Ni un paso atrás sobre las conquistas de derechos de las mujeres y disidencias
La igualdad ante la ley es un principio constitucional para dar un marco de reconocimiento y tratamiento igualitario, una condición formal que luego entra en conflicto con la realidad, ante las situaciones de desigualdad.
En Argentina, hemos avanzado en la materia con la adhesión a tratados internacionales con rango constitucional y destacadas leyes que contribuyen a generar pisos de equidad y a eliminar violencias, como la Ley contra las distintas formas de violencia hacia las mujeres, la Ley Micaela, la ley de IVE, de paridad, de identidad de género, de cupo laboral travesti trans, de personas con discapacidad, entre otras.
El mundo jurídico cambió el paradigma de derechos, ampliándolos con un criterio “igualador», e interviniendo en la realidad sobre aquellos privilegios y barreras que impiden el desarrollo efectivo e integral de las mujeres y las disidencias.
Son avances claros, de los cuales en muchas oportunidades, nuestro país ha estado a la vanguardia. Sin embargo, aún falta mucho para que estas legislaciones garanticen ese marco de igualdad. Hay grandes deudas pendientes para que la igualdad ante la ley se transforme en igualdad real, que tienen que ver con las cifras actuales que marcan la clara desigualdad entre los varones y las mujeres y las disidencias en nuestro país, como lo son, sólo a modo ejemplificativo: los niveles de ingresos, la ocupación de cargos, las tareas de cuidados, el acceso a servicios y al sistema de justicia, y a las oportunidades para el desarrollo personal y colectivo. Las condiciones de desigualdad que, muy brevemente intentamos graficar en palabras, son aún mayor cuando la mirada se extiende a un contexto de pobreza y de indigencia, en el que el número de mujeres -y con ellas las niñeces-, y disidencias sexuales no acceden a condiciones mínimas de supervivencia. La falta de acceso a salud física y mental, la falta de oferta de trabajo; que afectan aún más y de distinta manera, a las mujeres sostén de hogar, a las diversidades sexuales, a las mujeres con discapacidad, jubiladas, entre otras.
Y la más cruda de las cifras, las vinculadas a los femicidios. Nos matan por el hecho de ser mujeres. En lo que va del año, hemos tenido una muerte por día por razones de género.
En este marco, es indispensable remarcar que la existencia de la figura del femicidio como agravante en el código penal, no ha sido una incorporación caprichosa, sino que impone una valoración a una realidad que se impone, porque la realidad son hechos, no palabras. La visibilización internacional de la violencia machista y su necesidad de institucionalizarla, reconocerla, nombrarla, tipificarla y castigarla, porque una sociedad violenta, discriminatoria e intolerante, es contraria a los principios democráticos, a la igualdad, la libertad y a la existencia de lo diverso.
Es tan real la gravedad del tema, que los propios organismos internacionales tienen graficado en términos económicos las cifras que un país debe destinar a causa de la violencia patriarcal: El Foro Económico Mundial indica que los costos podrían ser al menos el 5 por ciento del producto interno bruto (PBI) global; El Banco Mundial calcula que en algunos países, la violencia contra las mujeres se estima que cuesta hasta el 3.7% de su PIB; Estudios citados por el FMI calculan que este número representa entre el 1 y el 2 por ciento del PBI; ONU Mujeres calcula la violencia contra las mujeres en alrededor del 2 por ciento del PBI.
Los planteos oficialistas vienen acompañados de recortes presupuestarios, vaciamiento de políticas públicas e intentos de derogaciones de normativas vigentes producto de largos años de lucha y de construcciones de consensos que constituyen verdaderas conquistas sociales y que, tal como se indica, no es gratuito para ningún país la violación a los Derechos Humanos de la mujeres y disidencias, como también es su deber erradicarla.
Porque no retrocedemos en la búsqueda de más Igualdad, Justicia y libertad decimos #NiUnPasoAtrás.
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