El acceso al gas es un derecho: Basta de ajustar a quienes menos tienen

Desde el Partido Socialista venimos denunciando el sistemático desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso al gas envasado para millones de familias argentinas. Los recortes al Programa Hogar, su reemplazo por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), las crecientes dificultades para acceder al beneficio y la pérdida de poder adquisitivo del subsidio frente al aumento del precio de las garrafas forman parte de una misma decisión política: retirar al Estado de un área esencial y trasladar el costo de la crisis a quienes menos tienen.

El mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Argentina atraviesa una profunda reconfiguración estructural debido a las recientes medidas oficiales, que combinan la desregulación de las tarifas con un cambio drástico en la asistencia estatal para los sectores vulnerables.

1 Desregulación y liberación de precios

El punto de quiebre normativo se dio con la implementación del Decreto 446/2025. Esta medida eliminó el esquema de precios máximos obligatorios que regía para el sector, dando paso a un sistema de precios libres. A partir de este decreto, la intervención del Estado quedó estrictamente limitada a la fiscalización comercial y a garantizar las normativas de seguridad, dejando que el valor de las garrafas se determine por el libre juego de la oferta y la demanda.

2 Pérdida del poder de cobertura estatal

Como consecuencia directa de la liberación del mercado, el precio de las garrafas sufrió aumentos significativos. En contraste, el monto de asistencia económica estatal permaneció prácticamente congelado. De acuerdo con datos oficiales de la propia Secretaría de Energía, esta licuación del beneficio provocó que el subsidio actual apenas llegue a cubrir cerca del 8,5% del valor total de una garrafa de 10 kg, perdiendo su impacto original en el bolsillo de los usuarios.

3 Irregularidades y suspensión de asistencia

A la pérdida del poder adquisitivo del subsidio se sumaron severas fallas en la continuidad del beneficio. A lo largo de 2024 y durante gran parte de 2025, las transferencias monetarias hacia los beneficiarios fueron suspendidas o liquidadas de manera irregular. Desde los organismos oficiales se justificaron estas interrupciones en la realización de auditorías profundas y en la revisión de los padrones de asistencia, una situación que dejó sin un acompañamiento económico efectivo a millones de hogares.

4 Fin del Programa Hogar y nacimiento del ReSEF

Para consolidar este nuevo modelo de gestión, el Gobierno determinó la eliminación definitiva del histórico Programa Hogar. En su lugar, se creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este nuevo paradigma introduce tres cambios operativos fundamentales:

Nueva inscripción: Obliga a los usuarios a realizar un reempadronamiento de forma estrictamente digital.

Fin del depósito automático: Se elimina el cobro directo en cuenta corriente o de la seguridad social a través de la ANSES.

Formato de reintegro: La asistencia ya no se deposita de forma previa, sino que se transforma en un reintegro posterior a la compra, condicionado a que la transacción se realice mediante medios electrónicos de pago específicos.

Más barreras para el acceso. Menos protección para quienes más la necesitan.

El Programa Hogar llegó a contar con cerca de 3.900.000 beneficiarios. En cambio, el nuevo esquema redujo significativamente su alcance (alrededor de 200.000 inscriptos) y, además, incorporó nuevas exigencias para acceder al beneficio. Con el RESEF, las personas deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), utilizar billeteras virtuales y afrontar previamente el costo total de la garrafa para luego recibir el reintegro.

A estas dificultades se suman otros requisitos, como contar con una cuenta en el Banco Nación, utilizar la aplicación MODO desde un teléfono celular y disponer de recursos económicos y de movilidad para retirar la garrafa en los escasos puntos de entrega habilitados en cada distrito.

Quienes no tienen acceso a internet, un teléfono inteligente, una billetera virtual o medios para trasladarse y transportar la garrafa enfrentan obstáculos cada vez mayores para acceder a un subsidio que debería estar destinado precisamente a proteger a los sectores más vulnerables.

Menos regulación, más desigualdad

Ahora el Gobierno nacional pretende avanzar un paso más a través del anteproyecto de Ley de Desregulación es una ambiciosa propuesta legislativa elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, que en su Art. 10, propone  la derogación de la Ley N.º 26.020, que fija las reglas para la industria y venta del gas licuado de petróleo (GLP), -conocido comúnmente como el gas en garrafas-;  eliminando los precios de referencia y herramientas fundamentales para regular el mercado de las garrafas, garantizar el abastecimiento y proteger a los usuarios frente a abusos de posición dominante.

