla.

Al mismo tiempo, las tareas de cuidado, esenciales para la vida y la economía, siguen sin reconocimiento ni derechos suficientes, y recaen mayoritariamente sobre mujeres, limitando sus posibilidades de inserción y desarrollo en el mundo laboral, reproduciendo desigualdades estructurales y restringiendo su autonomía económica. 

Frente a este escenario, es necesario recuperar una mirada integral sobre el trabajo. No como una mercancía más, sino como un derecho humano fundamental y como organizador de la vida social. Esto implica reconocer todas sus dimensiones, garantizar condiciones dignas y construir políticas públicas que reduzcan las desigualdades.

El futuro del trabajo no puede pensarse sin derechos. Las transformaciones tecnológicas y productivas deben estar al servicio del bienestar social, y no de la concentración de la riqueza. Desde el Partido Socialista, sostenemos que no hay desarrollo posible sin justicia social, y no hay justicia social sin trabajo con derechos. Por eso, en este contexto de ajustes y retrocesos, defendemos nuestras banderas, y rechazamos enérgicamente cualquier intento de reforma o ataque a las conquistas y derechos adquiridos.

El trabajo no es un privilegio, es un derecho conquistado con lucha, organización y solidaridad, y como tal debe ser garantizado sin concesiones. No partimos de cero. Cada derecho, cada mejora, cada conquista es fruto de la fuerza colectiva de quienes no se resignaron. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos profundizar una mayor unidad para defender lo logrado frente a cualquier intento de retroceso y para avanzar sobre lo que aún falta. No hay dignidad sin trabajo, ni justicia social sin igualdad real de oportunidades. Defender el trabajo es sostener la historia de nuestras luchas y abrir el camino hacia un futuro con más derechos, más inclusión y más justicia para todos y todas.

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El Partido Socialista expresa su rechazo al proyecto de reforma electoral por regresiva e inconstitucional

Desde el Partido Socialista rechazamos el proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una iniciativa regresiva que, lejos de fortalecer el sistema democrático, avanza en su debilitamiento.

El contexto actual —atravesado por una creciente conflictividad social e institucional, tanto en nuestro país como a nivel global— exige más y mejor democracia. Sin embargo, este proyecto propone lo contrario; restringe la participación, debilita a los partidos políticos y obstaculiza la construcción de nuevas alternativas que expresen la diversidad social.

Creemos que el sistema político necesita debates profundos y reformas orientadas a ampliar la participación ciudadana, fortalecer la transparencia, garantizar la rendición de cuentas y promover una competencia electoral más equitativa. Esos deben ser los principios rectores de cualquier transformación institucional.

En este sentido, la eliminación de las P.A.S.O. constituye un claro retroceso. Si bien su implementación es perfectible, cumplen un rol central en el ordenamiento de las candidaturas y en la democratización interna de los partidos, permitiendo una mayor injerencia ciudadana en la selección de quienes integran las listas. Su supresión implicaría concentrar nuevamente esas decisiones en las cúpulas partidarias, reduciendo la participación y debilitando la legitimidad de las candidaturas.

Asimismo, la modificación de los requisitos para la obtención de la personería jurídica de los partidos políticos restringe la representación de las minorías y empobrece la calidad democrática. Una democracia sólida requiere partidos fuertes, con reglas claras, apoyo institucional, transparencia y mecanismos de control que garanticen su funcionamiento.

En la misma línea, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y de la publicidad electoral gratuita, constituyen una medida regresiva e inconstitucional. Estas herramientas son fundamentales para garantizar condiciones mínimas de igualdad en la competencia electoral. Su eliminación favorece exclusivamente a quienes cuentan con mayores recursos económicos o acceso a financiamiento irregular, distorsionando el proceso democrático.

El financiamiento público no es un privilegio, sino una garantía de integridad del sistema electoral. La desigualdad que promueve este proyecto habilita una influencia desmedida de intereses privados en la política, afectando la autonomía de las decisiones públicas.

