El Partido Socialista rechaza la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno Nacional porque constituye un claro retroceso en la protección ambiental alcanzada en nuestro país. No está en debate solo una norma, sino la decisión política de proteger o debilitar una reserva hídrica estratégica para el presente y el futuro de la Argentina.
La discusión no se reduce en cuántos kilómetros cuadrados quedan bajo una categoría u otra, sino en la responsabilidad del Estado de resguardar el agua como bien común. Los glaciares son reservas fundamentales de agua dulce y cumplen una función ambiental esencial. Debilitar su protección en nombre de una supuesta atracción de inversiones implica asumir riesgos irreversibles.
Desde el Partido Socialista hemos sostenido históricamente una posición firme en defensa del ambiente. Fuimos parte activa del debate y sanción de la Ley de Glaciares en 2010, convencidos de la necesidad de proteger nuestro patrimonio natural con reglas claras y zonas expresamente resguardadas. La actividad productiva no se detuvo por esa normativa; por el contrario, ganó previsibilidad y redujo la conflictividad. Presentar esta reforma como garantía de “seguridad jurídica” resulta engañoso, debido a que bajar estándares ambientales puede generar más conflictos, más litigios y mayor incertidumbre, incluso frente a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
No se trata de elegir entre producción y ambiente, sino de definir qué modelo de desarrollo queremos. El Partido Socialista sostiene un camino de desarrollo sostenible, con reglas claras que cuiden el agua y potencien el desarrollo económico local y regional priorizando el interés colectivo por sobre cualquier presión coyuntural. El agua es un derecho y un bien común que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras