Desde la Secretaría de Discapacidad del Partido Socialista, expresamos nuestra profunda preocupación ante la falta de condiciones de accesibilidad electoral que garanticen a las personas con discapacidad el ejercicio pleno y autónomo del derecho al voto en igualdad de condiciones.
El Estado argentino, al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley N° 26.378 y otorgarle jerarquía constitucional por Ley N° 27.044, asumió la obligación de asegurar la participación política de las personas con discapacidad sin discriminación alguna. El artículo 29 de la Convención establece que los Estados deben garantizar la posibilidad de votar y ser elegidas de manera libre, secreta e informada, adoptando todas las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho. Sin embargo, esta obligación no se cumple.
La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) nacional significa un salto importante en la calidad del sistema electoral, pero en este contexto, expone nuevamente la falta de decisión política para garantizar la accesibilidad como principio rector. El problema no radica en el instrumento en sí, sino en la ausencia de una planificación que contemple apoyos, ajustes razonables y formatos accesibles que permitan votar en igualdad de condiciones.
La boleta única podría haber sido una oportunidad para fortalecer la participación democrática; al no haber voluntad política de derribar las barreras se transformó en otro dispositivo que reproduce exclusiones y mantiene desigualdades, impidiendo la participación autónoma. Esta situación se vuelve más alarmante y paradójica si consideramos que, en los últimos años, el movimiento de personas con discapacidad ha crecido como actor político y social: nos hemos organizado de forma federal, construimos redes de incidencia, marchamos, elaboramos propuestas, protagonizamos debates públicos y logramos instalar nuestras demandas en la agenda política.
Paradójicamente, mientras más nos organizamos, menos garantizado está nuestro derecho a participar. Hoy, el colectivo que más ha aportado a ampliar los horizontes democráticos enfrenta obstáculos estructurales para ejercer la ciudadanía política. La falta de accesibilidad electoral no es un detalle administrativo: es una expresión del capacitismo institucional y de la persistente negación de las personas con discapacidad como sujetos políticos plenos.
Un proceso electoral que excluye, directa o indirectamente, a una parte de la ciudadanía debilita la democracia y vacía de contenido la igualdad ante la ley.
Desde el Partido Socialista, reafirmamos que la accesibilidad es una condición de la democracia. Exigimos al Estado argentino que implemente políticas públicas efectivas y sostenidas que garanticen la accesibilidad física, comunicacional, cognitiva y digitales en todas las etapas del proceso electoral, incluyendo el rediseño participativo y accesible de los mecanismos de votación.
Asegurar que las personas con discapacidad podamos votar con autonomía, libertad y dignidad no es una concesión: es una obligación jurídica, ética y política. Cumplir con la Convención es honrar el compromiso democrático de un país que debe aspirar a que nadie quede fuera de la participación política por motivos de discapacidad. Sin accesibilidad, no hay democracia plena.
Gabriela Bruno
Secretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad Partido Socialista
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