Asimismo, la Constitución Nacional, en su artículo 38, reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y establece la obligación del Estado de contribuir a su sostenimiento económico, garantizando su funcionamiento y la igualdad de oportunidades en la competencia electoral. En este marco, la eliminación de estos mecanismos no solo resulta regresiva, sino que contradice el mandato constitucional de fortalecer y no debilitar el sistema de partidos.

Sobre la modificación respecto a la exigencia de no contar con condena firme por determinados delitos para ser candidato o candidata, es un punto positivo,  aunque no podemos dejar de señalar la evidente doble vara en torno a la llamada “ficha limpia”. El mismo oficialismo que anteriormente impidió su aprobación, hoy pretende presentarla como un eje central de su propuesta, en un uso claramente oportunista de una demanda social legítima.

Desde el socialismo sostenemos que la honestidad, la transparencia y la ética pública no son consignas coyunturales, sino pilares constitutivos de nuestra identidad y de nuestra práctica. Por eso, creemos que estos principios deben ser promovidos de manera coherente, sostenida y sin especulaciones, como parte de una política integral de fortalecimiento institucional.

Nuestro partido tiene un compromiso histórico con el fortalecimiento de la democracia. Por eso, reafirmamos que  queremos más debates, no menos. Más participación, no menos. Más voces, no menos. Más transparencia y rendición de cuentas, no menos. Más democracia, no menos.

Estas reformas propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional no modernizan el sistema político: lo debilitan, retrotraen avances conquistados y ponen en riesgo la calidad de nuestra democracia.

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El Partido Socialista participará del primer encuentro de la Global Progressive Mobilisation (GPM)

El Partido Socialista participará del primer encuentro de la Global Progressive Mobilisation (GPM), que se realizará en Barcelona del 17 al 18 de abril y reunirá a más de 3.000 participantes de 100 organizaciones progresistas de los cinco continentes.

La igualdad de oportunidades, la defensa de la democracia y el Estado de derecho, la justicia social, los derechos laborales, las políticas ambientales, la igualdad y la paz serán los ejes que articularán el encuentro, sobre los que se desarrollarán los debates y se elaborarán conclusiones finales.

Entre los principales referentes que participarán se encuentran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; la vicepresidenta de Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang; el líder opositor en India, Rahul Gandhi; la premio Nobel de la Paz, Maria Ressa; y la presidenta del Center for American Progress, Neera Tanden. También participará el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque no de manera presencial.

El Partido Socialista de Argentina, como miembro fundador de la Alianza Progresista,- entidad organizadora de la GPM-, participará con una delegación encabezada por Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista e integrante del Board Global de la Alianza Progresista, quien además será disertante en un panel sobre acceso a la salud y desarrollo. También integrará la comitiva el Diputado Nacional y Coordinador de la Alianza Progresista para las Américas, Esteban Paulón.

El encuentro tiene como objetivo consolidar un espacio de articulación de ideas de la izquierda democrática frente al avance de las derechas a nivel global, promoviendo una alternativa progresista en un contexto internacional atravesado por el crecimiento de posiciones extremas y la escalada de los conflictos armados, con un fuerte llamado a la paz y al rechazo de la guerra.

En ese marco, Fein señaló: “Vamos a participar para dar un mensaje de esperanza en una sociedad más humana, más solidaria y más igualitaria, por la paz y no a la guerra”. Y agregó: “Vamos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance pensando en una humanidad que pueda mejorar sus condiciones de vida y no quedar sumergida en esta realidad a la que nos quiere llevar la extrema derecha, con un empeoramiento de las condiciones y la quita de derechos”.

Los paneles y debates comenzarán el viernes por la mañana y se extenderán hasta el sábado. El cierre estará a cargo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, tras la reunión plenaria final.