Esta iniciativa desconoce una realidad que los propios datos oficiales confirman y que reflejan que es un tema de impacto federal: no es un tema únicamente del Gran Buenos Aires; atraviesa a todas las provincias argentinas, en especial a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa donde el acceso al gas en red es muy bajo. Según el INDEC, el 43,9% de la población argentina (20.034.720 personas) utiliza mayoritariamente el gas de garrafa. Cerca del 39,5% de la población en los aglomerados urbanos no tiene acceso al gas de red y depende principalmente de garrafas. Esta falta de infraestructura afecta de manera grave a los sectores más vulnerables: solo el 30% de las personas en situación de pobreza y el 27,9% de los indigentes poseen conexión a la red de gas natural.  Es decir, millones de hogares dependen exclusivamente de la garrafa para cocinar, calefaccionarse y atravesar el invierno en condiciones dignas. 

Cabe destacar además, que quienes no cuentan con acceso a la red de gas deben recurrir al gas envasado, que tiene un costo significativamente mayor, profundizando las desigualdades entre los hogares.

En este contexto, eliminar la capacidad del Estado para intervenir en un mercado tan sensible implica dejar un derecho esencial librado exclusivamente a la lógica de la oferta y la demanda. Cuando desaparecen las herramientas de regulación, aumentan los precios, se profundizan las desigualdades territoriales y las familias de menores ingresos son las primeras perjudicadas.

No se trata únicamente del funcionamiento de un mercado. Se trata de garantizar el acceso a un servicio básico para millones de argentinos y argentinas que todavía esperan la expansión de las redes de gas y que no pueden quedar abandonados a su suerte.

La energía es un derecho, no un privilegio

Desde el Partido Socialista reafirmamos que el acceso a la energía es un derecho humano y una condición indispensable para una vida digna. Rechazamos la derogación de la Ley N.º 26.020 y exigimos políticas públicas que fortalezcan el acceso al gas envasado, recuperen el alcance del Programa Hogar, aseguren subsidios suficientes para quienes más lo necesitan y preserven las herramientas de regulación que protegen el interés general.

Los precios de los bienes esenciales deben ser justos y razonables. Cuando una política pública dificulta el acceso a un derecho básico, no está haciendo más eficiente al Estado: está profundizando la desigualdad y dejando aún más desprotegidas a las personas que más necesitan de su presencia.

La política debe poner a las personas por encima del mercado. Debe regular cuando es necesario, proteger a quienes más lo necesitan y garantizar derechos.

Mientras no exista una política sostenida de inversión para ampliar la red de gas natural, y millones de familias continúen dependiendo de una garrafa para cocinar, calefaccionarse o calentar agua; el Estado no puede retirarse. Debe estar presente garantizando acceso, equidad y precios justos.

Porque garantizar el acceso a la energía es garantizar las condiciones básicas para una vida digna.

 

En defensa de la democracia, la participación y la pluralidad política

El Partido Socialista expresa su profunda preocupación por el proyecto de reforma política y electoral impulsado por el Gobierno Nacional, ya que introduce modificaciones que alteran aspectos esenciales del sistema democrático, restringen las condiciones de participación política y debilitan los principios de pluralidad, equidad y representación que deben regir el sistema electoral.

No se trata de una reforma política, sino de un traje a medida para el Gobierno de Javier Milei. Bajo el pretexto de modernizar el sistema, impulsa la privatización de la política al convertir los recursos económicos en el principal factor para competir y acceder a la representación, cercenando la participación y debilitando la pluralidad democrática.

La iniciativa no solo propone la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sino que también incrementa las exigencias para la constitución y permanencia de los partidos políticos, incorpora nuevos requisitos para la oficialización de candidaturas y eleva los umbrales para conservar la personería político-electoral. En conjunto, estas medidas reducen el pluralismo y dificultan la participación de fuerzas políticas que representan la diversidad de nuestra sociedad.

Asimismo, el proyecto elimina instrumentos que contribuyen a garantizar mayor equidad en la competencia electoral, como el financiamiento público de campaña, los espacios gratuitos en radio y televisión y los límites al gasto electoral, mientras amplía de manera significativa el peso de los aportes privados. De este modo, la capacidad económica adquiere un rol determinante en la disputa política, profundizando las desigualdades entre quienes compiten.

Las PASO son una herramienta perfectible y susceptible de mejoras. Sin embargo, su eliminación implica trasladar la definición de las candidaturas exclusivamente a las estructuras partidarias, reduciendo la participación ciudadana y debilitando la legitimidad de los procesos de selección.

Las reglas electorales deben promover una competencia abierta, transparente y equitativa, garantizando igualdad de oportunidades para todas las fuerzas políticas. La democracia se fortalece cuando amplía derechos, fomenta la participación y asegura la representación de la pluralidad de voces que conforman nuestra sociedad.

Desde el Partido Socialista reafirmamos nuestro compromiso histórico con la defensa de la democracia, las instituciones republicanas y la igualdad política. Por ello, sostenemos que cualquier reforma electoral debe orientarse a fortalecer la participación ciudadana, la pluralidad de expresiones políticas, la transparencia y la equidad en la competencia, nunca a concentrar el poder ni a convertir los recursos económicos en el principal factor de acceso a la representación.

