Argentina ante una crisis de horizonte

1. El malestar social y la necesidad de reconstruir una esperanza colectiva

La Argentina atraviesa una situación extremadamente compleja. La crisis social se combina con turbulencias económicas, una polarización persistente y una sucesión de escándalos de corrupción que profundizan el desencanto con la vida pública. En ese clima, la convivencia democrática se degrada, los lazos colectivos se debilitan y la idea de un horizonte común parece cada vez más difícil de sostener. Lo que está en juego no es solo cómo atravesar una coyuntura difícil, sino qué modelo de país queremos construir después de años de frustración, inflación, desigualdad y desencanto con la política.

La pregunta que vuelve a los hogares, a los lugares de trabajo, a las universidades, a las pymes, a los barrios y a las ciudades es qué país puede ofrecer todavía un horizonte de vida digna.

El gobierno de Javier Milei llegó al poder expresando un malestar real. Había cansancio frente a una economía que no ordena la vida cotidiana, frente a un Estado que muchas veces no llega a tiempo, frente a privilegios injustificables y frente a una dirigencia que, en demasiadas oportunidades, pareció hablar más de sí misma que de los problemas de la sociedad. Pero una cosa es reconocer las razones de ese enojo y otra muy distinta es aceptar que la salida deba ser la crueldad, el sálvese quien pueda, la destrucción de lo público o el desmantelamiento de todo aquello que permite vivir en comunidad.

El socialismo no subestima el malestar social. Lo escucha, lo comprende y lo toma en serio. Pero también advierte que ese malestar está siendo utilizado para justificar un proyecto profundamente regresivo, desigual y autoritario. En nombre de la libertad, el gobierno impulsa una idea restrictiva de la vida común: cada persona librada a su suerte, cada familia obligada a resolver como pueda aquello que antes formaba parte de una trama mínima de protección social.

Esa orientación se advierte en salarios que pierden poder de compra, precarización e informalidad laboral que crece, jubilaciones empujadas al límite, hogares que ajustan comida, medicamentos, alquileres o tarifas, universidades bajo amenaza presupuestaria, organismos científicos desfinanciados, hospitales exigidos, provincias con recursos menguantes y obras públicas paralizadas.  Lo que se presenta como austeridad y orden económico termina siendo abandono. retroceso social y debilitamiento democrático.    

Para el Socialismo la cuestión central sin resolver es la injusta distribución de la riqueza y la profundización de la desigualdad social. En la Argentina actual, los sectores más concentrados son cada vez más ricos, mientras la inmensa mayoría de la sociedad se empobrece. Las paritarias permanecen condicionadas y, en muchos casos, por debajo de la inflación, lo que provoca una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores formales y la precarización de los informales. Esa caída repercute también sobre quienes viven de la economía informal, profundizando la retracción del consumo y debilitando la vida económica de millones de familias.

Menos consumo significa menos producción, más caída de la actividad y mayor riesgo de desempleo. A este cuadro se suma una apertura económica irracional, que erosiona el entramado industrial del país en sus distintos sectores, debilita las capacidades productivas nacionales y expone a nuestras pymes, comercios, cooperativas, economías regionales e industrias a una competencia desigual. La Argentina necesita estabilidad, pero la estabilidad no puede ser el nombre prolijo de una sociedad más injusta. Si mientras se ordenan algunos números se rompe el tejido social, tarde o temprano también se rompe el futuro. El ajuste no está distribuyendo esfuerzos: está profundizando desigualdades.

La desigualdad no es un daño colateral del modelo. Es una de sus consecuencias centrales. La codicia de un capitalismo cada vez más concentrado profundiza las distancias sociales, rompe la promesa de movilidad ascendente, fragmenta los vínculos comunitarios y convierte derechos básicos en privilegios de mercado. La batalla por la igualdad es, por eso, una batalla por los recursos, por la distribución del ingreso, por la orientación del Estado y por el sentido mismo de la democracia.