 

Opinión. «Ciudadanía y discapacidad: más allá de los diagnósticos»

Ante consultas en distintos medios y a partir de invitaciones a jornadas conmemorativas del “Día del Autismo” o del “Día del Síndrome de Down”, quisiera compartir una reflexión. Comprendo profundamente la intención de visibilizar y valoro estos espacios para muchas personas y familias. Sin embargo, creo necesario sumar un análisis más amplio que nos permita abordar la cuestión desde una perspectiva colectiva.

Como sociedad, aún tenemos el desafío de fortalecer el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, entendiendo que estos constituyen la base de una ciudadanía real y efectiva. No se trata solo de nombrar o visibilizar, sino de garantizar condiciones concretas para que todas las personas podamos participar, decidir y habitar los espacios comunes. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es clara al afirmar que debemos poder “participar plena y efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Sin embargo, cuando el foco se coloca en días asociados a diagnósticos específicos —como el autismo, el síndrome de Down u otros— existe el riesgo de que, aun sin intención, predomine una mirada centrada en la categoría médica, en la “condición”, antes que en nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos con derechos. Tal como advierte Tom Shakespeare, centrarse exclusivamente en el diagnóstico puede “reducir la experiencia de la discapacidad a una cuestión individual”, invisibilizando las barreras sociales que, en gran medida, producen la exclusión.

El desafío, entonces, es poner en el centro aquello que nos atraviesa como colectivo: nuestros derechos y la posibilidad concreta de ejercer ciudadanía. Porque hablar de derechos es hablar de algo mucho más profundo: de vivir en comunidad, de participar en igualdad de condiciones, de acceder a apoyos, a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura y a la vida política. Es, en definitiva, poder habitar el mundo con dignidad. En palabras de Hannah Arendt, se trata del “derecho a tener derechos”, es decir, de la posibilidad efectiva de formar parte del mundo común.

En este marco, fortalecer el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) permite articular esta mirada y enfocar la atención en lo esencial: que nuestras vidas no están definidas por un diagnóstico, sino por el ejercicio pleno de nuestros derechos. Reconocer las particularidades es necesario, pero sin que estas se conviertan en límites para la participación o en justificación de desigualdades.

Se trata, en definitiva, de seguir construyendo una sociedad que nos reconozca como personas, como sujetas y sujetos políticos, con igualdad y equidad en todos los ámbitos. Como sostiene Judith Butler, las condiciones de reconocimiento son también condiciones de vida: solo cuando somos reconocidas y reconocidos como parte de lo común, nuestras vidas se vuelven plenamente habitables.

El problema no radica en la falta de visibilidad de los diagnósticos, sino en la persistente negación de derechos. Porque visibilizar sin garantizar puede incluso devenir en otra forma de exclusión. De lo que se trata, en última instancia, es de transformar las condiciones que producen desigualdad.

Queremos ser ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.

Gabriela Bruno, mujer con discapacidad, militante por los derechos de las personas con discapacidad, Secretaria de Discapacidad del Partido Socialista

 

 

No a la guerra: Nota de Mónica Fein al Presidente de la Nación

Señor Presidente

Javier Milei:

Desde el Partido Socialista queremos expresarle nuestra profunda preocupación por la posición adoptada por el Poder Ejecutivo frente a la guerra que hoy se desarrolla en Medio Oriente.

Consideramos que la Argentina debe sostener una política exterior fundada en la paz, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional. Debe condenar sin ambigüedades el terrorismo, las agresiones y toda forma de violencia contra la población civil. Pero esa posición no puede traducirse, bajo ningún concepto, en un involucramiento de nuestro país en un conflicto bélico ajeno, ni en una lógica de alineamiento automático con intereses, estrategias o liderazgos extranjeros.

La experiencia histórica de la Argentina, atravesada por el dolor del terrorismo y la impunidad, nos obliga a actuar con responsabilidad y prudencia. Precisamente por esa memoria, nuestro país no debe ser arrastrado a una escalada militar de consecuencias imprevisibles. Ingresar, directa o indirectamente, en una guerra ajena no fortalecería nuestra seguridad: la pondría en riesgo. Expondría a nuestra población, comprometería nuestra soberanía y afectaría la capacidad de la Nación para defender con autonomía sus intereses económicos, diplomáticos y estratégicos en un escenario internacional cada vez más inestable.

