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El inciso 3 del artículo 99 comienza prohibiendo lo que de inmediato autoriza: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” dice, para a continuación añadir: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.”

La propia inclusión de las materias vedadas habilita a legislar por medio de decretos sobre cualquier otro tema. Y, además, otorga al ejecutivo discrecionalidad para determinar qué es lo realmente “necesario y urgente”, en un país que vive de salto en salto, con lo que se terminó habilitando una vía para que gobierno tras gobierno emitieran cientos de DNUs, lesionando así la división de poderes y debilitando progresivamente el rol del Congreso.

El uso desmedido de los DNU a partir de la segunda mitad de la década del 90, que alcanzó un promedio de 30 por año durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa – índice triplicado durante el gobierno de Eduardo Duhalde – reavivó el reclamo ciudadano por el dictado de una legislación que los regulara y limitara.

Fue en 2006 cuando se aprobó la Ley 26.122 de “Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes”, autoría de la entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner Pero ese régimen, más que regular y moderar el uso de un instrumento reñido con los principios fundamentales de una democracia constitucional como la nuestra, tuvo por objeto más bien clausurar no solo los debates parlamentarios sino el fundamento mismo de la división de poderes.

Redactada bajo la convicción de que la mayoría del Senado sería siempre justicialista, la Ley 26.122 se convertía así en la llave que permitiría validar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia. A partir de entonces, un decreto de este tipo queda firme (sanción ficta) a menos que ambas cámaras del Congreso lo rechacen. Los DNUs se han convertido así en un mecanismo para legislar de espaldas a la pluralidad de voces que alberga el Parlamento.

Durante los años de gobierno de Cristina Fernández y de Mauricio Macri se moderó el uso de esta herramienta, pero algunos de los decretos dictados implicaron un grave ataque a la institucionalidad. La pandemia estimuló la práctica, que alcanzó su mayor uso en la presidencia de Alberto Fernández. Y aunque en los primeros meses del actual gobierno se volvió al promedio de los años 90, el dictado del DNU 70/2023, apenas asumido Javier Milei, es una prueba agravada de la peligrosidad del uso discrecional de la herramienta: con sólo un decreto se modificaron más de 300 leyes. No hay prueba más concluyente del modo en que esta práctica traiciona las bases mismas del espíritu constitucional.

Resulta por tanto imperioso discutir una vez más la regulación de los DNU para devolver al Congreso la preeminencia en la iniciativa parlamentaria y restablecer el equilibrio de poderes que reclama nuestra Constitución y necesita nuestra sociedad. Con ese objetivo, presentamos, junto con la diputada Mónica Fein, un proyecto de reforma del régimen legal de los DNU que busca limitar su dictado y acotar sus efectos.

Dicho proyecto elimina, en primer término, el concepto de validez ficta, al establecer que la falta de rechazo de cualquiera de las Cámaras valida la vigencia de los DNUs. La Constitución exige la inversión de ese criterio, por lo que el proyecto establece que tras 30 días de cumplidos los plazos formales de tratamiento, si ambas Cámaras no aprueban expresamente un decreto este queda derogado. El proyecto propone también modificaciones en la constitución e integración de la Comisión bicameral de trámite legislativo y el establecimiento de plazos más rigurosos para su tramitación en las dos cámaras.