El gobierno ha hecho de la motosierra algo más que un instrumento fiscal. La ha convertido en una cultura política. Cortar, enfrentar, insultar, deslegitimar, señalar enemigos, presentar toda diferencia como un antagonismo irreconciliable. Allí donde debería haber discusión democrática, aparece la agresión; donde debería haber búsqueda de acuerdos, aparece la amenaza; donde debería haber sensibilidad frente al sufrimiento, aparece la burla. Ese clima afecta al Congreso, al federalismo, a las universidades, a la ciencia, a la cultura, a las mujeres y a las diversidades, a las organizaciones sociales y, en definitiva, a la idea misma de comunidad democrática.

Tenemos un presidente que no cree en la democracia como sistema de convivencia, representación, deliberación y construcción colectiva. Forma parte de una corriente internacional de pensamiento que concibe a la democracia como una restricción para las libertades económicas, para el poder del mercado y para los intereses de los sectores más concentrados. En ese marco, la manipulación electoral mediante redes sociales, plataformas digitales y empresas que administran grandes volúmenes de datos constituye un riesgo concreto para el futuro democrático.

Las propuestas de reforma electoral del gobierno orientadas a facilitar la reelección presidencial en primera vuelta, junto con la eliminación de restricciones a los aportes de campaña de los sectores concentrados de la economía, son señales claras del rumbo que pretende transitar el gobierno: una Argentina con instituciones más débiles, una democracia más desigual y un poder político cada vez más condicionado por el poder económico. Ese camino no conduce a una república de una ciudadanía libre, sino a una plutocracia donde quienes más tienen pesan más, deciden más y condicionan más.

Frente a ese proyecto, el socialismo debe hablar con claridad. No hay libertad real si la desigualdad decide el destino desde la cuna. No hay democracia plena si el poder económico captura la representación política. No hay futuro compartido si la sociedad se organiza sobre la base del abandono, el privilegio y la indiferencia.

2. Soberanía nacional ante el nuevo desorden global

Como es evidente, la Argentina no vive aislada del mundo. El malestar nacional se produce en una época marcada por el avance de extremas derechas que convierten la incertidumbre social en resentimiento, atacan las mediaciones democráticas y prometen orden a costa de igualdad, derechos y pluralismo.

A ese clima se suma una disputa geopolítica cada vez más intensa. La competencia entre Estados Unidos y China organiza buena parte del escenario global: comercio, tecnología, minerales críticos, energía, alimentos, inteligencia artificial, inversiones y áreas de influencia. El viejo discurso de la globalización feliz quedó atrás: las grandes potencias hablan de libre comercio cuando les conviene y aplican aranceles, sanciones, subsidios industriales y restricciones tecnológicas cuando sus intereses estratégicos están en juego.

En ese mundo, los países que no piensan una estrategia propia quedan condenados a moverse al ritmo de intereses ajenos. La Argentina necesita comerciar con Estados Unidos, con China, con Europa, con Brasil, con América Latina y con el conjunto del mundo; atraer inversiones, abrir mercados y vender alimentos, energía, conocimiento, industria, servicios, litio, tecnología y trabajo argentino. Pero debe hacerlo desde una posición soberana, inteligente y equilibrada: no desde el alineamiento automático ni desde la sumisión ideológica.

El gobierno de Milei confunde la política exterior con la afinidad personal o partidaria. La Argentina no puede actuar como si necesitara padrinos ni aceptar formas de injerencismo, provengan de donde provengan. Ninguna potencia debe condicionar nuestra democracia, nuestra economía ni nuestras decisiones soberanas.

La defensa del interés nacional exige vínculos maduros con todos los países, integración regional, compromiso con la paz, defensa de los derechos humanos y una mirada latinoamericana capaz de ampliar nuestros márgenes de autonomía. No hay libertad nacional cuando las decisiones centrales quedan condicionadas por urgencias financieras, ni soberanía cuando el país se ofrece como pieza menor de una disputa geopolítica que no controla.