Señor Presidente, una decisión de esta magnitud no puede quedar sujeta a afinidades ideológicas, relaciones personales con líderes extranjeros ni a gestos unilaterales. La Constitución Nacional es clara: corresponde al Congreso de la Nación autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. Comprometer a la Argentina en un conflicto armado exige legalidad, deliberación democrática y un respeto irrestricto por las instituciones de la República. En una materia tan sensible, no hay lugar para improvisaciones, personalismos ni atajos.

Asimismo, consideramos indispensable que la Argentina reafirme su compromiso con el multilateralismo, la institucionalidad internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas. En un mundo atravesado por guerras, tensiones geopolíticas y crecientes disputas entre potencias, nuestro país necesita más derecho internacional, más negociación y más prudencia estratégica, no subordinación ni seguidismo.

Por todo ello, le solicitamos que descarte de manera explícita cualquier forma de involucramiento argentino en esta guerra —militar, logístico, operativo o diplomático— y que reoriente la posición del Estado hacia una salida pacífica, fundada en el cese de las hostilidades, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida humana.

Todavía está a tiempo de evitar una decisión equivocada de consecuencias históricas. Gobernar la Argentina exige responsabilidad ante su pueblo, prudencia frente a un mundo en crisis y compromiso con una política exterior autónoma, guiada por la paz, la soberanía nacional y el pleno respeto a las instituciones democráticas.

Atentamente,

Mónica Fein
Presidenta del Partido Socialista

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Opinión. «Malvinas: tierra irredenta, causa permanente»

La soberanía nacional no se relativiza, no se negocia y no admite ambigüedad

Por Juan Carlos Zabalza / Dirigente del Partido Socialista

La imagen llegó desde París y recorrió el mundo: un diplomático argentino se negó a hablar ante el Parlamento francés mientras en la sala permanecía expuesto un mapa que presentaba a las Islas Malvinas como territorio británico. Un gesto cuya convicción demuestra que nuestra soberanía no se relativiza, no se negocia y no admite ambigüedad. Esa actitud no es otra cosa que el ejercicio cotidiano de una causa que los argentinos venimos sosteniendo desde hace casi dos siglos.

Las Malvinas no son una abstracción, son el nombre concreto de una injusticia que continúa. El 3 de enero de 1833, la fuerza sin derecho del Imperio Británico desplazó a las autoridades argentinas de Puerto Soledad. Desde ese día, la República no ha dejado de reclamar. Y ese reclamo, que nuestro ordenamiento constitucional elevó a la categoría de objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, esta hoy tan vigente como entonces.

Lo que se disputa es la soberanía argentina sobre una parte de nuestro territorio nacional, ocupada por una potencia extranjera desde hace casi dos siglos. Y al mismo tiempo está en juego un principio más amplio, que en el mundo ningún país puede pretender imponer sus intereses por la fuerza ni perpetuar enclaves coloniales en nuestra región.

Quienes combatieron en 1982 merecen toda nuestra admiración y gratitud. Eran jóvenes, en su inmensa mayoría conscriptos provenientes de diversas zonas del país, la mayoría de ellos de hogares humildes y sin preparación ni formación adecuada para semejante responsabilidad, lo que resalta aún más la actitud patriótica de nuestros héroes.

La herencia de Palacios

Hay quienes pretenden que el socialismo, por su vocación internacionalista, miraría con distancia la cuestión Malvinas y este es un error histórico que necesita ser corregido. Nuestro centenario Partido Socialista fue pionero en la defensa de la soberanía sobre las islas, y lo fue con la seriedad y profundidad que le son propias.