Creemos en una democracia con más participación, más debates, más transparencia y más pluralismo. Porque la calidad de nuestra democracia no se mide por la fortaleza circunstancial de quienes gobiernan, sino por la posibilidad real de garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas y representadas.

 

El Partido Socialista repudia los insultos de Milei a Lula da Silva

El Partido Socialista de Argentina expresa su más enérgico rechazo a los insultos del Presidente Javier Milei a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

En una acción diplomáticamente incomprensible, el Presidente argentino viajó a Brasil acompañado por el Canciller Pablo Quirno para involucrarse en la campaña electoral en apoyo al principal candidato de la oposición en las elecciones de octubre de 2025, Flavio Bolsonaro.

En ese contexto Milei insultó al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alexandre de Moraes y al Presidente en ejercicio y candidato a la reelección, Lula Da Silva, refiriéndose a ambos en términos despectivos, denigrantes y discriminatorios.

Esa actitud, que lamentablemente es usual en el Presidente, deteriora el vínculo del gobierno argentino con su principal socio comercial y con una nación con la que nos unen lazos históricos de afecto, solidaridad y cooperación mutua.

Este tipo de comportamientos no hacen otra cosa que degradar la investidura presidencial y representan un daño mayúsculo para el vínculo e inserción de Argentina en el contexto regional.

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El Partido Socialista de Argentina reafirma su compromiso con la democracia en Nicaragua

El Partido Socialista de Argentina expresa su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones de Daniel Ortega, quien aseguró que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones». Estas afirmaciones constituyen un hecho de extrema gravedad institucional.

La democracia se sostiene sobre principios irrenunciables: elecciones libres, periódicas y transparentes, pluralismo político, respeto por las libertades públicas y participación ciudadana. Cuando se suprime el derecho al voto y se impide la competencia política, se quebrantan los pilares esenciales del Estado de derecho y se vulneran derechos fundamentales reconocidos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Desde el Partido Socialista de Argentina reafirmamos nuestro compromiso histórico con la defensa de la democracia, los derechos humanos y las instituciones republicanas. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Nicaragua y con quienes continúan luchando por la recuperación de las libertades y la plena vigencia de los derechos políticos.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos regionales a actuar con firmeza en defensa de la democracia y a promover el restablecimiento de las garantías democráticas y del pleno ejercicio de los derechos políticos del pueblo nicaragüense.

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La Argentina necesita cambiar el juego

El Partido Socialista convoca a construir un proyecto para volver a competir, crecer y ganar el futuro. Una alternativa democrática, productiva y federal que recupere el trabajo, la igualdad y la justicia social.

La Mesa Directiva del Partido Socialista de la Argentina expresa su profunda preocupación ante la coyuntura nacional y sobre la difícil situación que atraviesa el pueblo argentino, más allá del clima de celebración que trae el Mundial.

Mientras nos llena de orgullo las actuaciones de la Selección siendo un fiel reflejo de lo que podemos hacer los argentinos cuando trabajamos unidos, sabemos que millones de compatriotas enfrentan en su vida cotidiana una realidad muy distinta. El poder adquisitivo del salario continúa deteriorándose, erosionando la capacidad de las familias trabajadoras para cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma un preocupante nivel de sobreendeudamiento que empuja a miles de hogares a recurrir a créditos impagables para llegar a fin de mes.

El entramado productivo tampoco escapa a esta crisis. Las pequeñas y medianas empresas, motor del empleo y del desarrollo regional, atraviesan una situación crítica frente a la caída del consumo, la apertura importadora indiscriminada y las dificultades de acceso al crédito productivo. Como consecuencia directa de este escenario, la precarización laboral crece de manera sostenida, con más trabajadores y trabajadoras en condiciones de informalidad, sin derechos ni protección social.

A este panorama económico y social se suma nuestra profunda preocupación institucional. Observamos con alarma el tratamiento en el Senado del proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que consideramos un eufemismo dirigido directamente a permitir la extranjerización de la tierra y a otorgar privilegios a los sectores concentrados. Asimismo, expresamos nuestro rechazo a la reforma electoral y política impulsada por el gobierno de Javier Milei, que intenta modificar las reglas de juegos para su conveniencia política, limita la pluralidad de expresiones de nuestra sociedad y privatiza el financiamiento democrático de la política, debilitando el pluralismo, la transparencia y la representación que son pilares de nuestro sistema republicano.

Frente a este contexto, el Partido Socialista reafirma la necesidad impostergable de promover el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, del trabajo y la producción, y las fuerzas políticas democráticas, para construir los acuerdos y la fuerza social y política necesarios en torno a un proyecto común para la Argentina.

Desde el Socialismo asumimos la responsabilidad de contribuir, con decisión y urgencia, a la construcción de una alternativa sólida y responsable que recupere para el pueblo argentino un horizonte de desarrollo, trabajo, igualdad y justicia social de cara a 2027. 