Para el socialismo, la soberanía no es una consigna vacía ni una nostalgia declamativa. Es la capacidad concreta de decidir un camino de desarrollo propio, de defender nuestros recursos estratégicos, de agregar valor al trabajo nacional, de fortalecer la ciencia y la tecnología, de cuidar el ambiente, de sostener una política exterior autónoma y de construir una integración regional que amplíe posibilidades para nuestro pueblo.

Una Argentina subordinada, desindustrializada, endeudada y socialmente fracturada no será más libre. Será más dependiente. Por eso, frente al nuevo desorden global, necesitamos una estrategia nacional de desarrollo, producción, conocimiento, integración y justicia social.

3. Construir una alternativa democrática para una Argentina con futuro

Frente a este panorama, la oposición democrática tiene una responsabilidad histórica: construir una alternativa sólida, viable, sensible y transformadora. Una alternativa que pueda decir qué rechaza, pero también qué propone; que pueda enfrentar el ajuste, pero también discutir cómo se estabiliza la economía; que pueda defender derechos, pero también pensar cómo se produce riqueza; que pueda cuidar lo público, pero también mejorar el Estado; que pueda hablar de igualdad, innovación, productividad, trabajo, federalismo y transición ecológica.

El desafío actual es construir una oposición que no quede atrapada en la polarización permanente. Salir de la polarización no significa ser ambiguos frente a la injusticia ni moderar las convicciones hasta volverlas irreconocibles. Significa recuperar la política como una conversación exigente con la sociedad: escuchar a quienes votaron a este gobierno por bronca, cansancio o esperanza de cambio, sin tratarlos como enemigos; hablar con quienes trabajan, las pymes y los sectores que invierten y producen, las cooperativas, las universidades, la ciencia y tecnología, los sectores de la cultura, los movimientos de mujeres, juventudes, organizaciones ambientales, iglesias, clubes, instituciones barriales y gobiernos locales.

La Argentina que viene necesita acuerdos fundamentales. Un acuerdo democrático para defender la Constitución, el Congreso, la libertad de prensa, el federalismo, los derechos humanos y la convivencia pública. Un acuerdo social para que nadie quede abandonado a su suerte. Un acuerdo educativo, científico y productivo para reconocer que no habrá desarrollo sin universidades, escuelas, investigación, tecnología, trabajo, pymes, industria, campo y economías regionales. Y un acuerdo ambiental, feminista y federal para que el crecimiento no signifique depredación, para que la igualdad no retroceda y para que el país no se piense desde el puerto ni desde la especulación financiera.

Pero también necesitamos un acuerdo profundo acerca de cómo se distribuyen las cargas en la sociedad. La distribución de la riqueza y del ingreso es una herramienta fundamental para garantizar la paz social y construir una sociedad más justa y solidaria. La Argentina necesita una reformulación impositiva que garantice equilibrio fiscal, pero un equilibrio fiscal que incluya a la gente y no que la expulse. Un equilibrio fiscal que permita sostener la educación y la salud pública, llevar adelante las obras indispensables para fortalecer la infraestructura económica —rutas, sistemas de redes, puertos, hidrovía, conectividad, energía— y la infraestructura social —escuelas, hospitales, instituciones de cuidado, espacios comunitarios y equipamientos urbanos—.

El país no puede discutir responsabilidad fiscal de espaldas a la desigualdad. No hay cuentas públicas sanas en una sociedad enferma de injusticia. No hay estabilidad duradera si el costo del orden recae siempre sobre quienes trabajan, personas jubiladas, sectores medios, pymes, las provincias y las familias. La verdadera responsabilidad pública consiste en ordenar la economía sin destruir la vida de la gente; producir más riqueza, distribuirla mejor y garantizar que quienes más tienen, más aporten al desarrollo común.

Frente a la enorme crisis de representatividad que atraviesa la política argentina en todos sus ámbitos, también es necesario recuperar la credibilidad de la sociedad en sus representantes. Para eso, es condición necesaria separar toda acción política de los negocios y de los intereses económicos particulares. Urge recuperar la ejemplaridad de la política, la vocación de servicio público y la distancia ética frente a cualquier interés de beneficio personal o incremento patrimonial.

