Los socialistas Paulon y Fein presentaron un proyecto tras los últimos ataques del Presidente a periodistas

En la oposición quieren condenar los últimos ataques de Javier Milei contra el periodismo y dejan en una situación muy incómoda al PRO, tironeado entre su alianza con el presidente y su histórica bandera discursiva de la defensa de la libertad de prensa.

Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de declaración en el que expresan «su más profunda preocupación por la escalada de los ataques del Presidente hacia la actividad periodística, la que ha incluido insultos, descalificaciones y arengas públicas promoviendo violencia y odio hacia medios de comunicación, periodistas e instituciones representativas del sector».

«Expresar la solidaridad de esta Cámara con las y los periodistas que han sido objeto de los ataques, en especial a Alejandro Alfie, Ignacio Ortelli y Ramón Indart, destinatarios de mensajes violentos públicos en los últimos días», completa el texto.

El proyecto de declaración se presentó luego de que en el acto de Parque Lezama, el sábado pasado, Milei acusara a los periodistas de soretes, ensobrados y corruptos, y arengara a sus seguidores a cantarle «hijos de puta». «Escuchen lo que la gente siente por ustedes», festejó.

El presidente siguió luego con su cotidiano ataque a periodistas desde su cuenta de X y a los mencionados en el proyecto de los diputados se sumaron Julio César Saguier de La Nación y María O’Donnell, entre otros.

El planteo de los diputados del bloque Encuentro Federal para condenar esos ataques incomoda a sus colegas del PRO, que no quieren irritar a Milei y fingen demencia frente a un tema sobre el que siempre pusieron el grito en el cielo durante el kirchnerismo.

Esa incomodidad quedó en evidencia en un posteo del fin de semana de la diputada Silvana Giúdici, que arrancó aclarando que apoya «con convicción» al gobierno y se refiere al periodismo pero sin mencionar los ataques de Milei.

«Generalizar sobre el periodismo olvidando que éste es un factor de equilibrio, control y balance del poder, amenaza el disenso y anula la posibilidad de crecer en las diferencias», dice Giúdici sin precisar de lo que hablaba. La diputada hizo carrera como presidenta de una fundación dedicada a la defensa de la libertad de expresión, escribió libros sobre el tema y presidió la comisión en Diputados, pero poco ha dicho sobre los constantes ataques de Milei.

La contracara fue Laura Alonso, que fue lapidaria tras el discurso de Milei. «Empiezan con los periodistas, siguen con los jueces. Esta película ya la vi», dijo emparentando los ataques con los del kirchnerismo. «Yo pensé que habíamos dejado atrás la etapa en que se paraban en un atril a gritarnos, levantarnos el dedo e insultar por doquier», agregó.

Fuente: La Política Online

Mónica Fein: «La Boleta Única será un cambio trascendental en las elecciones y en el fortalecimiento de la democracia»

La Diputada Nacional por el Partido Socialista (PS) defendió la necesidad de avanzar en la aprobación de la Boleta Única en Papel (BUP). El socialismo fue pionero en el país tras implementar esta modalidad en Santa Fe, en el año 2011, y Fein fue la primera intendenta electa bajo el sistema BUP.

«Se trata de una herramienta que robustece la transparencia, fortalece la autonomía del elector facilitando combinaciones en las preferencias, agiliza el recuento provisorio, introduce mayores garantías al proceso electoral y por eso es indiscutible la necesidad de aprobarla”, aseguró Fein.

La legisladora explicó que la implementación de la Boleta Única “es un primer paso” pero que “es necesario que avancemos hacia una reforma integral del proceso electoral encarando el núcleo duro de una discusión postergada en Argentina, que es el financiamiento de la política y de los partidos políticos”.

Fein insistió en que la Boleta Única en Papel “representa un salto cualitativo en términos institucionales en la calidad de la democracia, garantiza la equidad en la competencia electoral, y le asegura a la ciudadanía el acceso a una oferta electoral completa, otorgando mayor legitimidad al sistema. Es necesario construir, más allá de los gobiernos de turno.”.