Mesa Directiva del Partido Socialista de la Argentina

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Un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Un año de resistencia del Gobierno a implementarla.

Hoy se cumple un año de que el Senado de la Nación convirtiera en ley la Emergencia en Discapacidad. Una norma aprobada con un consenso político excepcional: 56 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención, luego de haber obtenido también una amplia mayoría en la Cámara de Diputados.

La ley cumple su primer año y el Gobierno nacional sigue sin asumir la responsabilidad de hacerla efectiva, luego de tanto militarla las personas con discapacidad, familias, organizaciones, prestadores, trabajadores y trabajadoras del sector.

Aquella votación fue la respuesta institucional a un duro reclamo. Fue el reconocimiento de que el Estado tenía la obligación de intervenir para garantizar derechos que estaban siendo vulnerados.

Sin embargo, un año después, ese consenso democrático contrasta con la decisión política del gobierno nacional de desoír el mandato del Congreso y de responder a la emergencia con una lógica de ajuste. El veto presidencial primero, y una reglamentación que restringió el alcance de la ley después, evidenciaron una concepción que considera al gasto social un problema y no una inversión indispensable para garantizar derechos humanos.

Desde el Partido Socialista sostenemos que la discapacidad no puede abordarse desde la perspectiva del recorte presupuestario. Cuando se desfinancian las prestaciones, se retrasan los aranceles, se debilitan las pensiones, se ponen obstáculos para acceder a los apoyos o se precariza el funcionamiento de las instituciones, lo que se ajusta no son partidas presupuestarias: se ajustan proyectos de vida, autonomías y oportunidades.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, obliga al Estado a promover la vida independiente, los apoyos necesarios, la accesibilidad y la participación plena. Esos compromisos no pueden quedar subordinados a una política económica que abandona a quienes más necesitan de la presencia estatal.

La unanimidad alcanzada en el Congreso dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente: cuando se escucha a la sociedad y se pone en el centro la dignidad de las personas, es posible construir acuerdos amplios para ampliar derechos. Ese es el camino que defendemos.

A un año de aquella histórica votación, renovamos nuestro compromiso con las personas con discapacidad y sus organizaciones. Seguiremos impulsando políticas públicas que fortalezcan un sistema de apoyos accesible, sostenible y con financiamiento adecuado, porque una sociedad democrática se mide por la forma en que garantiza los derechos de quienes históricamente han enfrentado más barreras.

La Ley de Emergencia en Discapacidad es una conquista colectiva. Cumplió un año. Ahora le toca al Gobierno cumplir con ella.

Panel: “Aporte del ideario Socialista a la construcción de la Nación Argentina”

Una conversación que propone recorrer la influencia del pensamiento socialista en la vida política, social y cultural de nuestro país, así como su vigencia frente a los desafíos del presente.

Panelistas:

Diana Maffía

Doctora en Filosofía, investigadora y referente del pensamiento feminista en Argentina. Fue legisladora porteña y Defensora Adjunta del Pueblo de CABA.

Carlos Miguel Herrera

Jurista e historiador. Es profesor en CY Cergy Paris Université y especialista en filosofía del derecho, constitucionalismo social e historia del socialismo.

Carlos Pagni

Periodista, historiador y analista político. Columnista de La Nación y conductor de Odisea Argentina en LN+.

Mónica Fein

Presidenta del Partido Socialista de Argentina.

Modera:

Jaime Rosemberg

Periodista especializado en política nacional. Redactor de La Nación, conductor radial y analista en LN+.

Te invitamos a revivirlo, ingresando AQUÍ

Panel: “Construir una alternativa al gobierno de Milei”.

Un espacio pensado para intercambiar miradas sobre el presente político argentino, los desafíos de la oposición democrática y las posibilidades de construcción de consensos para el futuro.

Panelistas:

Carlos Bianco
Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires · Dirigente del Partido Justicialista

Danya Tavela
Dirigente de la Unión Cívica Radical · Diputada Nacional (MC)

Esteban Paulón
Diputado Nacional · Dirigente del Partido Socialista

Maximiliano Ferraro
Diputado Nacional · Presidente de la Coalición Cívica ARI

Modera:

Andrés Canepa. Periodista y comunicador social (UNR).

🎥Te invitamos a revivir el panel completo, ingresando AQUÍ

El Partido Socialista festeja sus 130 años y renueva sus autoridades a nivel nacional

Del evento participarán dirigentes, legisladores, intendentes, concejales y militantes de todo el país. Además, habrá debates que contarán con la presencia de figuras como el periodista Carlos Pagni.

l Partido Socialista de Argentina festejará el sábado 27 y el domingo 28 de junio su 130° aniversario en un evento que convocará a legisladores, concejales, intendentes, dirigentes y militantes de todo nuestro país. En ese marco, asumirán las nuevas autoridades nacionales: Mónica Fein renovará su mandato como presidenta y Alfredo Lazzeretti asumirá el puesto de secretario general.