Las y los socialistas tenemos mucho para aportar en ese camino. Nuestra historia y nuestra práctica ofrecen ejemplos de gestiones responsables y austeras de los recursos públicos, de valoración del esfuerzo de cada argentina y cada argentino que paga sus impuestos para contribuir al bienestar general, y de gobiernos que demostraron que se puede administrar con transparencia, sensibilidad social y vocación transformadora.

Orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente, debemos ofrecerle a la sociedad argentina la posibilidad de un manejo sano, transparente y responsable de los recursos que son de todos. Y debemos irradiar, a través de nuestras conductas personales y colectivas, una idea sencilla pero poderosa: no hacemos política para enriquecernos; hacemos política para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestras infancias y juventudes, de las mujeres y de nuestros ancianos.

No se trata de volver al pasado ni de aceptar que el único futuro posible sea una sociedad más desigual, individualista, violenta y dependiente. Hay otro camino. Es el de una economía social y ecológicamente sustentable, con responsabilidad fiscal y responsabilidad humana. Es el camino que combina la inversión privada con la orientación pública del desarrollo. Es el camino que no contrapone la estabilidad macroeconómica con los salarios dignos, las exportaciones con el mercado interno, la producción con la redistribución, la innovación tecnológica con los derechos laborales.

Para caminar ese rumbo hace falta un Estado mejor, no un Estado ausente. Nuestro país merece contar con un Estado transparente, eficiente, democrático, federal y cercano; un Estado que cuide, eduque, cure, investigue, planifique, regule abusos, acompañe a quienes producen y garantice derechos. Un Estado que no sea botín de nadie, pero que tampoco sea demolido por quienes quieren dejar a la sociedad indefensa frente al poder del mercado.

Para el socialismo, la libertad solo es plena cuando se sostiene sobre condiciones reales de igualdad. La libertad de poder estudiar, trabajar con derechos, acceder a la salud, vivir sin violencia, decidir sobre el propio cuerpo, producir sin arbitrariedades, organizarse, participar, habitar un ambiente sano y proyectar una vida sin miedo. No hay libertad real donde la desigualdad decide el destino desde la cuna.

La desigualdad es hoy una de las grandes cuestiones democráticas de nuestro tiempo. No expresa solamente una diferencia de ingresos: expresa una diferencia de poder, de oportunidades, de reconocimiento y de futuro. La desigualdad modifica la vida cotidiana, transforma la sociología de nuestras comunidades, rompe la confianza social, alimenta el miedo, debilita la democracia y abre la puerta a salidas autoritarias. Por eso, la batalla por la igualdad es la batalla por una Argentina más libre, más democrática y más humana.

La Argentina necesita volver a pronunciar la palabra futuro sin ingenuidad, pero también sin resignación. Nuestro país tiene recursos, talentos, universidades, un poderoso entramado científico tecnológico y capacidad de innovación y una sociedad que, incluso golpeada, sigue buscando una salida. Lo que falta no es energía social. Lo que falta es una articulación política capaz de convertir esa energía en un proyecto común.

Por eso, la construcción de una alternativa no puede esperar a la próxima elección ni reducirse a un acuerdo entre dirigencias. Tiene que empezar ahora, en diálogo con la sociedad, en los territorios, en los lugares de trabajo, en las universidades, en las organizaciones sociales, en las pymes, en las cooperativas, en los sindicatos, en los movimientos de mujeres y en cada espacio donde todavía se sostiene la voluntad de construir un país para toda la ciudadanía.

La Argentina necesita un frente para el futuro: un frente amplio, democrático, progresista, federal y plural. Un frente de este tipo no puede nacer solo para derrotar a un gobierno, sino para construir una nueva mayoría social y política alrededor de un programa de estabilidad con justicia, producción con trabajo, derechos con responsabilidad, soberanía con integración y libertad con igualdad.

