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Juan Carlos Zabalza

Adriana Kreiman

Carlos Constenla

Modera: María Elena Barbagelata

Secretaria de Derechos Humanos del Partido Socialista

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Ante las nuevas revelaciones del caso Libra, que indican que se habría planificado el pago de coimas, el Presidente de la Nación debe dar explicaciones urgentes. Las maniobras dilatorias para la creación de una comisión investigadora en el Congreso y las demoras en la Justicia —en la investigación a cargo del fiscal Taiano— exponen una situación de enorme gravedad institucional.

Todas las encuestas muestran que la corrupción ha pasado a ser la principal preocupación de la sociedad argentina. En una semana en la que el gobierno parece alejarse de la promesa del contrato electoral —el fin de los privilegios y la lucha contra la corrupción— más que nunca el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia deben dar explicaciones.

El Partido Socialista siempre cuestionó la falta de transparencia de los gobiernos. Por eso, frente a hechos de esta gravedad, reafirmamos la necesidad de una investigación seria, independiente y sin dilaciones, y de que todos los funcionarios involucrados den las explicaciones que la sociedad merece.

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El Partido Socialista rechaza la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno Nacional porque constituye un claro retroceso en la protección ambiental alcanzada en nuestro país. No está en debate solo una norma, sino la decisión política de proteger o debilitar una reserva hídrica estratégica para el presente y el futuro de la Argentina. 

La discusión no se reduce en cuántos kilómetros cuadrados quedan bajo una categoría u otra, sino en la responsabilidad del Estado de resguardar el agua como bien común. Los glaciares son reservas fundamentales de agua dulce y cumplen una función ambiental esencial. Debilitar su protección en nombre de una supuesta atracción de inversiones implica asumir riesgos irreversibles.

Desde el Partido Socialista hemos sostenido históricamente una posición firme en defensa del ambiente. Fuimos parte activa del debate y sanción de la Ley de Glaciares en 2010, convencidos de la necesidad de proteger nuestro patrimonio natural con reglas claras y zonas expresamente resguardadas. La actividad productiva no se detuvo por esa normativa; por el contrario, ganó previsibilidad y redujo la conflictividad. Presentar esta reforma como garantía de “seguridad jurídica” resulta engañoso, debido a que bajar estándares ambientales puede generar más conflictos, más litigios y mayor incertidumbre, incluso frente a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

No se trata de elegir entre producción y ambiente, sino de definir qué modelo de desarrollo queremos. El Partido Socialista sostiene un camino de desarrollo sostenible, con reglas claras que cuiden el agua y potencien el desarrollo económico local y regional priorizando el interés colectivo por sobre cualquier presión coyuntural. El agua es un derecho y un bien común que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras

Reforma laboral: modernizar no es retroceder. Trabajo digno y desarrollo productivo.

“La discusión laboral no puede reducirse a ‘flexibilizar’ derechos. Desde el Partido Socialista sostenemos que el proyecto de reforma laboral que impulsa Milei es claramente regresivo: recorta garantías y elude el debate de fondo; cómo impulsar el desarrollo económico y generar empleo digno.”

En este, marco, desde el Partido Socialista Impulsamos una reforma laboral con los siguientes ejes de discusión:

Regulación específica para MiPyME. Un marco moderno que simplifique cumplimiento, reduzca costos administrativos, promueva formalización y acceso a financiamiento, sin degradar derechos. La previsibilidad debe construirse con reglas claras e incentivos a registrar, no con precarización.

Reducción progresiva de la jornada hacia 40 horas semanales. Con criterios de gradualidad, negociación colectiva y acompañamiento para sectores sensibles, tomando aprendizajes regionales.

Mejores condiciones para trabajadores y trabajadoras de plataformas. Presunción de laboralidad cuando corresponda, derechos de seguridad social, transparencia algorítmica y reglas sobre tiempos, remuneración, desconexión y seguridad.

Derecho universal a la formación continua. Un sistema nacional de formación y reconversión, con participación de Estado, sindicatos y empresas, para transiciones tecnológicas justas y movilidad ascendente. La tecnología no debe expulsar: debe abrir oportunidades.

