De luchas, conquistas, retrocesos y futuro
Se cumplen 10 años del primer y rupturista Ni Una Menos en nuestro país, que significó un nuevo tiempo en el movimiento de los feminismos de Argentina.
Esta primera movilización, motivada a partir del femicidio de Chiara Páez y con gran impacto nacional, marcó el inicio de una acción sin precedentes contra las violencias de género, caracterizada por su magnitud, su capacidad de convocatoria e incidencia pública debido a su fuerza. Vino también a potenciar y refrescar las formas de participación, organización y encuentro, acciones que rápidamente se expandieron y multiplicaron en Latinoamérica y Europa.
Durante esta década, las mujeres fuimos parte protagónica de grandes debates e instalación de agendas públicas. Hemos sabido ser aliadas en la diversidad, para la conquista de importantes y largas luchas, como la Ley de Paridad de Género, Ley Micaela, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de cupo laboral travesti-trans.
Hoy, la irrupción en el escenario de la democracia argentina, de un gobierno representante de las nuevas derechas globales –convalidado por amplios sectores de la sociedad– que trae las recetas del ajuste y la motosierra a cercenar derechos conquistados, nos coloca en un tiempo de reflexión y nueva reafirmación en la lucha y la convocatoria.
El Gobierno de Javier Milei niega la desigualdad y la violencia por razones de género estructural, desmantela políticas públicas e instituciones y pretende derogar leyes que son el andamiaje de nuestros avances como país, en los compromisos internacionales, nacionales, éticos y políticos con los Derechos Humanos y con la igualdad.
La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el desfinanciamiento de programas como “Acompañar”, “Igualar”, “ENIA”, Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género; los despidos masivos en áreas del Estado que trabajaban sobre violencia de género, diversidad y derechos humanos. La negación de la existencia de brecha salarial de género, discursos oficiales que estigmatizan al feminismo como “ideología”, la eliminación del Observatorio de Violencia de Género (vital para generar datos y políticas) y los intentos de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, son algunas de las expresiones de un ajuste despiadado y brutal y del atropello a nuestros derechos.
Esta situación, genera un impacto directo sobre la realidad. Al desfinanciar dispositivos de protección, aumentan los márgenes para evitar el avance de los femicidios y las situaciones de riesgo no atendidas. Por otra parte, la falta de datos: sin estadísticas, no hay política pública. La violencia deja de existir “oficialmente”.
Desde el primer grito colectivo de Ni Una Menos en 2015 hasta la actualidad, las cifras vinculadas a las violencias por razones de género han registrado variaciones, pero el promedio de femicidios continúa oscilando entre una muerte cada 28 y cada 40 horas, de acuerdo con diversas fuentes como la Corte Suprema de Justicia, el Observatorio “Ahora que sí nos ven” y la Casa del Encuentro. A pesar de esta continuidad dramática, hoy no existen datos públicos, confiables y completos: el actual gobierno ha suspendido la publicación de estadísticas oficiales y ha desmantelado los sistemas de registro y monitoreo.
El gobierno promueve además, una visión reaccionaria que utiliza las redes sociales para difundir mensajes misóginos, anti-feministas y anti-diversidad. Estos discursos tienen consecuencias reales en la vida cotidiana: mayor permisividad hacia la violencia, retroceso en el acceso a derechos, miedo a hablar o denunciar.
A estos ataques permanentes, se le suman otras situaciones que nos preocupan y duelen, como es la situación de las trabajadoras y mujeres sostén de hogares, la dificultad de sostener las trayectorias educativas de muchas mujeres por esta situación de crisis y empobrecimiento que vivimos, al igual que la desprotección de las mujeres con discapacidad con las últimas medidas, y de nuestras jubiladas.
Desde el Partido Socialista y Mujeres Socialistas de Argentina, creemos fundamental, reivindicar el rol del Estado como garante de justicia de género y de DDHH. Sin igualdad de género, no hay democracia. Por eso, venimos defendiendo los avances conquistados, reclamando por la restitución de los programas eliminados y el presupuesto recortado, para la plena vigencia de la Ley de ESI, es respecto a la Ley de IVE, y demás programas de salud sexual y reproductiva; y los distintos dispositivos enmarcados en la Ley 26.485, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En ese marco, hemos presentado diversos proyectos en el Congreso de la Nación sobre esta realidad. Entre ellos, el Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación de las políticas de género y diversidad vigentes, y hemos vuelto a presentar la Emergencia Nacional en Violencia de Género, porque la grave situación que atravesamos debe ser visibilizada y no puede esperar.
Así es que, frente al avance de la desigualdad y el desmantelamiento de políticas públicas con crueldad y un claro retroceso e impacto sobre nosotras, este 3 de junio, nos convocamos en las calles, a defender todo lo logrado en estos 10 años y a manifestar nuestro rechazo a cualquier retroceso en políticas de género.
Y el 4 de junio, nos sumamos a la movilización en el Congreso, junto a lxs jubiladxs: en unidad ante el ajuste.
Ni una menos. Libres, sin miedo y con igualdad de oportunidades, nos queremos. Hay un futuro posible y es feminista.