Esa es la convocatoria que el Partido Socialista realiza con claridad, coraje y esperanza. Convocamos a quienes no aceptan que la crueldad sea una política de Estado. Convocamos a quienes creen que la democracia debe ser defendida, pero también transformada para volver a representar. Convocamos a quienes producen, trabajan, estudian, cuidan, enseñan, investigan, emprenden y sostienen todos los días la vida de la Argentina real. Convocamos a construir una nueva mayoría democrática para que el futuro no sea patrimonio de unos pocos, sino una tarea común.

Ese es el compromiso del socialismo. Contribuir a una Argentina justa, libre, solidaria, productiva, feminista, federal, democrática y sustentable. La Argentina que deseamos no saldrá adelante con odio, subordinación ni abandono, sino con trabajo, conocimiento, solidaridad, producción, derechos, diálogo y acuerdos.

El tiempo de hacerlo es ahora. Podemos tener una Argentina en la que vivir mejor no sea una promesa lejana, sino una tarea común que encarar desde el presente. Ese es el compromiso al que convocamos. Ese es el compromiso con el que ya estamos comprometidos.

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista

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El PS expresa su rechazo a la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la OMS

Desde el Partido Socialista expresamos nuestro profundo rechazo a la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Esta medida aísla al país, debilita la cooperación científica internacional y pone en riesgo el acceso a información estratégica, alertas tempranas y coordinación sanitaria global.

La salud pública no puede quedar subordinada a consignas ideológicas ni a una falsa idea de soberanía que, en los hechos, implica retroceder en derechos y capacidades del Estado. En un contexto mundial atravesado por pandemias, emergencias sanitarias y desafíos epidemiológicos crecientes, romper vínculos con la OMS es una decisión irresponsable e inconveniente para la Argentina.

Desde el socialismo sostenemos que la respuesta a los problemas sanitarios no es el aislamiento, sino más cooperación, más ciencia, más Estado y más políticas públicas basadas en evidencia. La Argentina necesita fortalecer su sistema de salud, no desentenderse de los ámbitos multilaterales que permiten prevenir, coordinar y responder mejor ante crisis sanitarias.

Exhortamos al Gobierno a rever esta decisión y a sostener una política exterior y sanitaria comprometida con la vida, la salud y la integración internacional.

Y anunciamos que en nuestras propuestas programáticas para las elecciones presidenciales de 2027 estarán incluidas las acciones que reinserten al país en los organismos internacionales.

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El Partido Socialista definió que presentará candidatura presidencial propia para 2027

Frente a la grave crisis que atraviesa la sociedad argentina como consecuencia del gobierno Javier Milei, el PS asume el desafío ético de liderar la reconstrucción nacional. A través de una propuesta federal, el PS apuesta a un modelo de desarrollo económico con inclusión, honestidad y un Estado eficiente.

 En el marco de su reciente Encuentro Federal, el Partido Socialista (PS) resolvió de manera unánime consolidar un espacio con vocación nacional, presentar una candidatura propia para las elecciones presidenciales de 2027 y profundizar instancias de diálogo con las organizaciones del trabajo, la producción, la educación, la salud y la cultura.

El encuentro, que se destacó por una masiva participación federal y un rol protagónico de las juventudes partidarias, estuvo encabezado por la presidenta del PS a nivel nacional, Mónica Fein, y el secretario general del partido y diputado nacional, Esteban Paulón.

Un modelo de desarrollo y gestión eficiente

Desde la conducción del PS señalaron que la propuesta para el país se parará sobre cuatro pilares fundamentales: el desarrollo con inclusión social, la producción sostenible, la generación de empleo genuino y el rediseño federal para un país equilibrado y con cohesión social.  Frente a los debates actuales sobre el rol del sector público, el socialismo reafirmó su compromiso con la construcción de un Estado inteligente y eficiente que dé respuestas concretas a la ciudadanía sin caer en burocracias estériles.

«Queremos ofrecerles a los argentinos una alternativa que recupere el valor del trabajo y la producción, de la participación ciudadana y el de la honestidad y la transparencia en la gestión del estado, pilares que caracterizan al socialismo en la Argentina», expresó Fein.

