Desde el Partido Socialista venimos denunciando el sistemático desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso al gas envasado para millones de familias argentinas. Los recortes al Programa Hogar, su reemplazo por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), las crecientes dificultades para acceder al beneficio y la pérdida de poder adquisitivo del subsidio frente al aumento del precio de las garrafas forman parte de una misma decisión política: retirar al Estado de un área esencial y trasladar el costo de la crisis a quienes menos tienen.
El mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Argentina atraviesa una profunda reconfiguración estructural debido a las recientes medidas oficiales, que combinan la desregulación de las tarifas con un cambio drástico en la asistencia estatal para los sectores vulnerables.
1 Desregulación y liberación de precios
El punto de quiebre normativo se dio con la implementación del Decreto 446/2025. Esta medida eliminó el esquema de precios máximos obligatorios que regía para el sector, dando paso a un sistema de precios libres. A partir de este decreto, la intervención del Estado quedó estrictamente limitada a la fiscalización comercial y a garantizar las normativas de seguridad, dejando que el valor de las garrafas se determine por el libre juego de la oferta y la demanda.
2 Pérdida del poder de cobertura estatal
Como consecuencia directa de la liberación del mercado, el precio de las garrafas sufrió aumentos significativos. En contraste, el monto de asistencia económica estatal permaneció prácticamente congelado. De acuerdo con datos oficiales de la propia Secretaría de Energía, esta licuación del beneficio provocó que el subsidio actual apenas llegue a cubrir cerca del 8,5% del valor total de una garrafa de 10 kg, perdiendo su impacto original en el bolsillo de los usuarios.
3 Irregularidades y suspensión de asistencia
A la pérdida del poder adquisitivo del subsidio se sumaron severas fallas en la continuidad del beneficio. A lo largo de 2024 y durante gran parte de 2025, las transferencias monetarias hacia los beneficiarios fueron suspendidas o liquidadas de manera irregular. Desde los organismos oficiales se justificaron estas interrupciones en la realización de auditorías profundas y en la revisión de los padrones de asistencia, una situación que dejó sin un acompañamiento económico efectivo a millones de hogares.
4 Fin del Programa Hogar y nacimiento del ReSEF
Para consolidar este nuevo modelo de gestión, el Gobierno determinó la eliminación definitiva del histórico Programa Hogar. En su lugar, se creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este nuevo paradigma introduce tres cambios operativos fundamentales:
Nueva inscripción: Obliga a los usuarios a realizar un reempadronamiento de forma estrictamente digital.
Fin del depósito automático: Se elimina el cobro directo en cuenta corriente o de la seguridad social a través de la ANSES.
Formato de reintegro: La asistencia ya no se deposita de forma previa, sino que se transforma en un reintegro posterior a la compra, condicionado a que la transacción se realice mediante medios electrónicos de pago específicos.
Más barreras para el acceso. Menos protección para quienes más la necesitan.
El Programa Hogar llegó a contar con cerca de 3.900.000 beneficiarios. En cambio, el nuevo esquema redujo significativamente su alcance (alrededor de 200.000 inscriptos) y, además, incorporó nuevas exigencias para acceder al beneficio. Con el RESEF, las personas deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), utilizar billeteras virtuales y afrontar previamente el costo total de la garrafa para luego recibir el reintegro.
A estas dificultades se suman otros requisitos, como contar con una cuenta en el Banco Nación, utilizar la aplicación MODO desde un teléfono celular y disponer de recursos económicos y de movilidad para retirar la garrafa en los escasos puntos de entrega habilitados en cada distrito.
Quienes no tienen acceso a internet, un teléfono inteligente, una billetera virtual o medios para trasladarse y transportar la garrafa enfrentan obstáculos cada vez mayores para acceder a un subsidio que debería estar destinado precisamente a proteger a los sectores más vulnerables.
Menos regulación, más desigualdad
Ahora el Gobierno nacional pretende avanzar un paso más a través del anteproyecto de Ley de Desregulación es una ambiciosa propuesta legislativa elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, que en su Art. 10, propone la derogación de la Ley N.º 26.020, que fija las reglas para la industria y venta del gas licuado de petróleo (GLP), -conocido comúnmente como el gas en garrafas-; eliminando los precios de referencia y herramientas fundamentales para regular el mercado de las garrafas, garantizar el abastecimiento y proteger a los usuarios frente a abusos de posición dominante.
Esta iniciativa desconoce una realidad que los propios datos oficiales confirman y que reflejan que es un tema de impacto federal: no es un tema únicamente del Gran Buenos Aires; atraviesa a todas las provincias argentinas, en especial a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa donde el acceso al gas en red es muy bajo. Según el INDEC, el 43,9% de la población argentina (20.034.720 personas) utiliza mayoritariamente el gas de garrafa. Cerca del 39,5% de la población en los aglomerados urbanos no tiene acceso al gas de red y depende principalmente de garrafas. Esta falta de infraestructura afecta de manera grave a los sectores más vulnerables: solo el 30% de las personas en situación de pobreza y el 27,9% de los indigentes poseen conexión a la red de gas natural. Es decir, millones de hogares dependen exclusivamente de la garrafa para cocinar, calefaccionarse y atravesar el invierno en condiciones dignas.
Cabe destacar además, que quienes no cuentan con acceso a la red de gas deben recurrir al gas envasado, que tiene un costo significativamente mayor, profundizando las desigualdades entre los hogares.
En este contexto, eliminar la capacidad del Estado para intervenir en un mercado tan sensible implica dejar un derecho esencial librado exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda. Cuando desaparecen las herramientas de regulación, aumentan los precios, se profundizan las desigualdades territoriales y las familias de menores ingresos son las primeras perjudicadas.
No se trata únicamente del funcionamiento de un mercado. Se trata de garantizar el acceso a un servicio básico para millones de argentinos y argentinas que todavía esperan la expansión de las redes de gas y que no pueden quedar abandonados a su suerte.
La energía es un derecho, no un privilegio
Desde el Partido Socialista reafirmamos que el acceso a la energía es un derecho humano y una condición indispensable para una vida digna. Rechazamos la derogación de la Ley N.º 26.020 y exigimos políticas públicas que fortalezcan el acceso al gas envasado, recuperen el alcance del Programa Hogar, aseguren subsidios suficientes para quienes más lo necesitan y preserven las herramientas de regulación que protegen el interés general.
Los precios de los bienes esenciales deben ser justos y razonables. Cuando una política pública dificulta el acceso a un derecho básico, no está haciendo más eficiente al Estado: está profundizando la desigualdad y dejando aún más desprotegidas a las personas que más necesitan de su presencia.
La política debe poner a las personas por encima del mercado. Debe regular cuando es necesario, proteger a quienes más lo necesitan y garantizar derechos.
Mientras no exista una política sostenida de inversión para ampliar la red de gas natural, y millones de familias continúen dependiendo de una garrafa para cocinar, calefaccionarse o calentar agua; el Estado no puede retirarse. Debe estar presente garantizando acceso, equidad y precios justos.
Porque garantizar el acceso a la energía es garantizar las condiciones básicas para una vida digna.