Del encuentro también participarán referentes como Joaquín Blanco, Esteban Paulón, Clara García y Matías Chamorro.

El evento tendrá diferentes actividades, incluyendo dos que prometen ser muy convocantes por el prestigio de las figuras que participarán de ellas:

– El panel “Aporte del ideario socialista a la construcción de la Nación Argentina” reflexionará sobre la influencia del pensamiento socialista a nivel político, social y cultural en nuestro país.

De esta mesa participarán Carlos Miguel Herrera, jurista e historiador especializado en filosofía del derecho, constitucionalismo social e historia del socialismo; Carlos Pagni, periodista, historiador y analista político, reconocido por su trabajo en La Nación y LN+; Diana Maffía, doctora en Filosofía, investigadora y referente del pensamiento feminista; y Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista de Argentina. El moderador será el periodista Jaime Rosemberg.

– Luego se realizará un segundo panel llamado “Diálogo político para construir una alternativa al gobierno de Milei”, del que participarán Danya Tavela, diputada nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical; Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y referente del Partido Peronista; Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI; y Esteban Paulón, diputado nacional y referente del Partido Socialista.

El objetivo de este panel es debatir el presente y el futuro de Argentina, analizando las vías posibles para construir una «alternativa democrática, progresista y republicana» frente a la actual situación política.

Breve historia del Partido Socialista en Argentina
El Partido Socialista de Argentina se fundó el 28 de junio de 1896 y, por ese motivo, es una de las fuerzas políticas más antiguas de nuestro país.

A lo largo de su historia, importantes figuras surgieron de él, comenzando por el fundador del partido, Juan B. Justo; al que luego se sumaron Alicia Moreau, Julieta Lanteri y Cecilia Gierson, tres pioneras en todo lo relacionado a la lucha por los derechos de las mujeres y el sufragio femenino; Guillermo Estévez Boero, referente de la reforma universitaria; Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de toda América Latina; Alfredo Bravo; y, ya en la historia más reciente, Miguel Lifschitz, Hermes Binner y Antonio Bonfatti .

El socialismo impulsó, desde el comienzo del siglo XX, leyes para la protección laboral de niños y mujeres; el descanso dominical; la prohibición del trabajo nocturno; y la jornada laboral limitada a ocho horas.

Durante las últimas décadas, el PS se enfocó en proyectos relacionados a la diversidad, la educación pública, los derechos humanos, la igualdad de género y la transparencia institucional.

Fuente: Diario Perfil

 

Argentina ante una crisis de horizonte

1. El malestar social y la necesidad de reconstruir una esperanza colectiva

La Argentina atraviesa una situación extremadamente compleja. La crisis social se combina con turbulencias económicas, una polarización persistente y una sucesión de escándalos de corrupción que profundizan el desencanto con la vida pública. En ese clima, la convivencia democrática se degrada, los lazos colectivos se debilitan y la idea de un horizonte común parece cada vez más difícil de sostener. Lo que está en juego no es solo cómo atravesar una coyuntura difícil, sino qué modelo de país queremos construir después de años de frustración, inflación, desigualdad y desencanto con la política.

La pregunta que vuelve a los hogares, a los lugares de trabajo, a las universidades, a las pymes, a los barrios y a las ciudades es qué país puede ofrecer todavía un horizonte de vida digna.

El gobierno de Javier Milei llegó al poder expresando un malestar real. Había cansancio frente a una economía que no ordena la vida cotidiana, frente a un Estado que muchas veces no llega a tiempo, frente a privilegios injustificables y frente a una dirigencia que, en demasiadas oportunidades, pareció hablar más de sí misma que de los problemas de la sociedad. Pero una cosa es reconocer las razones de ese enojo y otra muy distinta es aceptar que la salida deba ser la crueldad, el sálvese quien pueda, la destrucción de lo público o el desmantelamiento de todo aquello que permite vivir en comunidad.

El socialismo no subestima el malestar social. Lo escucha, lo comprende y lo toma en serio. Pero también advierte que ese malestar está siendo utilizado para justificar un proyecto profundamente regresivo, desigual y autoritario. En nombre de la libertad, el gobierno impulsa una idea restrictiva de la vida común: cada persona librada a su suerte, cada familia obligada a resolver como pueda aquello que antes formaba parte de una trama mínima de protección social.

Esa orientación se advierte en salarios que pierden poder de compra, precarización e informalidad laboral que crece, jubilaciones empujadas al límite, hogares que ajustan comida, medicamentos, alquileres o tarifas, universidades bajo amenaza presupuestaria, organismos científicos desfinanciados, hospitales exigidos, provincias con recursos menguantes y obras públicas paralizadas.  Lo que se presenta como austeridad y orden económico termina siendo abandono. retroceso social y debilitamiento democrático.    