A su vez, la legisladora argumentó que este sistema incluye más y mejores mecanismos de transparencia, efectivos instrumentos de controles públicos y sociales, rendición de cuentas verdaderos y accesibles y dispositivos sancionatorios. Por otro lado, permite ahorrar una enorme cantidad de dinero evitando imprimir boletas por demás o que se falsifique el número de impresiones.

Limitar los DNU para fortalecer la democracia

Es urgente que el Congreso corrija la actual anomalía: una democracia robusta no admite que sea más sencillo legislar por medio de decretos que por leyes emanadas del Parlamento.

Esta anomalía tiene una historia de 30 años, aunque no todos los gobiernos recurrieron a los DNUs con la misma intensidad. Una anomalía que comenzó con la Reforma Constitucional de 1994, que incorporó los Decretos de Necesidad y Urgencia, instrumento de delegación legislativa que el Congreso concede al Poder Ejecutivo.

Esa incorporación no fue unánimemente aceptada: entre las voces, escasas, que se opusieron, se dejaron sentir las de los convencionales socialistas Alfredo Bravo y Guillermo Estévez Boero, quien señaló que ello convertía en “una ficción la pretensión de atenuación del poder presidencial”, uno de los propósitos de la reforma. Lamentablemente triunfó la posición de incorporarlos.

El inciso 3 del artículo 99 comienza prohibiendo lo que de inmediato autoriza: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” dice, para a continuación añadir: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.”

La propia inclusión de las materias vedadas habilita a legislar por medio de decretos sobre cualquier otro tema. Y, además, otorga al ejecutivo discrecionalidad para determinar qué es lo realmente “necesario y urgente”, en un país que vive de salto en salto, con lo que se terminó habilitando una vía para que gobierno tras gobierno emitieran cientos de DNUs, lesionando así la división de poderes y debilitando progresivamente el rol del Congreso.

El uso desmedido de los DNU a partir de la segunda mitad de la década del 90, que alcanzó un promedio de 30 por año durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa – índice triplicado durante el gobierno de Eduardo Duhalde – reavivó el reclamo ciudadano por el dictado de una legislación que los regulara y limitara.

Fue en 2006 cuando se aprobó la Ley 26.122 de “Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes”, autoría de la entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner Pero ese régimen, más que regular y moderar el uso de un instrumento reñido con los principios fundamentales de una democracia constitucional como la nuestra, tuvo por objeto más bien clausurar no solo los debates parlamentarios sino el fundamento mismo de la división de poderes.

Redactada bajo la convicción de que la mayoría del Senado sería siempre justicialista, la Ley 26.122 se convertía así en la llave que permitiría validar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia. A partir de entonces, un decreto de este tipo queda firme (sanción ficta) a menos que ambas cámaras del Congreso lo rechacen. Los DNUs se han convertido así en un mecanismo para legislar de espaldas a la pluralidad de voces que alberga el Parlamento.

Durante los años de gobierno de Cristina Fernández y de Mauricio Macri se moderó el uso de esta herramienta, pero algunos de los decretos dictados implicaron un grave ataque a la institucionalidad. La pandemia estimuló la práctica, que alcanzó su mayor uso en la presidencia de Alberto Fernández. Y aunque en los primeros meses del actual gobierno se volvió al promedio de los años 90, el dictado del DNU 70/2023, apenas asumido Javier Milei, es una prueba agravada de la peligrosidad del uso discrecional de la herramienta: con sólo un decreto se modificaron más de 300 leyes. No hay prueba más concluyente del modo en que esta práctica traiciona las bases mismas del espíritu constitucional.

Resulta por tanto imperioso discutir una vez más la regulación de los DNU para devolver al Congreso la preeminencia en la iniciativa parlamentaria y restablecer el equilibrio de poderes que reclama nuestra Constitución y necesita nuestra sociedad. Con ese objetivo, presentamos, junto con la diputada Mónica Fein, un proyecto de reforma del régimen legal de los DNU que busca limitar su dictado y acotar sus efectos.

Dicho proyecto elimina, en primer término, el concepto de validez ficta, al establecer que la falta de rechazo de cualquiera de las Cámaras valida la vigencia de los DNUs. La Constitución exige la inversión de ese criterio, por lo que el proyecto establece que tras 30 días de cumplidos los plazos formales de tratamiento, si ambas Cámaras no aprueban expresamente un decreto este queda derogado. El proyecto propone también modificaciones en la constitución e integración de la Comisión bicameral de trámite legislativo y el establecimiento de plazos más rigurosos para su tramitación en las dos cámaras.

