El Partido Socialista expresa su rechazo al proyecto de reforma electoral por regresiva e inconstitucional

Desde el Partido Socialista rechazamos el proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una iniciativa regresiva que, lejos de fortalecer el sistema democrático, avanza en su debilitamiento.

El contexto actual —atravesado por una creciente conflictividad social e institucional, tanto en nuestro país como a nivel global— exige más y mejor democracia. Sin embargo, este proyecto propone lo contrario; restringe la participación, debilita a los partidos políticos y obstaculiza la construcción de nuevas alternativas que expresen la diversidad social.

Creemos que el sistema político necesita debates profundos y reformas orientadas a ampliar la participación ciudadana, fortalecer la transparencia, garantizar la rendición de cuentas y promover una competencia electoral más equitativa. Esos deben ser los principios rectores de cualquier transformación institucional.

En este sentido, la eliminación de las P.A.S.O. constituye un claro retroceso. Si bien su implementación es perfectible, cumplen un rol central en el ordenamiento de las candidaturas y en la democratización interna de los partidos, permitiendo una mayor injerencia ciudadana en la selección de quienes integran las listas. Su supresión implicaría concentrar nuevamente esas decisiones en las cúpulas partidarias, reduciendo la participación y debilitando la legitimidad de las candidaturas.

Asimismo, la modificación de los requisitos para la obtención de la personería jurídica de los partidos políticos restringe la representación de las minorías y empobrece la calidad democrática. Una democracia sólida requiere partidos fuertes, con reglas claras, apoyo institucional, transparencia y mecanismos de control que garanticen su funcionamiento.

En la misma línea, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos y de la publicidad electoral gratuita, constituyen una medida regresiva e inconstitucional. Estas herramientas son fundamentales para garantizar condiciones mínimas de igualdad en la competencia electoral. Su eliminación favorece exclusivamente a quienes cuentan con mayores recursos económicos o acceso a financiamiento irregular, distorsionando el proceso democrático.

El financiamiento público no es un privilegio, sino una garantía de integridad del sistema electoral. La desigualdad que promueve este proyecto habilita una influencia desmedida de intereses privados en la política, afectando la autonomía de las decisiones públicas.

Asimismo, la Constitución Nacional, en su artículo 38, reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y establece la obligación del Estado de contribuir a su sostenimiento económico, garantizando su funcionamiento y la igualdad de oportunidades en la competencia electoral. En este marco, la eliminación de estos mecanismos no solo resulta regresiva, sino que contradice el mandato constitucional de fortalecer y no debilitar el sistema de partidos.

Sobre la modificación respecto a la exigencia de no contar con condena firme por determinados delitos para ser candidato o candidata, es un punto positivo,  aunque no podemos dejar de señalar la evidente doble vara en torno a la llamada “ficha limpia”. El mismo oficialismo que anteriormente impidió su aprobación, hoy pretende presentarla como un eje central de su propuesta, en un uso claramente oportunista de una demanda social legítima.

Desde el socialismo sostenemos que la honestidad, la transparencia y la ética pública no son consignas coyunturales, sino pilares constitutivos de nuestra identidad y de nuestra práctica. Por eso, creemos que estos principios deben ser promovidos de manera coherente, sostenida y sin especulaciones, como parte de una política integral de fortalecimiento institucional.

Nuestro partido tiene un compromiso histórico con el fortalecimiento de la democracia. Por eso, reafirmamos que  queremos más debates, no menos. Más participación, no menos. Más voces, no menos. Más transparencia y rendición de cuentas, no menos. Más democracia, no menos.

Estas reformas propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional no modernizan el sistema político: lo debilitan, retrotraen avances conquistados y ponen en riesgo la calidad de nuestra democracia.

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