En 1934, el senador nacional Alfredo Palacios, el abogado de los pobres, fundador del Nuevo Derecho, pronunció en el Senado de la Nación un alegato valiente e impecable en defensa de la soberanía argentina. Su intervención era al mismo tiempo una clase magistral de historia, un análisis jurídico riguroso y una declaración moral sin concesiones. Su propósito fue “que todos los habitantes de la República supieran que las Malvinas son argentinas y que Gran Bretaña, sin título de soberanía, se había apoderado de ellas por un abuso de fuerza”. Y agregó: “Que el pueblo argentino sepa que nuestro país es el soberano de las Malvinas, tierra irredenta, sometida al extranjero por la ley brutal del más fuerte”.

En la misma casa de Palacios funcionó la primera Junta Pro-Recuperación de las Islas Malvinas. Uno de sus proyectos promovió la traducción al español de la importante obra del escritor francés Paul Groussac, “Les Îles Malouines”, y su distribución en las escuelas de toda la República, para que ningún niño argentino creciera ignorando la historia de esas islas.

El libro de Palacios es una obra de enorme valor, tanto por el estudio sistemático de la cuestión y por los argumentos que despliega para contrastar punto por punto las pretensiones británicas. Una obra que, releyéndola hoy para este aporte a los excombatientes de la querida ciudad de Rosario, parece más necesaria que nunca en un contexto en el que algunos parecen dispuestos a negociar lo que hasta hace poco parecía ser un amplio consenso democrático cuyo mandato resultaba irrenunciable.

En esa misma tradición se inscribe la mirada de Guillermo Estévez Boero, quien sostuvo que la causa Malvinas debía ser asumida como una política permanente de afirmación soberana frente al colonialismo. Para uno de nuestros grandes referentes y amigo, la ocupación británica constituía una agresión que no sólo afectaba a la Argentina sino al conjunto de América latina, por lo que el reclamo debía articularse con una estrategia de unidad regional y movilización democrática de la ciudadanía.

Al mismo tiempo, advertía contra cualquier intento de “desmalvinizar” la conciencia nacional después de la guerra de 1982: el rechazo a la aventura militar de la dictadura no podía implicar el abandono del reclamo histórico ni la indiferencia frente a la persistencia de un enclave colonial en el Atlántico Sur. Por el contrario, sostenía que la defensa de la soberanía debía sostenerse en la participación popular, en la integración latinoamericana y en una acción diplomática firme y persistente que reafirmara el carácter irrenunciable de los derechos argentinos sobre las islas.

El socialismo no solo habló de Malvinas sino que gobernó en consecuencia. Quienes vivimos los años de la gestión del Frente Progresista en la provincia y en la ciudad lo sabemos y estamos orgullosos de recordarlo.

En Rosario fue durante la gestión de Hermes Binner cuando los combatientes de Malvinas desfilaron por primera vez en los míticos actos del Día de la Bandera junto al Monumento. Ese reconocimiento público, en el lugar más emblemático de la ciudad que dio nacimiento a nuestra enseña patria, fue el resultado de una política de memoria y reparación sostenida. Y fue también durante la gestión socialista en la ciudad cuando se construyó el Monumento a los Caídos en Malvinas, inaugurado en 2005 durante la intendencia de Miguel Lifschitz. El cenotafio sobre el Parque Nacional a la Bandera, con los nombres de todos los caídos grabados en mármol negro, es hoy el corazón simbólico de los homenajes en Rosario. Su inauguración fue un acto de justicia que la ciudad le debía a sus héroes.

En la provincia, el gobernador Antonio Bonfatti impulsó y promulgó la ley que extendió la Pensión de Honor de Veteranos de Guerra de Malvinas a los hijos de los beneficiarios, sin límite de edad, en caso de muerte del titular. Recuerdo que esa legislación fue valorada por veteranos de otras provincias y les dio el pie para impulsar proyectos similares.