Es urgente que el Congreso corrija la actual anomalía: una democracia robusta no admite que sea más sencillo legislar por medio de decretos que por leyes emanadas del Parlamento. Un sistema republicano exige que cada uno de los poderes ejerza sus potestades y capacidades, y que la excepcionalidad no se convierta en norma.

Establecer un trámite razonable y justo para los Decretos de Necesidad y Urgencia contribuirá a un fortalecimiento de nuestra democracia y a una mejor calidad institucional. De esa calidad, y de un Estado transparente que garantice la seguridad jurídica, depende que Argentina pueda entrar en la senda del desarrollo.

Esteban Paulón es diputado nacional (Partido Socialista-Santa Fe)

Fuente: Clarín

Bloque Socialista: “Hay mucho federalismo para recaudar, poco federalismo para distribuir”

Con una intervención encabezada por Esteban Paulon, desde el Partido Socialista (PS) interpelaron al Jefe de Gabinete, quien se presentó en la cámara baja a realizar un informe de gestión y responder más de 2100 preguntas. Le reclamaron los retornos a los impuestos recaudados por Santa Fe, que no se ven reflejados ni en subsidios al transporte o en obra pública.

Paulón recriminó a Francos que “este gobierno inauguró un concepto muy innovador, que es el de federalismo recaudatorio: recauda impuestos en todo el país, a pesar de decir que están bajando y solo lo concentran en el Tesoro Nacional”.

Durante su breve intervención Paulón, no dejó pasar las declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que los periodistas deben ser personas políticamente expuestas. “Un funcionario como Santiago Caputo, que forma parte del tridente del poder, el monotributista más influyente del país, parece que no tiene nada para explicar, pero la prensa, haciendo ejercicio de su profesión bajo la libertad de expresión, sí”, arremetió.

Por su parte, y en declaraciones posteriores a la exposición de su compañero de banca, la legisladora y presidenta de la Comisión PyMES en Diputados, Monica Fein, manifestó que “la producción argentina merece tener infraestructura en condiciones y eso es responsabilidad del gobierno nacional”.

Desde el socialismo hicieron hincapié en la necesidad de acondicionar “las rutas 33, 34, 9, 11, donde transita gran parte de la riqueza de este país. No olvidemos que Santa Fe aporta un 8% al PBI nacional”.

Fein remarcó que “hay poca información de cómo se distribuyen los recursos económicos para subsidiar al transporte público. Necesitamos que sea transparente, equitativa, porque en este momento solo se está subsidiando al AMBA y castigando completamente a los usuarios del interior del país. Esta situación se agrava aún más teniendo en cuenta que nos estamos quedando sin empresas de colectivos, porque esta problemáticas las está llevando a la quiebra”.

El socialismo propone simplificar trámites, unificar cuentas y disminuir la presión impositiva de las PyMES

El proyecto es impulsado por la santafecina Mónica Fein y propone definir una Ventanilla Única para PyMES, a fin de centralizar en un único punto de entrada los trámites, y una Cuenta Única Fiscal.

La diputada socialista y presidenta de la Comisión PyMES en la Cámara baja, Mónica Fein, presentó un proyecto que incluye la simplificación de trámites administrativos y la utilización de saldos positivos para que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras.

La iniciativa surge luego de tres meses de reuniones informativas con referentes de distintas instituciones que conglomeran a las PyMES del país. La misma busca definir una Ventanilla Única para PyMES (VUPyMES) a fin de centralizar en un único punto de entrada los trámites que deban realizar las Pequeñas y Medianas Empresa ante organismos nacionales.

La propuesta también contempla una Cuenta Única Fiscal PyMEs (CUF) para que éstas puedan cumplir con sus obligaciones de pagos ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) utilizando los saldos a favor por otros pagos u operatorias previas.

“Presentamos este proyecto en les de distintas instituciones PyMEs, con la intención de que sean el vehículo para tener una relación ágil e integral entre el Estado y las empresas”, indicó Fein.

