Hoy se cumple un año de que el Senado de la Nación convirtiera en ley la Emergencia en Discapacidad. Una norma aprobada con un consenso político excepcional: 56 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención, luego de haber obtenido también una amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
La ley cumple su primer año y el Gobierno nacional sigue sin asumir la responsabilidad de hacerla efectiva, luego de tanto militarla las personas con discapacidad, familias, organizaciones, prestadores, trabajadores y trabajadoras del sector.
Aquella votación fue la respuesta institucional a un duro reclamo. Fue el reconocimiento de que el Estado tenía la obligación de intervenir para garantizar derechos que estaban siendo vulnerados.
Sin embargo, un año después, ese consenso democrático contrasta con la decisión política del gobierno nacional de desoír el mandato del Congreso y de responder a la emergencia con una lógica de ajuste. El veto presidencial primero, y una reglamentación que restringió el alcance de la ley después, evidenciaron una concepción que considera al gasto social un problema y no una inversión indispensable para garantizar derechos humanos.
Desde el Partido Socialista sostenemos que la discapacidad no puede abordarse desde la perspectiva del recorte presupuestario. Cuando se desfinancian las prestaciones, se retrasan los aranceles, se debilitan las pensiones, se ponen obstáculos para acceder a los apoyos o se precariza el funcionamiento de las instituciones, lo que se ajusta no son partidas presupuestarias: se ajustan proyectos de vida, autonomías y oportunidades.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, obliga al Estado a promover la vida independiente, los apoyos necesarios, la accesibilidad y la participación plena. Esos compromisos no pueden quedar subordinados a una política económica que abandona a quienes más necesitan de la presencia estatal.
La unanimidad alcanzada en el Congreso dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente: cuando se escucha a la sociedad y se pone en el centro la dignidad de las personas, es posible construir acuerdos amplios para ampliar derechos. Ese es el camino que defendemos.
A un año de aquella histórica votación, renovamos nuestro compromiso con las personas con discapacidad y sus organizaciones. Seguiremos impulsando políticas públicas que fortalezcan un sistema de apoyos accesible, sostenible y con financiamiento adecuado, porque una sociedad democrática se mide por la forma en que garantiza los derechos de quienes históricamente han enfrentado más barreras.
La Ley de Emergencia en Discapacidad es una conquista colectiva. Cumplió un año. Ahora le toca al Gobierno cumplir con ella.
