Acompañamos el reclamo llevado a cabo en diferentes ciudades del país, por personas con discapacidad, familias, profesionales y organizaciones de y para personas con discapacidad, preocupados y alarmados por el impacto que generará la desregulación del nomenclador que establece un valor único y obligatorio de las prestaciones por discapacidad. Situación que profundizará las desigualdades sociales, dejando en desamparo a quienes no tienen posibilidad de costearlo. Es un atentado a todo lo que garantiza la Ley 24901: “Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad”.
Dicha Ley fue un gran avance en términos de garantía de derechos para las personas con discapacidad, allá por 1997, de la mano de autor: diputado Guillermo Estévez Boero. Normativa que obliga a las obras sociales a brindar servicios a personas con discapacidad, y abarca aspectos como prevención, rehabilitación integral, educación en establecimientos comunes y especializados, capacitación laboral y hasta asistencia en requerimientos básicos de hábitat, alimentación y atención especializada.