La construcción de esta alternativa cuenta con un fuerte arraigo territorial. Del encuentro participaron destacados legisladores de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, entre ellos Matías Chamorro, Clara García, Juan Rossi, y Joaquín Blanco, quienes coincidieron en la necesidad de articular una propuesta profundamente federal. Del encuentro también participaron el Diputado Nacional Pablo Farías, los ex legisladores Roy Cortina, María Elena Barbagelata, Jesica Barreto, Henry Stegmayer, Erica Hynes, concejales de distintas localidades y el ex Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti entre otros.

Con este paso, el Partido Socialista se posiciona en el escenario político nacional, apostando a la renovación, la fuerza de sus jóvenes y una gestión pública con valores como el camino para reconstruir la Argentina.

Opinión: «Miguel Lifschitz, la política como forma de cuidar»

Este sábado se cumplen cinco años de la muerte del exgobernador de Santa Fe, a causa de Covid. Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista, recuerda aquí su gestión y sus convicciones y sobre todo una forma de hacer política que hoy parece lejana.

A cinco años de la muerte de Miguel Lifschitz, me cuesta hablar de él solo en pasado. Hay ausencias que no se expresan solo en la tristeza que dejan, sino también en la presencia persistente de su ejemplo. Cuando murió, dije que era “mi consejero, mi promotor, mi apoyo, mi contención”.

Miguel murió el 9 de mayo de 2021, en Rosario, por las complicaciones de un cuadro de Covid-19. Hasta poco antes seguía en actividad pública, pensando la provincia, acompañando equipos, imaginando futuros posibles. Su muerte fue una de las tantas que la pandemia volvió más crueles y solitarias. Se fue cuando no podíamos abrazarnos como hubiéramos querido. Y se fue con la frente en alto: no aceptó nada antes que los demás. Tampoco una vacuna. Esperó su turno. Esa decisión condensaba su modo de entender la política: el poder no era un privilegio, sino una responsabilidad.

Había nacido en Rosario en 1955. Se formó en el Instituto Politécnico y en la Universidad Nacional de Rosario, donde se recibió de ingeniero civil. En Miguel, la ingeniería no era frialdad tecnocrática, sino una disciplina al servicio de una convicción política: transformar la realidad exige ideas, organización, equipos, obras concretas y perseverancia. La obra pública, para él, no era una foto: era agua que llegaba a un barrio, una escuela que abría sus puertas, un hospital que dejaba de ser promesa, una calle que conectaba. Fue intendente de Rosario durante dos mandatos, senador provincial, gobernador de Santa Fe y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia. Pero Miguel no acumulaba cargos: asumía responsabilidades. En cada lugar dejaba método, equipos, instituciones, una forma de hacer. Escuchaba mucho, hablaba lo justo y decidía con prudencia y coraje. La ética era su seña de identidad.

Esa ética también se expresaba en su vínculo con las mujeres. Miguel las trataba como pares, confiaba en ellas, las escuchaba y les daba responsabilidades reales. Se rodeó de mujeres en sus equipos no para cumplir con una fórmula, sino porque reconocía su capacidad, su inteligencia y su compromiso. Aunque muchas de nosotras lo éramos y lo somos, Miguel no necesitaba proclamarse feminista para practicar, en los hechos, una forma concreta de igualdad.

“Aunque muchas de nosotras lo éramos y lo somos, Miguel no necesitaba proclamarse feminista para practicar, en los hechos, una forma concreta de igualdad.”

Lo conocí en el socialismo, en esa tradición que nos enseñó que la política solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Miguel, en la senda de Guillermo Estévez Boero y Hermes Binner, encarnaba un socialismo tranquilo: firme, austero, apasionado, sin soberbia ni fanatismo. Un socialismo que se sustanciaba en la salud pública, la educación, la planificación urbana, la descentralización, el presupuesto participativo y un Estado cerca de quienes más lo necesitan.