Para el Socialismo la cuestión central sin resolver es la injusta distribución de la riqueza y la profundización de la desigualdad social. En la Argentina actual, los sectores más concentrados son cada vez más ricos, mientras la inmensa mayoría de la sociedad se empobrece. Las paritarias permanecen condicionadas y, en muchos casos, por debajo de la inflación, lo que provoca una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores formales y la precarización de los informales. Esa caída repercute también sobre quienes viven de la economía informal, profundizando la retracción del consumo y debilitando la vida económica de millones de familias.

Menos consumo significa menos producción, más caída de la actividad y mayor riesgo de desempleo. A este cuadro se suma una apertura económica irracional, que erosiona el entramado industrial del país en sus distintos sectores, debilita las capacidades productivas nacionales y expone a nuestras pymes, comercios, cooperativas, economías regionales e industrias a una competencia desigual. La Argentina necesita estabilidad, pero la estabilidad no puede ser el nombre prolijo de una sociedad más injusta. Si mientras se ordenan algunos números se rompe el tejido social, tarde o temprano también se rompe el futuro. El ajuste no está distribuyendo esfuerzos: está profundizando desigualdades.

La desigualdad no es un daño colateral del modelo. Es una de sus consecuencias centrales. La codicia de un capitalismo cada vez más concentrado profundiza las distancias sociales, rompe la promesa de movilidad ascendente, fragmenta los vínculos comunitarios y convierte derechos básicos en privilegios de mercado. La batalla por la igualdad es, por eso, una batalla por los recursos, por la distribución del ingreso, por la orientación del Estado y por el sentido mismo de la democracia.

El gobierno ha hecho de la motosierra algo más que un instrumento fiscal. La ha convertido en una cultura política. Cortar, enfrentar, insultar, deslegitimar, señalar enemigos, presentar toda diferencia como un antagonismo irreconciliable. Allí donde debería haber discusión democrática, aparece la agresión; donde debería haber búsqueda de acuerdos, aparece la amenaza; donde debería haber sensibilidad frente al sufrimiento, aparece la burla. Ese clima afecta al Congreso, al federalismo, a las universidades, a la ciencia, a la cultura, a las mujeres y a las diversidades, a las organizaciones sociales y, en definitiva, a la idea misma de comunidad democrática.

Tenemos un presidente que no cree en la democracia como sistema de convivencia, representación, deliberación y construcción colectiva. Forma parte de una corriente internacional de pensamiento que concibe a la democracia como una restricción para las libertades económicas, para el poder del mercado y para los intereses de los sectores más concentrados. En ese marco, la manipulación electoral mediante redes sociales, plataformas digitales y empresas que administran grandes volúmenes de datos constituye un riesgo concreto para el futuro democrático.

Las propuestas de reforma electoral del gobierno orientadas a facilitar la reelección presidencial en primera vuelta, junto con la eliminación de restricciones a los aportes de campaña de los sectores concentrados de la economía, son señales claras del rumbo que pretende transitar el gobierno: una Argentina con instituciones más débiles, una democracia más desigual y un poder político cada vez más condicionado por el poder económico. Ese camino no conduce a una república de una ciudadanía libre, sino a una plutocracia donde quienes más tienen pesan más, deciden más y condicionan más.

Frente a ese proyecto, el socialismo debe hablar con claridad. No hay libertad real si la desigualdad decide el destino desde la cuna. No hay democracia plena si el poder económico captura la representación política. No hay futuro compartido si la sociedad se organiza sobre la base del abandono, el privilegio y la indiferencia.

2. Soberanía nacional ante el nuevo desorden global

Como es evidente, la Argentina no vive aislada del mundo. El malestar nacional se produce en una época marcada por el avance de extremas derechas que convierten la incertidumbre social en resentimiento, atacan las mediaciones democráticas y prometen orden a costa de igualdad, derechos y pluralismo.

A ese clima se suma una disputa geopolítica cada vez más intensa. La competencia entre Estados Unidos y China organiza buena parte del escenario global: comercio, tecnología, minerales críticos, energía, alimentos, inteligencia artificial, inversiones y áreas de influencia. El viejo discurso de la globalización feliz quedó atrás: las grandes potencias hablan de libre comercio cuando les conviene y aplican aranceles, sanciones, subsidios industriales y restricciones tecnológicas cuando sus intereses estratégicos están en juego.

En ese mundo, los países que no piensan una estrategia propia quedan condenados a moverse al ritmo de intereses ajenos. La Argentina necesita comerciar con Estados Unidos, con China, con Europa, con Brasil, con América Latina y con el conjunto del mundo; atraer inversiones, abrir mercados y vender alimentos, energía, conocimiento, industria, servicios, litio, tecnología y trabajo argentino. Pero debe hacerlo desde una posición soberana, inteligente y equilibrada: no desde el alineamiento automático ni desde la sumisión ideológica.

