El pasado 10 de diciembre asumió el Gobierno Nacional un nuevo Presidente, en medio de una profunda crisis que lleva más de una década, marcada por el estancamiento económico y la espiralización constante de la inflación.

Está claro, que la situación económica generada por el gobierno del Frente de Todos (ahora conocido como Unión por la Patria) era estructuralmente insostenible, productivamente nociva y socialmente dolorosa e injusta. Los desequilibrios estaban a la vista de toda la sociedad, y en parte, el nuevo gobierno asumió con la esperanza de superar esa difícil situación.

Pero para abordar las correcciones necesarias, este nuevo Gobierno ha anunciado la implementación de un programa de fuerte ajuste, que rememora el programa neoliberal que arrasó nuestro país en los 90, y que se plantea como la única alternativa posible ante la grave situación económica heredada.

Este abordaje supone llevar adelante un ajuste fiscal y cambiario muy poco novedoso en nuestra historia, que tiene como consecuencia una transferencia de ingresos de los sectores de ingresos fijos (asalariados/as y jubilados/as) a los sectores exportadores.

A su vez, la complementa con un profundo recorte del déficit público basado en el ajuste de jubilaciones, aumento de las tarifas de servicios públicos, incremento de impuestos a trabajadores y manufacturas del sector agropecuario, eliminación de la obra pública con fondos nacionales y de las transferencias no automáticas a las provincias.

Y se ha propuesto llevar adelante un cambio radical de régimen por medio del dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mientras demora la convocatoria al Congreso Nacional para dar tratamiento a las reformas priorizadas por el Ejecutivo en sesiones extraordinarias .

El Mega (DNU) de “desregulación de la economía” es claramente inconstitucional y muchas de las medias contenidas no justifican ni la necesidad ni la urgencia para que el Presidente evite el trámite parlamentario previsto en nuestro ordenamiento jurídico.

El instrumento deroga y/o modifica más de 300 normas, generando cambios en legislaciones en materia laboral, financiera y ambiental, deroga la ley de Alquileres desprotegiendo aún más a los sectores medios y bajos liberando a las fuerzas del mercado las relaciones entre desiguales (empleadores y empleados – propietarios e inquilinos) y liberaliza la política tarifaria en diversos sectores sensibles (alimentos y salud entre otros).

Este DNU implica un riesgo institucional de proporciones altamente preocupantes, y constituye una amenaza al Congreso de paralizarlo y desconocer la voluntad popular diversa representada en ambas Cámaras.

Desde el Socialismo, exigimos al Presidente Javier Milei el urgente retiro del Decreto en cuestión y su reemplazo por el trámite parlamentario constitucional, por medio de la presentación de uno o varios proyectos de ley a ser tratados en Sesiones Extraordinarias.

Más allá de las posibles diferencias con el contenido de varias de las medidas anunciadas, creemos que sólo sobre la base del respeto a la institucionalidad y a los mecanismos previstos en la República, se podrán sentar las bases para la recuperación de la economía y la superación de la actual crisis.