En declaraciones, la legisladora socialista manifestó que “facilitará y reducirá la carga administrativa de las PyMEs, liberando tiempo de trabajo que es indispensable. También va a reducir la burocracia y los costos asociados al cumplimiento de obligaciones en general permitirá que las PyMEs destinen más recursos a su crecimiento y desarrollo”.

Fuente: El Parlamentario

El patriarcado machista y binario, afuera!

Repudiamos los dichos discriminatorio, patologizantes y anticonstitucionales del actual Ministro de justicia del gobierno de Javier Milei .
Argentina es una sociedad libre y de iguales, que no acepta el retroceso en derechos conquistados por las luchas colectivas.
Es un error hablar de biologisismo en esta Argentina que ha logrado grandes avances y suscribe a tratados internacionales con respecto a las leyes conquistadas
» NO SOMOS UN INVENTO SUBJETIVO»

Mariano Cúneo Libarona, el actual Ministro de Justicia, leyó en la Cámara de Diputados de la Nación afirmaciones contrarias al marco normativo argentino: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos”

Pedimos que urgentemente se capacite a los ministros y ministras de la nación en legislación argentina:
1) Ley de Matrimonio Igualitario
2) Ley de Identidad de género
3) Ley Micaela
4) Ley Brisa,
entre otras.

Construyó su propia impunidad con el desmantelamiento del INADI y otras instituciones que defienden y protegen los DDHH en nuestro país. Por eso decimos: Cúneo Libarona no!

Mónica Fein: derechos humanos y feminismos exceden las identidades partidarias

Los feminismos han sido clave para la consolidación de la democracia. Sus luchas por la igualdad, por el reconocimiento de nuevos derechos y en contra de las violencias, se han expresado en construcciones colectivas consecuencia del diálogo en las calles y en las organizaciones. También en el Parlamento, donde la aprobación de leyes fundamentales se lograron gracias a formar alianzas estratégicas de mujeres de todos los espacios políticos. Porque los derechos humanos y los feminismos exceden las identidades partidarias.

Hoy vemos amenazados muchos derechos sociales consagrados en leyes y en la propia Constitución nacional: derechos a la salud, derechos sexuales y reproductivos entre otros, derechos conquistados por la diversidades. El ajuste llevado adelante por el gobierno nacional muestra su mayor crueldad contra las mujeres. Son las que sufren niveles de pobreza más altos que los hombres y son las que cargan mayoritariamente con las tareas de cuidado. Es peligroso el discurso y la práctica de odio del gobierno, de extremos irreconciliable orientados a atacar a los feminismos, a las políticas públicas reparadoras, niveladoras y al Estado como igualador.

LOS QUE NIEGAN LA AGENDA FEMINISTA Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Si le sumamos el desmantelamiento de las políticas públicas de género, la eliminación del Ministerio de las Mujeres -uno de los postulados de las “nuevas derechas” para reducir el Estado-, negando la agenda feminista mientras hay un femicidio en la Argentina cada 35 horas, estamos frente a un panorama desolador para todas.

Es importante entender que las asimetrías de poder y las cuestiones de género en las estructuras públicas requieren que las abordemos de forma profunda. Los violentos están en todos lados, porque así se produce culturalmente la masculinidad: violenta y cosificadora. No hay dónde no seamos violentadas por varones que se consideran con el derecho de disponer de nuestros bienes, nuestras decisiones, nuestras vidas.

Deposito mi esperanza en la política que lleve a la práctica los valores que hoy los argentinos y argentinas reclaman: la austeridad, la transparencia, el compromiso de asumir colectivamente el desafío de un cambio que es y era necesario, pero basado en un pacto social profundamente humano.

Las violencias de género existen en todos los ámbitos. Negar esta realidad es contribuir con la violencia, el machismo y la misoginia. Y esta complejidad requiere un Estado presente, que invierta en más y mejores políticas públicas para dar respuestas certeras y acordes ante una problemática creciente en lugar de desfinanciar y vaciar los espacios degradándolos discursivamente porque no cumplían su cometido. Hay que hacerlos eficientes, transparentes y no cerrarlos.