El gobierno de Milei confunde la política exterior con la afinidad personal o partidaria. La Argentina no puede actuar como si necesitara padrinos ni aceptar formas de injerencismo, provengan de donde provengan. Ninguna potencia debe condicionar nuestra democracia, nuestra economía ni nuestras decisiones soberanas.

La defensa del interés nacional exige vínculos maduros con todos los países, integración regional, compromiso con la paz, defensa de los derechos humanos y una mirada latinoamericana capaz de ampliar nuestros márgenes de autonomía. No hay libertad nacional cuando las decisiones centrales quedan condicionadas por urgencias financieras, ni soberanía cuando el país se ofrece como pieza menor de una disputa geopolítica que no controla.

Para el socialismo, la soberanía no es una consigna vacía ni una nostalgia declamativa. Es la capacidad concreta de decidir un camino de desarrollo propio, de defender nuestros recursos estratégicos, de agregar valor al trabajo nacional, de fortalecer la ciencia y la tecnología, de cuidar el ambiente, de sostener una política exterior autónoma y de construir una integración regional que amplíe posibilidades para nuestro pueblo.

Una Argentina subordinada, desindustrializada, endeudada y socialmente fracturada no será más libre. Será más dependiente. Por eso, frente al nuevo desorden global, necesitamos una estrategia nacional de desarrollo, producción, conocimiento, integración y justicia social.

3. Construir una alternativa democrática para una Argentina con futuro

Frente a este panorama, la oposición democrática tiene una responsabilidad histórica: construir una alternativa sólida, viable, sensible y transformadora. Una alternativa que pueda decir qué rechaza, pero también qué propone; que pueda enfrentar el ajuste, pero también discutir cómo se estabiliza la economía; que pueda defender derechos, pero también pensar cómo se produce riqueza; que pueda cuidar lo público, pero también mejorar el Estado; que pueda hablar de igualdad, innovación, productividad, trabajo, federalismo y transición ecológica.

El desafío actual es construir una oposición que no quede atrapada en la polarización permanente. Salir de la polarización no significa ser ambiguos frente a la injusticia ni moderar las convicciones hasta volverlas irreconocibles. Significa recuperar la política como una conversación exigente con la sociedad: escuchar a quienes votaron a este gobierno por bronca, cansancio o esperanza de cambio, sin tratarlos como enemigos; hablar con quienes trabajan, las pymes y los sectores que invierten y producen, las cooperativas, las universidades, la ciencia y tecnología, los sectores de la cultura, los movimientos de mujeres, juventudes, organizaciones ambientales, iglesias, clubes, instituciones barriales y gobiernos locales.

La Argentina que viene necesita acuerdos fundamentales. Un acuerdo democrático para defender la Constitución, el Congreso, la libertad de prensa, el federalismo, los derechos humanos y la convivencia pública. Un acuerdo social para que nadie quede abandonado a su suerte. Un acuerdo educativo, científico y productivo para reconocer que no habrá desarrollo sin universidades, escuelas, investigación, tecnología, trabajo, pymes, industria, campo y economías regionales. Y un acuerdo ambiental, feminista y federal para que el crecimiento no signifique depredación, para que la igualdad no retroceda y para que el país no se piense desde el puerto ni desde la especulación financiera.

Pero también necesitamos un acuerdo profundo acerca de cómo se distribuyen las cargas en la sociedad. La distribución de la riqueza y del ingreso es una herramienta fundamental para garantizar la paz social y construir una sociedad más justa y solidaria. La Argentina necesita una reformulación impositiva que garantice equilibrio fiscal, pero un equilibrio fiscal que incluya a la gente y no que la expulse. Un equilibrio fiscal que permita sostener la educación y la salud pública, llevar adelante las obras indispensables para fortalecer la infraestructura económica —rutas, sistemas de redes, puertos, hidrovía, conectividad, energía— y la infraestructura social —escuelas, hospitales, instituciones de cuidado, espacios comunitarios y equipamientos urbanos—.

El país no puede discutir responsabilidad fiscal de espaldas a la desigualdad. No hay cuentas públicas sanas en una sociedad enferma de injusticia. No hay estabilidad duradera si el costo del orden recae siempre sobre quienes trabajan, personas jubiladas, sectores medios, pymes, las provincias y las familias. La verdadera responsabilidad pública consiste en ordenar la economía sin destruir la vida de la gente; producir más riqueza, distribuirla mejor y garantizar que quienes más tienen, más aporten al desarrollo común.

Frente a la enorme crisis de representatividad que atraviesa la política argentina en todos sus ámbitos, también es necesario recuperar la credibilidad de la sociedad en sus representantes. Para eso, es condición necesaria separar toda acción política de los negocios y de los intereses económicos particulares. Urge recuperar la ejemplaridad de la política, la vocación de servicio público y la distancia ética frente a cualquier interés de beneficio personal o incremento patrimonial.