En tiempos en que desde el gobierno nacional se escuchan declaraciones que siembran confusión sobre nuestra posición soberana, o que revelan admiración por quienes nos siguen ocupando políticamente, la firmeza diplomática no puede ser la excepción sino que debe ser la regla.

La continuidad del acto de barbarismo que implica la ocupación de Malvinas, situación reconocida por la resolución 2.065 de la ONU en tiempos de Arturo Illia como una disputa de soberanía que obliga a establecer una mesa de diálogo, hace imperativo rediseñar la arquitectura de las relaciones internacionales para asegurar una solución pacífica y garantizar el cumplimiento efectivo de los mandatos internacionales.

Cualquier negociación que saque el eje de la soberanía argentina sobre estos territorios del Atlántico Sur resultará perjudicial, no hay zona gris en esto. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Se puede acceder a la publicación completa en el archivo digital de la Fundación Estevez Boero (https://estevezboero.com.ar/); fundación que atesora los libros del dirigente y entre ellos conserva dos ejemplares históricos del libro “Las Islas Malvinas. Archipiélago Argentino” de Alfredo Palacios, que fueron consultados para este texto. Véase:

https://www.estevezboero.com.ar/index.php/archivo-historico/documentos-ps/184-las-malvinas-son-argentinas y

https://estevezboero.com.ar/index.php/archivo-historico/blog-with-1-column/236-desmalvinizar-nunca

 Fuente:  Diario La Capital

Opinión: «La ética como el costo marginal de la política»

Por: Mónica Fein*

En los últimos días el nombre del jefe de Gabinete pasó a estar en boca de todos. No fue por una reforma que aliviara la vida de los argentinos en tiempos de ajuste: lo que puso a Manuel Adorni en el centro de la escena fue la noticia de que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado junto a él en el avión presidencial durante una gira oficial del presidente Milei a Estados Unidos.

Aunque intentó restarle gravedad, Adorni no pudo evitar la reprobación pública. No solo por el viaje, sino porque luego se conocieron presuntos gastos abultados. En un país cansado de la discrecionalidad en el uso de los recursos estatales, la escena resultó elocuente: los que prometían terminar con privilegios de la casta volvieron a mostrar una alarmante familiaridad con ellos.

El hecho es grave, pero lo es todavía más por la contradicción con la narrativa del propio gobierno. En 2024, como vocero presidencial, Adorni anunció el decreto 712: las aeronaves estatales no podrían utilizarse para ninguna actividad ajena a su condición esencial al servicio del poder público. Se presentó la medida como una señal de austeridad y un corte con los abusos de la “vieja política”. Ya como jefe de Gabinete, quedó a cargo de un régimen más estricto para los viajes oficiales, que limitó comitivas y reforzó controles.

La contradicción es demasiado evidente como para disimularla. El mismo gobierno que construyó su legitimidad sobre la denuncia de los privilegios de la “casta” vuelve a aparecer asociado a prácticas que se parecen demasiado a aquellas que decía combatir.

No es la primera vez que sucede algo semejante. En administraciones anteriores también se verificaron usos discrecionales de recursos públicos: ocurrió con Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández. Fue el propio Adorni quien criticó con dureza los viajes de Fabiola Yañez.

Esos antecedentes no justifican los hechos del presente, mucho menos la hipocresía de quienes hacen hoy lo que denunciaban ayer. Tampoco es un episodio aislado: ahí están el caso $Libra, que derivó en investigaciones y pedidos de explicaciones al Presidente, y las graves denuncias en la Andis. Cuando se acumulan los escándalos, deja de tratarse de una excepción y empieza a revelarse un modo de ejercer el poder.

“Vengo a deslomarme a Estados Unidos y quería que me acompañe”, dijo Adorni antes de retractarse. La frase revela una desconexión profunda con la vida real de los argentinos. En este país, quienes de verdad se desloman son millones de trabajadores que sostienen su vida con esfuerzos mucho más duros, menos recompensados y que ni pueden soñar con un viaje así. Muchos otros ya no tienen trabajo formal: en diciembre de 2025 el empleo asalariado privado registrado volvió a caer, mientras la reforma laboral debilitó derechos en nombre de la flexibilidad. Que un alto funcionario invoque su “deslome” para justificar un privilegio costeado con recursos estatales confirma hasta qué punto exigen sacrificios a los ciudadanos de a pie mientras se reservan excepciones para los propios.