Previsibilidad judicial basada en evidencia. Construir estadísticas públicas y federales sobre conflictividad laboral (motivos, duración real, cuellos de botella), mejorar instancias de conciliación, y reducir demoras evitables. El objetivo es doble: garantías efectivas para trabajadores y certeza razonable para MiPyME, con justicia rápida y accesible.

Políticas activas para fomentar al trabajo digno. Impulsar Comités Mixtos de Seguridad e Higiene con capacidad real de prevención y control en los lugares de trabajo, articulados con políticas públicas de salud laboral y prevención de riesgos.

Agenda de cuidados y ampliación del concepto de trabajo, incorporando empleo formal y derechos donde hoy hay desigualdad, con especial impacto en la autonomía económica de las mujeres.

Desde el Partido Socialista creemos que la discusión central que la Argentina necesita es un acuerdo entre el gobierno, los sectores productivos y del trabajo sobre un modelo de desarrollo productivo sostenible que genere trabajo digno y de calidad, reconociendo las nuevas relaciones laborales, la vertiginosa transformación tecnológica y las nuevas dinámicas de la vida social.

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El Partido Socialista de Argentina expresa su firme condena al ataque norteamericano a Venezuela.

El país sudamericano hace años que vive un proceso de degradación institucional que se consolidó con la realización de elecciones fraudulentas en 2024 y la instauración de un gobierno ilegítimo a cargo de Nicolás Maduro.

La crisis política, social y humanitaria ha expulsado a millones de venezolanas y venezolanos que tuvieron que salir de su país para construir un horizonte de progreso.

Sin embargo, bajo ningún punto de vista se puede admitir que una potencia extranjera haga uso unilateral de la fuerza para imponer un cambio de régimen.

Argentina debe ratificar su posición histórica de condena al uso de la fuerza y la violencia para la resolución de los conflictos.

Esta escalada de violencia, amenaza a la región como zona de paz y recuerda los peores momentos de injerencia en América Latina. Por eso, la comunidad internacional debe actuar con firmeza a través de Naciones Unidas, privilegiando la diplomacia y la desescalada.

El futuro de la democracia en Venezuela deben ser un proceso resuelto pura y exclusivamente por los venezolanos en un trabajo conjunto con la comunidad internacional.

Frente al ataque masivo a Caracas llamamos a defender el principio de soberanía e independencia de los pueblos.

Y a la comunidad internacional a construir a través del dialogo una salida democrática para Venezuela en paz y con la plena vigencia del derecho internacional y los derechos humanos.

Desde el Partido Socialista de Argentina manifestamos nuestro más enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera unilateral y opaca la Ley de Inteligencia Nacional. En una democracia plena, no existe «necesidad» ni «urgencia» que valide eludir el debate parlamentario en temas que afectan directamente los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía.

Una amenaza a la convivencia democrática.

El socialismo ha sostenido históricamente que el control civil y parlamentario sobre los organismos de inteligencia es una condición sine qua non para evitar los abusos del pasado. Observamos con extrema preocupación los siguientes puntos del decreto:

* Opacidad Generalizada: Declarar el «carácter encubierto» de todas las actividades de inteligencia es un retroceso alarmante hacia la cultura del secreto, debilitando los mecanismos de transparencia que deben regir sobre los fondos y las acciones públicas.

* Vigilancia sobre la Sociedad: Extender la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional no es una medida de seguridad, sino una herramienta de control social que pone bajo sospecha a trabajadores y ciudadanos, desvirtuando la función específica de estos organismos.

* Hacia una Policía Política: Otorgar facultades de aprehensión al personal de inteligencia quiebra el consenso democrático alcanzado desde 1983. No podemos permitir la configuración de una «policía secreta» con facultades para actuar por fuera de los marcos legales y de seguridad ciudadana ordinarios.

Exigencia de control institucional.

La seguridad nacional no puede ser la excusa para el debilitamiento del Estado de Derecho. Exigimos la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El Congreso de la Nación debe ser el escenario donde se discuta cualquier reforma, de cara a la sociedad y con la participación de especialistas y organizaciones de derechos humanos.

La Libertad se construye con Transparencia y Democracia.

Ni opacidad, ni persecución, ni atropello institucional.  Coherentes con nuestra tradición de defensa de las libertades y la transparencia, desde el Partido Socialista decimos NO a la reforma de inteligencia por decreto. El control público es la única garantía contra el autoritarismo.