Rosario fue durante años un laboratorio democrático de esa idea: una ciudad que acercó el municipio a los barrios, abrió canales de participación y construyó servicios públicos con mirada igualitaria. Miguel fue parte fundamental de ese proceso. Lo continuó, lo amplió y le imprimió su estilo: sobrio, trabajador, metódico, cercano. Su modo de comprometerse era estar, escuchar, volver, insistir, cumplir.

Como gobernador, llevó esa lógica a toda Santa Fe. Su gestión estuvo marcada por una inversión pública ambiciosa: hospitales, escuelas, rutas, obras hídricas, infraestructura urbana, espacios públicos y políticas territoriales. En un país donde muchas obras se anuncian más de lo que se concluyen, Miguel tenía una obsesión sana: terminar. Cumplir. Mostrar que el Estado podía planificar y concretar. Sabía que detrás de cada obra había derechos y desigualdades que podían empezar a repararse.

Esa gestión nunca estuvo separada de su perfil ético. Miguel era austero en serio. No hacía de la honestidad una bandera para acusar a otros, sino una conducta cotidiana. Entendía que los bienes públicos no pertenecen a los gobiernos, sino a la ciudadanía. Cuidaba los recursos, los equipos y las instituciones. Esa austeridad se vio también, de manera dolorosa, cuando no aceptó ningún trato especial mientras las vacunas todavía no llegaban para todos.

“Miguel era austero en serio. No hacía de la honestidad una bandera para acusar a otros, sino una conducta cotidiana. Entendía que los bienes públicos no pertenecen a los gobiernos, sino a la ciudadanía. Cuidaba los recursos, los equipos y las instituciones.”

Miguel era, sobre todo, un constructor. En una Argentina crispada, donde tantas veces se premia al que rompe puentes, él creía en el diálogo. Defendía sus ideas con claridad, pero nunca convertía a un adversario en enemigo. Para él, lo central era escuchar, articular, persuadir, sostener acuerdos. Tenía convicciones profundas, pero no era sectario: su identidad socialista lo abría a la sociedad.

Lo extraño como amiga y como militante. Extraño sus llamados, sus consejos, su humor seco, su manera de ordenar una discusión compleja con dos o tres frases precisas. Miguel no prometía soluciones mágicas. Ofrecía trabajo, seriedad, equipos, rumbo. En tiempos de discursos violentos y salidas simplistas, su legado recuerda que la política democrática requiere paciencia, honestidad, cercanía y capacidad de hacer.

A cinco años de su partida, Miguel sigue siendo una presencia: en las obras que dejó, en las instituciones que fortaleció, en los equipos que formó, en los barrios donde alguien recuerda que un día llegó, escuchó y volvió. Miguel creía que gobernar era cuidar: lo común, la gente, la palabra empeñada, la esperanza. Por eso recordarlo no es mirar hacia atrás con nostalgia. Es preguntarnos si estamos a la altura de esa forma ética, cercana y transformadora de hacer política. Quienes lo quisimos, quienes aprendimos de él y quienes seguimos creyendo en un socialismo democrático, austero, popular y profundamente humano, tenemos la responsabilidad de seguir caminando por su senda.

 Fuente: elDiarioAR

1 de Mayo – Día del Trabajador y la Trabajadora

Los derechos laborales no se recortan, se garantizan

Los derechos laborales no fueron una concesión, sino el resultado de luchas colectivas que ampliaron la democracia. Las condiciones laborales, la regulación de las jornadas, el salario digno y la seguridad social son conquistas que marcaron un piso de igualdad sobre el que se construyeron sociedades más justas. 

Desde el Partido Socialista siempre sostuvimos que sin derechos laborales no hay justicia social. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, “la clase trabajadora” se consolidó como un actor central en la vida política y social de nuestro país, y el socialismo fue pionero en esa construcción. Hombres y mujeres articularon la acción política con la organización sindical, promoviendo la participación de las y los trabajadores y defendiendo sus derechos como parte de un proyecto de transformación social.