Por mucho que Milei intente defenderlo con teorías económicas, no importa si el “costo marginal” del pasaje fue mayor o menor, ni si después se intenta compensar el escándalo con tecnicismos. Lo importante es el criterio expuesto: la confusión entre el interés público y la comodidad personal.

Para quienes provenimos del socialismo, esta discusión es central. El partido al que pertenezco, fundado hace 130 años por Juan B. Justo, nació con la convicción de que la política debía ser herramienta de transformación social, no camino de privilegio personal.

El socialismo argentino insistió en una idea sencilla, pero decisiva: quien interviene en la vida pública debe hacerlo con vocación de servicio, austeridad y respeto por lo que pertenece a la comunidad. Alicia Moreau de Justo, Alfredo Bravo, Héctor Polino, Hermes Binner y Miguel Lifschitz fueron expresión de esa tradición: se fueron de la política como llegaron, sin enriquecerse ni utilizar cargos para beneficio propio. Nuestras experiencias de gestión demostraron que un Estado honesto puede ser activo y eficiente, y que la decencia administrativa es una condición.

La ética pública no es un asunto menor ni una cuestión moral abstracta. Es el corazón de la participación en la esfera pública. Quien cree que todos tienen derecho a vivir mejor no puede administrar el Estado como propiedad privada ni utilizar sus recursos discrecionalmente. El patrimonio público es de la sociedad.

La Argentina necesita discutir con seriedad el vínculo entre política y ética pública. Cuando los ciudadanos perciben que el sacrificio es para unos y la excepción para otros, se erosiona la confianza en las instituciones. Y así, no pierde solo un gobierno: pierde la democracia. La ética pública no puede ser una consigna para los discursos y una excepción para los funcionarios. Debe ser una práctica constante, o no es nada.

*Presidenta del Partido Socialista de Argentina.

Fuente: Diario Perfil

 

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A 50 años del golpe: memoria activa, verdad, justicia y democracia

A 50 años del golpe, elegimos memoria activa.

Seguimos sosteniendo, sin concesiones, la verdad y la justicia. Porque recordar no es mirar al pasado: es construir una sociedad sin violencia, con más derechos y más democracia.

Honramos a las víctimas del terrorismo de Estado, acompañamos a sus familias y reconocemos a quienes, incluso en la oscuridad, defendieron la dignidad humana y las libertades públicas.

Nunca más. Memoria, Verdad, Justicia y Democracia siempre.

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Conferencia y conversatorio en Tucumán a 50 años del golpe de Estado de 1976

En el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, este viernes se realizó una conferencia y conversatorio en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, Distrito Tucumán.

El encuentro contó con la exposición del Dr. Bernardo Lobo Bugeau, quien analizó las implicancias históricas, políticas y sociales del terrorismo de Estado en la Argentina, así como sus consecuencias en la vida democrática y la situación actual de los derechos humanos en el país.

La actividad fue moderada por José Miguel Vera, presidente del Partido Socialista en la provincia, y Ricardo Salas, secretario general. Ambos destacaron la importancia de generar estos espacios de debate y formación política, especialmente en un contexto nacional complejo, en el que resulta fundamental sostener la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la vida democrática.

El evento reunió a militantes, referentes sociales, estudiantes y público en general, quienes participaron activamente e intercambiaron reflexiones en un clima de respeto y compromiso.

Desde la organización subrayaron la necesidad de fortalecer este tipo de iniciativas, orientadas no solo a mantener viva la memoria sobre el pasado reciente, sino también a reafirmar el compromiso con una sociedad más justa, democrática y plural.