Venezuela: transparencia, paz e institucionalidad

Frente a la escalada de violencia, y ante la necesidad de dar transparencia al proceso electoral venezolano, es urgente que el CNE publique las actas electorales y se retome el diálogo democrático en el país.

Compartimos el comunicado de Alianza Progresista de las Américas: AQUÍ

Hay que dar vuelta la lupa

Nota de Opinión.

Es alarmante el claro ataque hacia el colectivo de personas con discapacidad. Es evidente que la caja de ANDIS les seduce y la necesitan para llevar adelante su plan de crueldad: que es acumulación de dinero para que los números les cierren a costa del hambre del pueblo.

Con este manto de sospecha que están haciendo, poniendo en tela de juicio todo y diciendo curiosamente que “solo el 7% cumplen con los requisitos establecidos” (fuente Infobae). Están diciendo con todas las letras -o números- el impacto del recorte, es decir 93% de las actuales PNC (pensión nacional no contributiva).

Al respecto, observo: ¿creen que el crecimiento en América Latina en estos últimos 20 años de este tipo de pensiones es casual? No, decididamente no, es un paliativo a la pobreza, las personas con y sin discapacidad necesitamos acceder al trabajo, a empleo, poder ganarnos nuestro sueldo con dignidad y no recibir una ayuda económica debiendo acreditar indigencia + incapacidad. Al día de hoy, y tal como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y leyes de más de 40 años en Argentina, debemos acceder al trabajo, así como a los apoyos y accesibilidad necesaria para poder realizarlo.

En este avasallamiento de derechos no se avizora horizonte de trabajo, sólo se ve injusticia y pobreza extrema. Vuelve el modelo de prescindencia… quieren prescindir de nosotros/as!

Esto mismo ocurrió en el Gobierno de Macri… De la mano del recorte en pensiones está la reducción del Programa Incluir Salud, que es quien financia el derecho a acceder a centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transporte, estimulación temprana, acompañantes terapéuticos, etc. a quienes cobran la pensión y que no tienen otra manera de resolverlo. Entonces esa gran caja que es hoy el Programa Incluir también sería tomada por ellos, ya que dicen que están mal otorgadas las pensiones… ¿Quién pasaría a cubrir todo eso? Las provincias… este desfinanciamiento recae directamente sobre los gobiernos provinciales, ya que los/as ciudadanos/as con discapacidad seguirán necesitando lo mismo que hoy y el gobierno nacional dice que es un curro…

ANDIS tiene además la gran caja de lo inherente a la «Ley de Cheques» (N° 25730) que son fondos para obras, transporte y equipamiento que «bajaba» a las organizaciones (públicas o privadas) que trabajan con personas con discapacidad, a través de programas muy bien instrumentados. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Qué digan por favor cómo llegará a impactar en las personas con discapacidad? Ya que eran políticas directas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas y son recursos destinados para ese fin.

Gabriela Bruno

Secretaría de Inclusión de las Personas con Discapacidad del Partido Socialista

Fein advierte por la situación “alarmante” en el área discapacidad y por “el desguace del Estado no tiene límites”

La diputada santafecina alertó que el organismo no tiene presupuesto actualizado, se han despedido a 350 trabajadores y se desactivó el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

La diputada nacional Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) alertó que el ajuste económico y desmantelamiento del Estado que propone el programa del Gobierno nacional, incluye también la desjerarquización y desfinanciamiento de las políticas de discapacidad.

Así, contó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “actualmente no tiene presupuesto, han cerrado sus oficinas del interior del país y fue trasladada a la órbita del Ministerio de Salud”, y analizó: “Esto implica un gran retroceso en derechos obtenidos porque deben garantizarse condiciones y políticas inclusivas, donde las personas puedan desarrollarse en educación, trabajo, tener una vida digna”.

El organismo encargado de implementar las políticas públicas y proteger los derechos de las personas con discapacidad este año “no tiene presupuesto actualizado, se ha desactivado el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, han despedido a 350 de sus trabajadores de oficinas de todo el país (al menos 16 de ellas con discapacidad), y se ha dado la espalda a una conquista histórica: que los ámbitos de toma de decisiones sean ocupados por las personas con discapacidad, en el marco del derecho a la participación política”, precisó.

“Hemos presentado un proyecto para que se rectifique esta decisión, ya que transferir la ANDIS al Ministerio de Salud implica un abordaje absolutamente médico de las personas con discapacidad, cuando hasta el momento se aseguraban sus libertades e inclusión en todos los aspectos de la vida, yendo en línea con las convenciones internacionales de derechos humanos”, argumentó Fein.

Las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU las políticas generales y sectoriales del gobierno de Javier Milei y la ausencia de medidas de protección hacia las personas con discapacidad.

“Los impactos generales de las decisiones económicas, los efectos desreguladores del DNU 70/23 en campos como el de la salud, los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos para las personas con discapacidad, la suspensión de políticas urgentes como el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud, son algunos de los puntos centrales relevados”, sostuvo.

“Este gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado. Preocupa que el Director actual de la agencia no tenga ningún vínculo reconocido ni trayectoria pública en el campo de la discapacidad y que solo tiene el mérito de haber sido abogado particular del presidente en diversas causas”, concluyó la legisladora.

Fein: «Hay una clara decisión de borrar los derechos conseguidos por las mujeres»

En el marco de la convocatoria “La violencia sigue, las políticas faltan”, la diputada nacional Mónica Fein se manifestó en defensa de las políticas para las mujeres, niñas y adolescentes de Argentina. El objetivo del encuentro fue redactar un Petitorio Nacional a favor de políticas que los y las protejan.

Participaron diputadas y diputados, dirigentes y referentes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y académicas de siete provincias distintas quienes expresaron preocupación y consternación, y planificaron una serie de reuniones de trabajo que conduzcan a una acción común federal para que vuelva a crearse un organismo específico que articule todas las políticas de género.

La legisladora sostuvo a su turno que “hay una clara decisión de invisibilizar los problemas que tenemos las mujeres, de borrar todo lo que hemos conseguido colectivamente en políticas de protección y de visibilización, se pretenden eliminar todos los logros que hemos conseguido a partir de nuestra lucha”.

“Este petitorio es una convocatoria para todas las mujeres que han sido las actoras de las luchas y conquistas que hemos conseguido, para que se sumen a exigir los derechos que hemos conquistado y vayamos por los que aún nos falta conquistar”, finalizó.

La reunión concluyó en la necesidad de cambiar el modo en que deben comunicarse con el poder político, el millón de firmas al que como mínimo quieren llegar con el petitorio, la importancia de terminar con los discursos de odio, y la urgente redacción de un listado de políticas esenciales sin los cuales las mujeres quedarían en una situación de desprotección.

Adhirieron y participaron del encuentro las diputadas Carla Carrizo, Natalia Sarapura, Marcela Coli, Mariela Coletta, Marcela Antola, Danya Tavela, Margarita Stolbizer, Gabriela Brouwer de Konig, Melina Giorgi, la dirigente María Luisa Storani, Mariana López, legisladoras provinciales, más de 30 asociaciones civiles, funcionarios y directivos de distintos organismos públicos, representantes de los ámbitos académicos, deportivos y sindicales, y referentes de distintos partidos políticos.