Las y los socialistas tenemos mucho para aportar en ese camino. Nuestra historia y nuestra práctica ofrecen ejemplos de gestiones responsables y austeras de los recursos públicos, de valoración del esfuerzo de cada argentina y cada argentino que paga sus impuestos para contribuir al bienestar general, y de gobiernos que demostraron que se puede administrar con transparencia, sensibilidad social y vocación transformadora.

Orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente, debemos ofrecerle a la sociedad argentina la posibilidad de un manejo sano, transparente y responsable de los recursos que son de todos. Y debemos irradiar, a través de nuestras conductas personales y colectivas, una idea sencilla pero poderosa: no hacemos política para enriquecernos; hacemos política para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de nuestras infancias y juventudes, de las mujeres y de nuestros ancianos.

No se trata de volver al pasado ni de aceptar que el único futuro posible sea una sociedad más desigual, individualista, violenta y dependiente. Hay otro camino. Es el de una economía social y ecológicamente sustentable, con responsabilidad fiscal y responsabilidad humana. Es el camino que combina la inversión privada con la orientación pública del desarrollo. Es el camino que no contrapone la estabilidad macroeconómica con los salarios dignos, las exportaciones con el mercado interno, la producción con la redistribución, la innovación tecnológica con los derechos laborales.

Para caminar ese rumbo hace falta un Estado mejor, no un Estado ausente. Nuestro país merece contar con un Estado transparente, eficiente, democrático, federal y cercano; un Estado que cuide, eduque, cure, investigue, planifique, regule abusos, acompañe a quienes producen y garantice derechos. Un Estado que no sea botín de nadie, pero que tampoco sea demolido por quienes quieren dejar a la sociedad indefensa frente al poder del mercado.

Para el socialismo, la libertad solo es plena cuando se sostiene sobre condiciones reales de igualdad. La libertad de poder estudiar, trabajar con derechos, acceder a la salud, vivir sin violencia, decidir sobre el propio cuerpo, producir sin arbitrariedades, organizarse, participar, habitar un ambiente sano y proyectar una vida sin miedo. No hay libertad real donde la desigualdad decide el destino desde la cuna.

La desigualdad es hoy una de las grandes cuestiones democráticas de nuestro tiempo. No expresa solamente una diferencia de ingresos: expresa una diferencia de poder, de oportunidades, de reconocimiento y de futuro. La desigualdad modifica la vida cotidiana, transforma la sociología de nuestras comunidades, rompe la confianza social, alimenta el miedo, debilita la democracia y abre la puerta a salidas autoritarias. Por eso, la batalla por la igualdad es la batalla por una Argentina más libre, más democrática y más humana.

La Argentina necesita volver a pronunciar la palabra futuro sin ingenuidad, pero también sin resignación. Nuestro país tiene recursos, talentos, universidades, un poderoso entramado científico tecnológico y capacidad de innovación y una sociedad que, incluso golpeada, sigue buscando una salida. Lo que falta no es energía social. Lo que falta es una articulación política capaz de convertir esa energía en un proyecto común.

Por eso, la construcción de una alternativa no puede esperar a la próxima elección ni reducirse a un acuerdo entre dirigencias. Tiene que empezar ahora, en diálogo con la sociedad, en los territorios, en los lugares de trabajo, en las universidades, en las organizaciones sociales, en las pymes, en las cooperativas, en los sindicatos, en los movimientos de mujeres y en cada espacio donde todavía se sostiene la voluntad de construir un país para toda la ciudadanía.

La Argentina necesita un frente para el futuro: un frente amplio, democrático, progresista, federal y plural. Un frente de este tipo no puede nacer solo para derrotar a un gobierno, sino para construir una nueva mayoría social y política alrededor de un programa de estabilidad con justicia, producción con trabajo, derechos con responsabilidad, soberanía con integración y libertad con igualdad.

Esa es la convocatoria que el Partido Socialista realiza con claridad, coraje y esperanza. Convocamos a quienes no aceptan que la crueldad sea una política de Estado. Convocamos a quienes creen que la democracia debe ser defendida, pero también transformada para volver a representar. Convocamos a quienes producen, trabajan, estudian, cuidan, enseñan, investigan, emprenden y sostienen todos los días la vida de la Argentina real. Convocamos a construir una nueva mayoría democrática para que el futuro no sea patrimonio de unos pocos, sino una tarea común.

Ese es el compromiso del socialismo. Contribuir a una Argentina justa, libre, solidaria, productiva, feminista, federal, democrática y sustentable. La Argentina que deseamos no saldrá adelante con odio, subordinación ni abandono, sino con trabajo, conocimiento, solidaridad, producción, derechos, diálogo y acuerdos.

El tiempo de hacerlo es ahora. Podemos tener una Argentina en la que vivir mejor no sea una promesa lejana, sino una tarea común que encarar desde el presente. Ese es el compromiso al que convocamos. Ese es el compromiso con el que ya estamos comprometidos.

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista

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