En ese camino, el Partido Socialista impulsó, por la vía parlamentaria, numerosos proyectos de ley orientados a la defensa, el reconocimiento y la garantía de derechos para las trabajadoras y los trabajadores, cuando nada de esto existía. Entre ellos se destacan el descanso dominical, la jornada laboral de ocho horas, la “Ley de la Silla”, la indemnización por accidentes de trabajo, la jubilación docente, la inembargabilidad del salario, la fijación de un salario mínimo vital y la protección de los derechos de mujeres y niños en contextos laborales.

Esta tarea se sostuvo en una intensa labor legislativa, no solo orientada al reconocimiento efectivo de derechos, sino también al control de su cumplimiento. Como resultado de ese compromiso, promovimos gran parte de las primeras leyes laborales de la Argentina, sentando bases fundamentales para la ampliación de derechos en nuestro país.

Hoy, ese piso vuelve a estar en discusión. En un mundo del trabajo que cambia de forma acelerada, las tecnologías, las plataformas digitales y las trayectorias laborales fragmentadas conviven con altos niveles de informalidad y precarización. 

En este contexto, el trabajo ha dejado de garantizar condiciones de vida dignas para amplios sectores de la sociedad. En los últimos meses, la pérdida de empleo en la industria se ha intensificado, con casi 80 mil puestos destruidos, afectando a uno de los pilares históricos del trabajo formal y con derechos. Detrás de cada empleo de calidad que se pierde hay una familia que ve reducido su ingreso; se trata de un impacto directo sobre las condiciones de vida y sobre la producción nacional. Cuando la industria se retrae, no solo desaparecen puestos de trabajo: también se erosionan las bases del desarrollo y la inclusión social.

La precarización avanza bajo nuevas formas. La supuesta “flexibilidad” del mercado laboral se traduce en mayor inestabilidad, menor protección y más desigualdad. A su vez, cada vez más personas necesitan más de un trabajo para sostener sus ingresos. 

El pluriempleo creció cerca de un 40% en los últimos años, como consecuencia directa de la caída del poder adquisitivo. Este fenómeno se ve impulsado por la expansión de modalidades laborales más inestables, como las plataformas digitales, que permiten acumular ocupaciones pero sin garantizar derechos. Trabajar más horas ya no mejora la calidad de vida; muchas veces apenas permite sostenerla.

Al mismo tiempo, las tareas de cuidado, esenciales para la vida y la economía, siguen sin reconocimiento ni derechos suficientes, y recaen mayoritariamente sobre mujeres, limitando sus posibilidades de inserción y desarrollo en el mundo laboral, reproduciendo desigualdades estructurales y restringiendo su autonomía económica. 

Frente a este escenario, es necesario recuperar una mirada integral sobre el trabajo. No como una mercancía más, sino como un derecho humano fundamental y como organizador de la vida social. Esto implica reconocer todas sus dimensiones, garantizar condiciones dignas y construir políticas públicas que reduzcan las desigualdades.

El futuro del trabajo no puede pensarse sin derechos. Las transformaciones tecnológicas y productivas deben estar al servicio del bienestar social, y no de la concentración de la riqueza. Desde el Partido Socialista, sostenemos que no hay desarrollo posible sin justicia social, y no hay justicia social sin trabajo con derechos. Por eso, en este contexto de ajustes y retrocesos, defendemos nuestras banderas, y rechazamos enérgicamente cualquier intento de reforma o ataque a las conquistas y derechos adquiridos.

El trabajo no es un privilegio, es un derecho conquistado con lucha, organización y solidaridad, y como tal debe ser garantizado sin concesiones. No partimos de cero. Cada derecho, cada mejora, cada conquista es fruto de la fuerza colectiva de quienes no se resignaron. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos profundizar una mayor unidad para defender lo logrado frente a cualquier intento de retroceso y para avanzar sobre lo que aún falta. No hay dignidad sin trabajo, ni justicia social sin igualdad real de oportunidades. Defender el trabajo es sostener la historia de nuestras luchas y abrir el camino hacia un futuro con más derechos, más inclusión y más justicia para todos y todas.

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