Desde el socialismo presentamos un proyecto para modificar la Ley de Ética Pública, que incorpora incisos específicos en lo relativo a los altos cargos y establece con claridad las competencias y responsabilidades para quienes ejerzan esas tareas.
Un punto fundamental del proyecto es la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de bienes para todos los funcionarios y funcionarias, independientemente de la modalidad de contratación.
Esto tiene como objetivo evitar irregularidades, como la que actualmente representa el nombramiento de un asesor presidencial bajo la modalidad de “contrato de locación”, un rol con enormes responsabilidades, pero sin controles ni rendición de cuentas.
Necesitamos fortalecer el control y la transparencia en la función pública, para combatir de raíz los actos de corrupción que afectan la democracia y la credibilidad de nuestras instituciones.