El país y el mundo se conmueven hoy por la denuncia pública por violencia de género contra un ex presidente. A la luz de los acontecimientos, hizo uso de sus funciones, influencias y poder para mostrar su lado más cobarde. Pero también son violentos los que están en el poder, se rasgan las vestiduras comentando en sus redes el caso, pero niegan la existencia de la violencia de género, desarticulando programas y políticas para prevenirla y proteger a las víctimas.

LA POLÍTICA COMO HERRAMIENTA PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

Desde el socialismo seguimos creyendo en la política como herramienta para transformar  la realidad. La política entendida como la participación y acción colectiva. Porque la salida siempre es con otros y otras.

Por eso deposito mi esperanza en la política que lleve a la práctica los valores que hoy los argentinos y argentinas reclaman: la austeridad, la transparencia, el compromiso de asumir colectivamente el desafío de un cambio que es y era necesario, pero basado en un pacto social profundamente humano.

El socialismo, como siempre lo hizo, acompañará y será parte de estos procesos para sumar, para construir, no para apropiarse de ninguna bandera, no para creerse con la verdad iluminada, sino para apostar al diálogo.  Creo en los feminismos este movimiento diverso y  poderoso que hoy denostan, que como lo viene haciendo va a seguir cambiándolo todo.

Fuente: La Vanguardia.

Venezuela: transparencia, paz e institucionalidad

Frente a la escalada de violencia, y ante la necesidad de dar transparencia al proceso electoral venezolano, es urgente que el CNE publique las actas electorales y se retome el diálogo democrático en el país.

Compartimos el comunicado de Alianza Progresista de las Américas: AQUÍ

Hay que dar vuelta la lupa

Nota de Opinión.

Es alarmante el claro ataque hacia el colectivo de personas con discapacidad. Es evidente que la caja de ANDIS les seduce y la necesitan para llevar adelante su plan de crueldad: que es acumulación de dinero para que los números les cierren a costa del hambre del pueblo.

Con este manto de sospecha que están haciendo, poniendo en tela de juicio todo y diciendo curiosamente que “solo el 7% cumplen con los requisitos establecidos” (fuente Infobae). Están diciendo con todas las letras -o números- el impacto del recorte, es decir 93% de las actuales PNC (pensión nacional no contributiva).

Al respecto, observo: ¿creen que el crecimiento en América Latina en estos últimos 20 años de este tipo de pensiones es casual? No, decididamente no, es un paliativo a la pobreza, las personas con y sin discapacidad necesitamos acceder al trabajo, a empleo, poder ganarnos nuestro sueldo con dignidad y no recibir una ayuda económica debiendo acreditar indigencia + incapacidad. Al día de hoy, y tal como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y leyes de más de 40 años en Argentina, debemos acceder al trabajo, así como a los apoyos y accesibilidad necesaria para poder realizarlo.

En este avasallamiento de derechos no se avizora horizonte de trabajo, sólo se ve injusticia y pobreza extrema. Vuelve el modelo de prescindencia… quieren prescindir de nosotros/as!

Esto mismo ocurrió en el Gobierno de Macri… De la mano del recorte en pensiones está la reducción del Programa Incluir Salud, que es quien financia el derecho a acceder a centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transporte, estimulación temprana, acompañantes terapéuticos, etc. a quienes cobran la pensión y que no tienen otra manera de resolverlo. Entonces esa gran caja que es hoy el Programa Incluir también sería tomada por ellos, ya que dicen que están mal otorgadas las pensiones… ¿Quién pasaría a cubrir todo eso? Las provincias… este desfinanciamiento recae directamente sobre los gobiernos provinciales, ya que los/as ciudadanos/as con discapacidad seguirán necesitando lo mismo que hoy y el gobierno nacional dice que es un curro…

ANDIS tiene además la gran caja de lo inherente a la «Ley de Cheques» (N° 25730) que son fondos para obras, transporte y equipamiento que «bajaba» a las organizaciones (públicas o privadas) que trabajan con personas con discapacidad, a través de programas muy bien instrumentados. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Qué digan por favor cómo llegará a impactar en las personas con discapacidad? Ya que eran políticas directas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas y son recursos destinados para ese fin.

Gabriela Bruno

Secretaría de Inclusión de las Personas con Discapacidad del Partido Socialista