Mes: enero 2026

El Partido Socialista de Argentina expresa su firme condena al ataque norteamericano a Venezuela.

El país sudamericano hace años que vive un proceso de degradación institucional que se consolidó con la realización de elecciones fraudulentas en 2024 y la instauración de un gobierno ilegítimo a cargo de Nicolás Maduro.

La crisis política, social y humanitaria ha expulsado a millones de venezolanas y venezolanos que tuvieron que salir de su país para construir un horizonte de progreso.

Sin embargo, bajo ningún punto de vista se puede admitir que una potencia extranjera haga uso unilateral de la fuerza para imponer un cambio de régimen.

Argentina debe ratificar su posición histórica de condena al uso de la fuerza y la violencia para la resolución de los conflictos.

Esta escalada de violencia, amenaza a la región como zona de paz y recuerda los peores momentos de injerencia en América Latina. Por eso, la comunidad internacional debe actuar con firmeza a través de Naciones Unidas, privilegiando la diplomacia y la desescalada.

El futuro de la democracia en Venezuela deben ser un proceso resuelto pura y exclusivamente por los venezolanos en un trabajo conjunto con la comunidad internacional.

Frente al ataque masivo a Caracas llamamos a defender el principio de soberanía e independencia de los pueblos.

Y a la comunidad internacional a construir a través del dialogo una salida democrática para Venezuela en paz y con la plena vigencia del derecho internacional y los derechos humanos.

Desde el Partido Socialista de Argentina manifestamos nuestro más enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera unilateral y opaca la Ley de Inteligencia Nacional. En una democracia plena, no existe «necesidad» ni «urgencia» que valide eludir el debate parlamentario en temas que afectan directamente los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía.

Una amenaza a la convivencia democrática.

El socialismo ha sostenido históricamente que el control civil y parlamentario sobre los organismos de inteligencia es una condición sine qua non para evitar los abusos del pasado. Observamos con extrema preocupación los siguientes puntos del decreto:

* Opacidad Generalizada: Declarar el «carácter encubierto» de todas las actividades de inteligencia es un retroceso alarmante hacia la cultura del secreto, debilitando los mecanismos de transparencia que deben regir sobre los fondos y las acciones públicas.

* Vigilancia sobre la Sociedad: Extender la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional no es una medida de seguridad, sino una herramienta de control social que pone bajo sospecha a trabajadores y ciudadanos, desvirtuando la función específica de estos organismos.

* Hacia una Policía Política: Otorgar facultades de aprehensión al personal de inteligencia quiebra el consenso democrático alcanzado desde 1983. No podemos permitir la configuración de una «policía secreta» con facultades para actuar por fuera de los marcos legales y de seguridad ciudadana ordinarios.

Exigencia de control institucional.

La seguridad nacional no puede ser la excusa para el debilitamiento del Estado de Derecho. Exigimos la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El Congreso de la Nación debe ser el escenario donde se discuta cualquier reforma, de cara a la sociedad y con la participación de especialistas y organizaciones de derechos humanos.

La Libertad se construye con Transparencia y Democracia.

Ni opacidad, ni persecución, ni atropello institucional.  Coherentes con nuestra tradición de defensa de las libertades y la transparencia, desde el Partido Socialista decimos NO a la reforma de inteligencia por decreto. El control público es la única garantía contra el autoritarismo.